Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en el peaje de General Lagos

Once gendarmes del escuadrón de Arroyo Seco fueron imputados por la Justicia federal de integrar una asociación ilícita para apropiarse de cargamentos de contrabando de hojas de coca que incautaban en el peaje General Lagos de la autopista a Buenos Aires y venderlas. Una mujer fue acusada por comprarles parte de la mercancía.

Las imputaciones fueron formalizadas ante el juez federal de garantías de Rosario Eduardo Rodrigues Da Cruz en una audiencia en la que los fiscales de Investigación y Litigio de Casos Complejos y de la Oficina de Narcocriminalidad expusieron las acusaciones y las evidencias, además de pedir medidas cautelares y embargos para los sospechosos.

Acusados de apropiarse de cargamentos de hojas de coca a granel entre enero y mayo del año pasado, los agentes —miembros del Escuadrón 46 Sección Seguridad Vial Arroyo Seco— fueron imputados por los fiscales Franco Benetti y Matías Mené como coautores de asociación ilícita, cohecho pasivo, además de encubrimiento de contrabando por no haber denunciado los hechos a los que estaban obligados en su carácter de funcionarios públicos. La atribución obedece a al menos una docena de hechos por un total de 1.144 kilos de hojas. También los acusaron de recibir coimas.

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Los acusados fueron identificados como Humberto R., Jorge B., Andrés G., Esteban B.M., Fabián P., Francisco V., Juan S., David B., Norberto C., Marcos Antonio B. y Enzo Gastón N.V. Este último, a quien se le adjudica un “rol preponderante”, ya se encontraba en disponibilidad por haber realizado operativos falsos un día de 2024 en el que se encontraba franco de servicio.

Los imputados permanecen en libertad pero están obligados a no obstaculizar la investigación, presentarse periódicamente en sede judicial y tienen prohibido salir del país sin autorización de la Justicia. También se les trabó embargo preventivo de vehículos y la inhibición general de cada gendarme por montos de entre 8 millones y 293 millones de pesos.

Comunidad delictiva

Los investigadores achacaron a los gendarmes maniobras realizadas entre el 19 de enero y el 5 de mayo de 2025 en la estación de peaje de General Lagos, en la autopista Aramburu. Básicamente, la imputación obedece a haberse apropiado de cargamentos de contrabando de hojas de coca en estado natural a granel para venderlos y “obtener un rédito económico”.

El fiscal Mené expuso las acusaciones sobre la asociación ilícita alegando la existencia de una “comunidad delictiva” que implicó división de roles. Según el esquema, nueve de los gendarmes se encargaron de obtener las hojas de coca durante controles vehículares y entregarles los cargamentos a Enzo N.V., detenido el 5 de mayo pasado mientras transportaba 180 kilos de hojas de coca.

Fue precisamente la detención de N.V. lo que dio inicio a la investigación. A partir de ello se estableció que este gendarme acordaba el precio de los cargamentos, coordinaba la entrega con miembros del escuadrón y lo vendía a revendedores.

En eslabón de la cadena apareció la mujer imputada, cuya identidad no fue dada a conocer, que recibió y pagó al menos siete cargamentos que le proveyó N.V., a quien le incautaron ocho bolsones con 22 kilos de coca cada uno cuando allanaron su domicilio el 28 de mayo del año pasado. En ese marco la mujer fue imputada de siete hechos de “encubrimiento de contrabando por adquisición de mercadería extranjera proveniente de ese delito”.

Sistemáticas

Los investigadores detectaron doce maniobras similares desplegadas desde el 19 de enero de 2025 cuando Francisco Javier V. incautó 80 kilos de hojas de coca que habían sido ingresadas al país de contrabando y omitió denunciar esa situación ante las autoridades. En cambio, le entregó la carga a N.V. y recibió a cambio 375 mil pesos.

Según los fiscales, ambos gendarmes entablaron esa relación por intermedio del también imputado Marcos Antonio B., quien fue el encargado de retirar el cargamento de hojas en Arroyo Seco y entregárselo a N.V.

Otra maniobra similar se perpetró el 30 de enero de ese año cuando los gendarmes Jorge Luis B., Juan Héctor S. y Fabián P. se quedaron con 131 kilos de hojas que habían incautado en un control vehicular. Ese mismo día N.V. les pagó 3.596.000 pesos con efectivo y transferencias bancarias. Otra carga de 67 kilos fue incautada por Jorge B el 3 de febrero de 2025, y entregada a cambio de 1.957.500 pesos. El 17 de febrero el mismo gendarme recibió 607 mil pesos por otra carga de 22 kilos.

Otros pagos detectados por parte de NV fueron el 30 de marzo del año pasado cuando pagó 4.300.000 pesos por 132 kilos. También el 5 de abril los gendarmes José Luis B. y Andrés G. obtuvieron otro cargamento de 130 kilos por los cuales N.V. les pagó 4.324.000 —804.000 en efectivo y el resto con transferencias de 300 mil y 200 mil peso como como contraprestación por omitir denunciar el hecho y entregarle las hojas.

Por su parte David B. le entregó el 14 de abril a N.V. una carga de 103 kilos de hojas que había obtenido mientras realizaba un patrullaje en la zona a cambio de tres millones de pesos. Y dos días después, en un control de rutina junto con Esteban B.M. y Fabián P., se quedó con 118 kilos que entregaron a N.V. por 3.450.000 pesos en efectivo más transferencias por 250 mil y 300 mil pesos.

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De maniobras como esas surgieron los siete hechos achacados a la mujer imputada, acusada de haber comprado—entre el 27 de diciembre de 2024 y el 28 de mayo de 2025 un total de 527 kilos de hojas que N.V. les llevó hasta su casa, donde se concretaban los pagos.

Entre las evidencias expuestas por los fiscales se exhibieron informes de Asuntos Internos con la conformación de las patrullas los días de los hechos y el análisis de los peritajes telefónicos de los celulares incautados.