La avioneta es un punto en el cielo. Se acerca, cobra forma y aterriza en un campo. En menos de cinco minutos el piloto arroja unos bultos, cierra la puerta y despega. La filmación de esa secuencia se encontró en una notebook secuestrada a Esteban Alvarado en 2012. Es parte de una investigación iniciada al año siguiente por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que detectó las conexiones del empresario con el negocio de las drogas, diez años antes de que el empresario llegara a juicio en la provincia por dirigir una asociación ilícita. De eso dio cuenta el oficial Emilio Lencina al declarar ayer en el Centro de Justicia Penal sobre el contenido de esa pesquisa que, por razones desconocidas, en la Justicia Federal no prosperó.
Lencina declaró con solvencia en el juicio que desde hace un mes se les sigue en la provincia a Alvarado y a otras seis personas acusadas de integrar una banda que financiaba empresas con actividades delictivas, dos casos de homicidio y maniobras de lavado. El oficial contó que, a partir de la denuncia de un testigo reservado, se realizaron seguimientos en terreno, informes patrimoniales y de movimientos migratorios que diez años atrás evidenciaron la trama de conexiones y la cobertura policial al clan.
A lo largo de tres horas repasó nombres, vínculos, escuchas, conexiones y bienes de lo que en aquella investigación ya se evidenciaba como una consolidada organización de narcotráfico. La información fue volcada en 14 informes que elevó a lo largo de tres años al fuero federal. Pero la pesquisa quedó congelada. En cuatro ocasiones a lo largo de un año fueron rechazados los pedidos del investigador para intervenir teléfonos de Alvarado, por entonces preso como el jefe de la banda de “Los Rosarinos” que desguazaban autos de alta gama robados en el conurbano bonaerense.
Con el correr de la década, en medio de una violenta escalada delictiva que sembró de muertes la ciudad, recién el crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018 y una serie de balaceras a edificios judiciales corrieron el velo sobre la sofisticada banda de “El Esteban”. Que el 2 de febrero de 2019 fue capturado en la provincia de Córdoba por orden de fiscales provinciales.
En el ámbito federal fue llamado a indagatoria por primera vez diez meses más tarde. Hace dos semanas comenzó a ser juzgado en paralelo en los Tribunales de bulevar Oroño al 900 por organizar el traslado de 494 kilos de marihuana incautados en Río Negro en noviembre de 2017. Una causa que ya tenía cuatro hombres condenados.
La denuncia
El 9 de abril de 2013 _cuando faltaba poco más de un mes para que asesinaran al jefe de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero, en el año con tasa récord de homicidios_ un testigo de identidad reservada con pasado en la fuerza policial se presentó en la Fiscalía Federal 1. “Vengo a denunciar una banda que vende drogas con la policía”, dijo. Mencionó a la sociedad de Alvarado _por entonces preso en una cárcel bonaerense_ con el empresario Luis Medina, quien sería asesinado de 18 balazos junto a su novia el 29 de diciembre de ese año en el acceso Sur de Rosario.
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La denuncia brindaba nombres de civiles, funcionarios como la ex secretaria de Delitos Complejos de la provincia Ana Viglione y su subsecretario Andrés Ferrato; y uniformados como Juan "Chavo" Maciel quien revestía en la misma repartición del Ministerio de Seguridad. Asimismo distinguía de primeras a terceras líneas e identificaba puestos de venta de drogas. La investigación fue delegada a la PSA, donde Lencina había asumido ese año como jefe de la Unidad de Delitos Complejos con asiento en Rosario. El caso fue remitido al juez Carlos Vera Barros, que se declaró incompetente por turno y lo giró a su par Marcelo Bailaque. Este a su vez lo delegó en el fiscal Marcelo Degiovanni, jubilado hace cinco años, quien ayer declaró en el juicio con un vago recuerdo de la causa.
La pesquisa policial duró más de tres años. Lencina en ese lapso remitió informes y solicitó reiteradas veces que le autorizaran escuchas a Alvarado, a quien por entonces definió como “cabeza de una organización criminal ya no para el robo de vehículos de alta gama sino para el tráfico, acopio y distribución de estupefacientes”. Alegando falta de motivación, Bailaque rechazó el pedido por primera vez en diciembre de 2014, luego en febrero, marzo y octubre de 2015 y finalmente lo aceptó en noviembre de ese año.
La Brigada de Judiciales
Uno de los puntos sobre los que echó luz el testimonio de Lencina fue el de unas misteriosas escuchas a las que fue sometida entre mayo y septiembre de 2013 la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ) de la policía provincial, la repartición que ese año encarceló a la banda de Los Monos. Esas escuchas a sus integrantes, uno de ellos condenado por proteger a Alvarado, se conocieron durante el juicio a la banda de zona sur. Pero nunca se supo quién ni por qué escuchaba en las sombras a quienes dirigían la investigación más sensible del momento en la provincia.
Lencina dijo que esas escuchas a Ariel Lotito, Luis Quevertoque, José Luis Ramonda y Germán Almirón se ordenaron en una causa conocida como “imputado Pájaro”, sobrenombre que en este caso no alude a Cantero, iniciada tras la fuga de un preso federal. De conversaciones entre los policías surgió la conexión de Alvarado con Quevertoque, condenado en un abreviado a 3 años de prisión por integrar la banda. Lencina mencionó una escucha _luego reproducida en la sala_ en la que empleados del BOJ comentan que Medina residía por entonces en Buenos Aires pero “bajaba” cada quince días a Rosario a pagar la protección policial. Una maniobra que uno de ellos pretendía filmar.
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El oficial se explayó sobre la relación constatada entre este policía y Adolfo Aurelio Tanzi, dueño de camiones y transportista definido como una suerte de intermediario o gestor en negocios de drogas, a quien “asistía y protegía” en el traslado de sustancias ilícitas. Según dijo, “lo que hacía Tanzi era juntar al proveedor y al comprador, a la vez era la persona que tenía los contactos con Corrientes”.
Sostuvo que Tanzi actuaba como el “puntero” que iba delante de una carga de drogas para informar si el camino estaba despejado. En las escuchas, dijo, “queda muy claro” cómo Quevertoque le iba indicando dónde había controles. También deslizó que el ex subjefe de la Brigada disuelta en abril de 2014 compartía en sociedad con Alvarado un caballo de carrera llamado “Cascarudo” que corría en los principales hipódromos del país.
Las avionetas
“A las avionetas les sacan los asientos. Vuela el piloto solo y lleva tanques suplementarios para que tengan más autonomía”, explicó Lencina sobre los vuelos irregulares con carga de estupefacientes que cubren la ruta de Paraguay a Santa Fe. En la sala se exhibió la filmación del veloz aterrizaje, descarga y despegue de una aeronave con droga. El video se encontró en una notebook secuestrada en el allanamiento a una casa de calle Tarragona al 800 donde se encontraba la ex pareja de Alvarado. El procedimiento fue el 3 de agosto de 2012, cuando Esteban fue detenido por orden del fiscal de San Isidro Patricio Ferrari en la causa por robo de autos.
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Junto a fotos de vehículos _y videos de Alvarado con su pareja y su hijo conduciendo en ruta a más de 200 kilómetros por hora_ se encontró la filmación del descenso de una aeronave. Fue tomada con un celular Blackberry desde adentro de una camioneta que la esperaba en un camino rural. “Se observa el sobrevuelo del avión que aterriza. Tira unos bultos, cierra la puerta, acomoda la aeronave y decola”, describió la imagen Lencina. Quien la filmó en un momento dejó apoyado el celular dentro del auto y esto dejó al descubierto el número de identificación del parabrisas. Así se pudo determinar la patente del vehículo, una Hilux que estaba a nombre de Jorge Antonio Benegas, condenado a 5 años de prisión como mano derecha del líder.
Las visitas
Ante el tribunal, el oficial pasó lista de informes detallados con fotografías y flujos de flechas de quienes visitaron a Alvarado mientras estuvo preso por robo de autos, primero en el penal de Campana y luego en Urdampilleta. Entre ellos figura Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, condenado por el atentado de octubre de 2013 a la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti y asesinado seis años después, en octubre de 2019, por un grupo comando cuando cumplía arresto domiciliario en una casa de La Florida.
Según esos registros, Sandoval visitó a Alvarado en la cárcel días antes del atentado al ex gobernador. Con posterioridad el fiscal Ferrari ordenó un allanamiento a su celda y se detectó que tenía tratamiento VIP tras las rejas: había un televisor, una PlayStation, un DVD, aire acondicionado, freezer y diez celulares. “No era una celda sino una oficina”, dijo Lencina, y planteó que desde allí Alvarado ordenaba quién debía ir a visitarlo o daba instrucciones como la que su hermano le transmitió en una ocasión a la ex esposa de Lindor: “Prepará la isla porque va a ir gente del Esteban”.qu
