El deterioro por la falta de respuestas del gobierno nacional se explica tanto por los testimonios de docentes como por las cifras: caída de un 45,6% de las transferencias a las universidades públicas desde el 2023 a la actualidad y un piso histórico de representatividad de la partida en el presupuesto nacional (0,4%). Actualmente, más del 60% de los docentes públicos universitarios de todo el país cobran menos de $600.000 por mes, con casos de profesores que están en su etapa inicial que perciben alrededor de $200.000 mensuales.
Aun en este contexto adverso, la universidad pública sigue atrayendo, tanto por su gratuidad como por su formación: hubo récord de preinscriptos este año (hasta 2023 hubo un promedio de 20 mil estudiantes nuevos por año, pero este año superaron los 35 mil). Con estos números a favor, no es reconocida como se debe, indicó a La Capital Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La máxima autoridad universitaria de Rosario resaltó que las pocas veces que obtuvieron respuestas por parte del gobierno nacional fueron "tenues" y que se dieron tras las manifestaciones masivas (dos en 2024 y otras dos el año pasado) en defensa de la educación superior pública: "No fueron respuestas estructurales porque, si no, no estaríamos en este punto. Es insólito que haya que llegar a esto para que las respuestas aparezcan, habiendo hecho todo el recorrido institucional posible".
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El presidente del CIN afirmó que se necesita una recomposición salarial del 50% "para volver al punto inicial" de la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario: "Hoy, lo más angustiante es la situación de docentes y no docentes que requieren una recomposición porque todos los meses siguen perdiendo con la inflación. No se pide un trato privilegiado para trabajadores de la educación superior en un contexto en el que muchos sectores la están pasando mal, pero sí un salario digno por la tarea que realizan, que es hacer todo lo necesario para que el país tenga buenos profesionales formados por la universidad pública".
Ley legitimada varias veces
La ley de financiamiento universitario se convirtió en una bandera para intentar recomponer las partidas destinadas a salarios y gastos de funcionamiento. Un mecanismo inédito ante una situación límite: la prórroga durante dos años consecutivos del presupuesto nacional y un desfase en torno al 50% de los ingresos, que impactó en gastos de funcionamiento y en salarios. Para llegar a esa instancia, las universidades tuvieron que acudir al Congreso tras no ser escuchados por el gobierno nacional. "Seguimos todos los caminos institucionales", recordó Bartolacci.
En primera instancia, tras reuniones infructuosas con el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, presentaron ante el Congreso el proyecto de ley de financiamiento universitario para recomponer las partidas que no se actualizaron tras la prórroga del presupuesto 2023 durante los períodos 2024 y 2025. La ley fue aprobada por amplia mayoría tanto en Diputados como en Senadores, para luego ser vetada por el presidente Javier Milei. El rechazo al veto, tratado por el Congreso, obtuvo más votos que los que consiguió la sanción de la normativa.
Diputados festejan el rechazo al veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario.
A pesar de eso, el gobierno nacional siguió en su postura: el proyecto para el presupuesto 2026 que envió Milei al Congreso incluía un artículo que derogaba la ley de financiamiento universitario, ítem que fue rechazado por los legisladores y fue excluido del texto final, que fue aprobado.
El incumplimiento del gobierno obligó a la CIN a recurrir a la Justicia, que le dio la razón a las universidades en dos ocasiones. En el medio, el organismo que nuclea a las universidades nacionales presentó una medida cautelar para que se apliquen los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario, que habilitan la actualización de salarios y becas estudiantiles. Sin embargo, a finales de abril el juez de 1ª instancia Martín Cormick suspendió su aplicación, casi un mes después de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se mostrara a favor del recurso presentado y dos semanas después del per saltum presentado por el gobierno. La decisión del juez Cormick fue apelada por la CIN, pero la Cámara concedió el recurso extraordinario al gobierno nacional y dejó en suspenso la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario. Ahora, la discusión quedó encaminada hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el oficialismo ganó tiempo para evitar, al menos por ahora, el desembolso de fondos destinados a salarios docentes, becas estudiantiles y funcionamiento de las universidades.
"Debe haber pocas leyes en la historia argentina con tanta legitimidad como esta. Fue debatida y sostenida en múltiples ocasiones, pero no se aplica, algo que es responsabilidad del Poder Ejecutivo", expresó Bartolacci. Ya van alrededor de 200 días sin que se cumpla la ley.
La marcha federal universitaria de octubre del 2024 fue una de las más masivas.
Leonardo Vincenti / La Capital
La inversión actual en universidades nacionales está en su piso histórico, explicó el rector: representa el 0,4% del presupuesto nacional, algo que tampoco podría revertirse en caso de que se aplique la ley sancionada ya que el porcentaje se incrementaría a un 0,6% y se seguiría "en el punto histórico más bajo".
"Estamos más bajos en inversión en educación superior que el resto de los países de América Latina, que no tienen un sistema universitario público tan robusto como tiene Argentina. Ni hablar de países desarrollados, que todos invierten del 2% (del presupuesto) para arriba. No es que sean más generosos sino que saben que es estratégico invertir en esto para crecer. Si Argentina quiere resolver sus problemas estructurales, tiene que seguir invirtiendo en educación pública y en ciencia", agregó Bartolacci.
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Y sumó: "Somos reconocidos en todas partes por nuestro sistema universitario, es parte de las cosas buenas que hace el país. Es insólito que quieran socavar la legitimidad y prestigio de la universidad y del sistema científico, porque esto no es sólo el desfinanciamiento sino toda una campaña de desconsideración".
Pérdida de recursos humanos
La renuncia de profesores en la UNR no son sólo puestos laborales que quedan vacantes sino experiencias, formación y recorridos de docentes que cuesta suplir, reconoció Bartolacci, además de otros profesionales que deciden seguir sus carreras laborales en la universidad pública pero tienen que multiplicar sus horas de trabajo en otras instituciones.
"Es desgastante y muy injusto el destrato de las autoridades nacionales para con la comunidad universitaria. El Poder Ejecutivo, lo mínimo que debería hacer, es agradecer y reconocer a la comunidad científica que, en condiciones tremendamente precarias, todos los días sigue haciendo un esfuerzo fenomenal para intentar sostener lo que pasa en el ambiente universitario. No sólo no agradece ni reconoce, sino que destrata permanentemente a esa comunidad", manifestó Bartolacci.
Ciencia en riesgo
Existe una estrecha relación entre las universidades y la ciencia nacional: siete de cada diez proyectos científicos en el país se desarrollan en el sistema universitario público, graficó Bartolacci, quien advirtió que el problema en este sector "es mucho más grave".
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La pérdida de profesionales y la interrupción de investigaciones son los dos grandes problemas que atraviesa hoy la ciencia nacional. "Prácticamente, todas las líneas de financiamiento de proyectos están cortadas", aseguró el rector de la UNR, para agregar que no se están manteniendo equipos ni áreas de investigación importantes, que requieren una inversión constante para su preservación.
"Son conscientes de la situación. La particularidad de este tiempo es que tenemos que estar gestionando permanentemente ante autoridades que no creen que el Estado tenga que destinar un sólo recurso a estas cosas. A esta altura, es casi un capricho del Poder Ejecutivo", expresó. Bartolacci puntualizó, además, que el Poder Ejecutivo, en sus dos años y medio de mandato, no presentó ninguna propuesta para reformar el sistema.
El rector remarcó que la decisión del gobierno de no cumplir con una ley aprobada y legitimada por partida doble tras el rechazo al veto por el Congreso representa un peligro, no sólo para el sistema universitario sino para la sociedad: "Hoy para con la ley de financiamiento, después con la de discapacidad y, después, con cualquier otra ley".
Ciencia. El Conicet tiene congelado su presupuesto al 2023.
El camino institucional que mencionó Bartolacci continúa, pero la situación es cada vez más delicada: "Necesitamos que aparezca alguna respuesta urgente. El sistema universitario se va apagando lentamente".
"Nunca fui alarmista en las declaraciones, porque soy consciente de que hay pibes que depositan sus sueños en la universidad y hay familias que hacen esfuerzos para eso. Si hubiera razonabilidad, el fallo judicial abrió una puerta que a todos nos permite dar un paso a un escenario distinto. Pero eso exige vocación de diálogo y reconocimiento de la situación para poder solucionarla, que es lo que no demostró el Poder Ejecutivo hasta el momento", expresó Bartolacci, y agregó: "Tengo la expectativa de que cambie. Si no es por convicción, que sea por leer correctamente lo que reclama la sociedad argentina".
