El juez Juan Andrés Donnola se declaró incompetente para resolver la revisión de la medida cautelar que iba a presentar ayer Ramiro Rosales, el único policía preso por el crimen de Jonatan Herrera. La audiencia fue pedida por la defensa de la víctima a fin de que el joven de 26 años acceda a salidas laborales. Pero la Fiscalía y las querellas se opusieron a que fuera Donnola quien resolviera el pedido, que no llegó a ser planteado. El juez consideró que la cuestión debe ser resuelta por el Tribunal que falló en el juicio y condenó al policía a seis años y medio de prisión.
La audiencia se realizó ayer con el fin de solicitar que el policía condenado por el homicidio culposo de Herrera saliera algunas horas diarias de la cárcel para realizar tareas administrativas en un estudio jurídico. Según detalló el defensor Mariano Buffarini, hace cuatro meses el joven condenado fue padre y necesita un ingreso. Pero la situación no llegó a exponerse en la audiencia.
Tanto el fiscal Adrián Spelta como los representantes de las querellas (Gustavo Feldman por la pareja de Herrera y Santiago Bereciartúa por la mamá) consideraron que no le correspondía a Donnola resolver sobre esa cuestión porque había actuado en las primeras etapas de la investigación de la causa, que luego fue a juicio oral. El planteo fue que las cuestiones referidas a la medida cautelar debía ser resuelta por ese tribunal de primera instancia (Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón) o el de Cámara (integrado por Georgina Depetris, Javier Beltramone y Bibiana Alonso) que revisó las condenas.
Buffarini se opuso al planteo. "No hay obstáculos para que sea cualquier juez (el que resuelva) porque esto no tiene que ver con el fondo de la cuestión, sino que se tiene que analizar la peligrosidad procesal", es decir, si existe o no riesgo de fuga en las salidas, dijo el abogado.
Pero Donnola coincidió con la postura de la Fiscalía y las querellas y se declaró incompetente para revisar la medida cautelar que pesa sobre Rosales, preso desde enero de 2015.
El caso
Herrera tenía 22 años cuando lo mató una bala policial el 4 de enero de 2015. En realidad, una de las dos que gatillaron policías y le dieron en la cabeza y el abdomen. El joven lavaba su auto frente a su casa de pasaje Villar y Ayacucho, cuando quedó en medio de una persecución. Jonatan se escondió detrás de un árbol y los policías Miguel Iturres, Milagros Rodríguez y Gladys Galindo bajaron de un patrullero del Comando y dispararon. Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, entonces flamantes agentes de la PAT, iban en un ómnibus de la línea 133 y bajaron a sumarse al operativo. Entre los siete policías hicieron más de 50 disparos.
A juicio llegaron cinco efectivos: los cuatro agentes de la PAT y Galindo. En abril de 2017 la agente del Comando, con pedido de perpetua por homicidio calificado por abuso de armas y función policial, fue absuelta. Rosales, de la PAT, acusado del mismo delito por efectuar el tiro que impacto en el abdomen del joven, recibió 6 años y medio de cárcel por homicidio culposo, es decir, sin intención. Los otros tres agentes fueron condenados a 3 años y medio por abuso de armas.
En octubre de 2017 la Cámara Penal confirmó la condena de Rosales y redujo las condenas de los otros, que pasaron a ser de cumplimiento condicional. Así, el único que quedó preso fue Rosales. Hoy la causa se encuentra en la Corte Suprema luego de que las querellas presentaran un recurso de inconstitucionalidad que aún no fue tratado.
