Lunes 10 de Febrero de 2020
El 9 de abril de 2013 un testigo de identidad reservada con pasado uniformado se presentó en la Fiscalía Federal Nº 1 en Oroño al 900 y esperó que lo llamaran. No se demoró en rodeos cuando lo atendieron. "Vengo a denunciar a una banda que vende drogas con la policía". Hizo referencias a varias personas pero se detuvo centralmente en Luis Roberto Medina. Lo señalaba como el narco más grande de Rosario y afirmaba que vendía droga con el auspicio de la policía provincial.
El texto mencionaba las direcciones de siete locales de venta, zonas de distribución del negocio, identidades de vendedores medianos y asesinos por encargo. Nombraba como sicarios principales de la droga a Luis Pollo Bassi, José Arandia Chinen alias "el negro José" y afirmaba que el prestamista asesinado en noviembre 2018 Lucio Maldonado era del grupo. Como dato decisivo aportó que el socio principal de Medina era alguien que estaba preso en una cárcel de Buenos Aires. Su nombre era Esteban Lindor Alvarado.
Trabajo de campo
La investigación le fue delegada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A partir del momento que la recibió el jefe de esa fuerza en Rosario elevó 14 informes a la Justicia Federal que sobresalen por detalles notables acumulados en trabajo de campo. Con ellos se completó un expediente de nueve cuerpos en el que se destacan, de manera notable, las conexiones de Alvarado con el negocio de las drogas. Allí queda claro quién era y a qué se dedicaba Alvarado. También se nombran personas que, siete años después, terminarían presas a instancias de la Justicia provincial por integrar la asociación ilícita de Alvarado. La PSA confeccionó desde cinco años antes planillas donde constan sus nombres, datos personales, actividades, lugares de movimiento usual, informes migratorios y fotografías.
En la Justicia Federal de Rosario surgió a partir de eso en dos años un legajo de 1.800 páginas sobre una organización de narcotráfico de robustos vínculos policiales, explicitados por otra parte, en momentos en que una violencia criminal difícil de descifrar pintaba la ciudad de marcas sangrientas. Había allí indicios claros de la organización criminal de Alvarado como para avanzar en su persecución. Pero la Justicia Federal, por razones que nadie conoce, no lo hizo. Al repasar los nombres que dio la PSA se nota un destino común para buena parte de ellos: o presos por la Justicia ordinaria o asesinados.
El mayor valor que tiene la causa federal 5433/2013 es que dejaba al desnudo, por primera vez en un ámbito oficial, la existencia de una relación estrecha entre Medina y Alvarado. La mayor incógnita es por qué a esa pesquisa la dejaron congelada. Su inicio se produjo ocho meses antes de que a Medina lo acribillaran con 18 balazos junto a su novia en el acceso Sur el 29 de diciembre de 2013. Para entonces hacía siete meses que Alvarado estaba preso en la cárcel de Campana como jefe de una banda de ladrones de autos de alta gama.
En el arranque del expediente figura que Luis Medina era el mayor narcotraficante de Rosario y que su socio era Alvarado quien era su presunto proveedor. El fiscal Marcelo Degiovanni pidió al juez Carlos Vera Barros la instrucción del caso. Este se declaró incompetente por la fecha de la denuncia y el legajo recayó en el juez Marcelo Bailaque quien delego la investigación de Degiovanni. Este a su vez le pasó la pesquisa a la PSA.
El que se encargó de aquella investigación de Alvarado en Rosario, el comisionado Maximiliano Lencina, fue designado la semana pasada titular del Centro de Análisis Comando y Control de la PSA, uno de los cargos más encumbrados de esa fuerza de seguridad.
Cómo ser invisible
Los informes que redactó Lencina sobre Alvarado desbordan de datos documentados: nombra a sus sicarios, sus agentes comerciales, sus lazos con el universo criminal y muy en especial lo que durante más de una década lo volvió invisible: sus estrechas relaciones con la policía santafesina.
La denuncia inicial destacó siete puntos de venta o búnkeres. El equipo de Lencina solo detectó actividad en uno pero a partir de seguimientos hubo identificaciones y se obtuvieron líneas de teléfonos. Se hicieron informes del entorno de Medina. Supieron que cuando en septiembre de 2013 fue detenido David Delfín Zacarías, con un laboratorio de cocaína en Funes, Alvarado fue alertado de eso por mensaje de texto. El gran impulso a la pesquisa provino del secuestro de un celular Blackberry 9810 que usaba Alvarado en la cárcel de Campana. Allí afloró su agenda de contactos y sus relaciones comerciales.
El grupo de la PSA detectó que el grupo cargaba bidones y barriles con combustibles para abastecer avionetas a partir de una foto almacenada en el celular de Alvarado. Allí aparecía una fotografía de una camioneta Hilux que fue identificada trabajosamente. Se supo que ese vehículo tenía una autorización para manejar concedida a Valeria Nasca y Jorge Benegas. Hoy los dos están imputados por fiscales provinciales como miembros del grupo de empresas ilícitas de Alvarado. El que aparece en la camioneta que trasladaba los bidones con gasolina es Luis Benegas, hermano de Jorge. A su vez un hermano de Alvarado fue condenado en 2009 a ocho años de prisión por la Justicia Federal de Córdoba por pertenecer a una banda que trasladaba droga desde Paraguay en una avioneta Cessna 210 a una estancia en la localidad de Las Arrias dos años antes. En la sentencia a Ramos, observa la PSA, ya se menciona a Alvarado por trabajar con él.
La sociedad
En ese informe de la PSA del 1º de junio de 2015 se deja constancia de que el grupo de Alvarado utilizaba diversos vehículos de alta gama. Que Alvarado y Medina "junto a sus entornos se encuentran relacionados con maniobra delictivas reprimidas" por la ley de drogas "sumado a que ostentan un patrimonio y manejo de bienes muebles e inmuebles que no condicen con su calidad de monotributistas".
También se alude a la conformación de distintas empresas comerciales, a la conexión y connivencia policial, a la "vinculación que existía entre la policía de Santa Fe y Luis Medina de donde sale a la luz cómo el personal de la División Judiciales de la Unidad Regional II le comunicaban al investigado los futuros procedimientos que se iban a realizar”. Consigna el informe de Lencina que la relación con Alvarado la mantenía el comisario Luis Quevertoque, quien formó parte del grupo policial que investigó a Los Monos en 2013.
Transporte de mercaderías
Quevertoque está preso como miembro del grupo de Alvarado y niega fervientemente esa relación. Pero la relación que se le prueba a Quevertoque es con Adolfo Tanzi, dueño de camiones y tranportista de mercadería. Un informe del 20 de mayo de 2014 expresa que Quevertoque “asistía, protegía y controlaba” a Adolfo Aurelio Tanzi para que este transporte alguna sustancia ilícita con un vehículo. “Dicha maniobra se llevaba adelante mediante la información que Quevertoque le suministraba sobre los controles de prevención que existían en Rosario”.
Esto significa, según la PSA informó a la Justicia Federal, que el comisario le proponía caminos alternativos seguros para eludir aquellos donde hubiera retenes policiales. Quevertoque en una audiencia provincial dijo que hacia trabajo de custodia para Tanzi, de quien es amigo, y que desconocía la mercadería que trasladaba. Adujo también no ser cuñado de Alvarado, como se adjudicó, y que en realidad él lo estaba investigando.
Los fiscales provinciales no le creyeron: señalan que tenía asignada una línea perteneciente a una flota de teléfonos de Tanzi, que es interceptado hablando con Gustavo Suárez sobre un transporte de drogas frenado por la Policía Metropolitana en la autopista Rosario-Santa Fe con tres toneladas de marihuana.
Eso se consignó a la Justicia Federal en 2015 pero no hubo ningún avance. En 2019 Quevertoque fue imputado por la Justicia provincial por estos vínculos con Alvarado. Los fiscales señalaron como curiosidad que el comisario compartía con Alvarado en sociedad un caballo pura sangre, “Cascarudo”, que corría en los principales hipódromos del país.
En el mismo informe la PSA indica que las personas que recibía Alvarado en la cárcel de Campana eran parte de su sociedad comercial. Que estas personas tenían camiones a nombre de su esposa, Rosa Capuano, Nasca y Benegas y que utilizaban vehículos de alta gama. También se hace constar la declaración del subcomisario bonaerense Cristian Magnoli que refirió que el dinero obtenido por la banda “se blanquea a través de la compra de distintos inmuebles mediante el ocultamiento de su verdadero propietario, Esteban Alvarado, utilizando para ello a Rosa Capuano”. También señala a David G. como la persona “comisionada a diario por Alvarado para la compra de drogas en el mercado negro, advirtiéndose compras periódicas y a veces diarias de entre 10 y 15 mil dólares.
Otro detalle consignado es que el contacto común entre Alvarado y Medina era Jonatan Previtera, un joven que estuvo el año pasado imputado por un accidente de tránsito en el que ocasionó una muerte, hecho del cual quedó sobreseído por prescripción del plazo para juzgarlo.
“Estupefacientes a Rosario”
El 23 de diciembre de 2014 otro de los informes de la PSA indicó que según un CD de escuchas telefónicas, Jorge Benegas y Esteban Alvarado mantenían comunicaciones “en las que aluden a un masculino apodado «la Tota»” que sería la persona que tomó contacto junto al comisario Quevertoque con los investigados Tanzi y Suárez para organizar un traslado de estupefacientes a Rosario”.
Algo que se advierte en el expediente es que el comisionado Lencina de la PSA solicitaba al fiscal Degiovanni continuar con las intervenciones telefónicas . El fiscal las solicitaba, por ejemplo el 23 de diciembre de 2014, pero los fundamentos no conformaban al juez federal Marcelo Bailaque que no concedía las prórrogas porque las circunstancias que hacían nacer las sospechas, señalaba, no se expresaban adecuadamente. Tras ocho meses de interceptaciones denegadas Bailaque volvió a concederlas con la contrariedad de la PSA que lamentaban haber perdido un tiempo importante. El juez ha señalado en varias ocasiones que para suspender garantías necesita pedidos bien sustentados.
Entre los informes de PSA aparecen situaciones notables. Una de ellas es una escucha de 29 de junio de 2012 en la que Alvarado le cuenta en detalle a Carlos Carmona, uno de los condenados con él por robo de autos en Buenos Aires, que le había pagado a policías de Rosario, gracias a sus contactos, para que liberaran a dos personas allegadas detenidas por el Comando Radioeléctrico. “Me sacaron un tortón por los pibes de zona norte, el Dari y un primo de él”. Las dos personas a las que aluden fueron señaladas como sicarios de Alvarado. Y las dos serían, años después, brutalmente asesinadas. Uno es Darío Fernández, apodado “Oreja”, que la noche del 28 de noviembre de 2015 apareció con un balazo en la cabeza en un baldío de Barrio Rucci, cuando tenía 22 años. El primo es Ema Pimpi Sandoval, condenado como ideólogo del atentado a balazos a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013, a quien asesinaron en noviembre pasado en una casa de La Florida, en un hecho de triple homicidio.
Un momento semejante ocurre el 22 de junio de 2012 cuando Alvarado habla con su abogado, Claudio Tavella, para indicarle que se llevaron preso a su cobrador, David G. Lo detiene la TOE cuando David G —dice Alvarado— llevaba 58 mil pesos para comprar 10 mil dólares. La TOE derivó al detenido a la comisaría 14ª. Alvarado cuenta en esa charla que David G. “andaba en la chata del gordo Lucio (Maldonado)” en el momento de la detención. El que “arregla” el contratiempo es Cristian Di Franco, comisario actualmente preso, al que acude Alvarado para ayudar a su ladero en problemas. “Ya está amigo, me dijo que fue con 58 lucas, ahí hablo con el jefe, pasa los trámites que tiene que hacer y lo larga enseguida”, le dice Di Franco a Alvarado.
Que desde 2013 había indicios explícitos de narcotráfico para avanzar contra Alvarado en la Justicia Federal y no se hizo es una idea endurecida en pasillos de los tres poderes en Santa Fe. La primera indagatoria a la que lo llamaron fue en diciembre pasado.
Seis domicilios
En el cuerpo VIII del expediente abierto en 2013 en la Justicia Federal consta un informe de relación entre Luis Medina y Alvarado. Allí figura que hay seis coincidencias en domicilios de facturación. En el cuerpo VI figura información sobre Lucio Maldonado, por cuyo homicidio está imputado Alvarado.
