El 4 de enero se cumplirán seis años del asesinato de Jonatan Herrera por parte de policías de la provincia. En ese contexto familiares y amigos del joven, acompañados por la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, realizaron este domingo un festival en su homenaje. Sobre la esquina de Buenos Aires y Virasoro del parque Hipólito Yrigoyen se presentaron grupos musicales y murgas. También estuvieron familiares de otros jóvenes asesinados por la policía en los últimos años. "Apostamos a mantener viva la memoria de Joni, porque para nosotros no fue un caso más. Tenemos en claro que por lo menos en la ciudad fue un caso realmente importante que de alguna manera pudo abrir el camino de lucha para tantos otros", expresó Julieta Riquelme, hermana de Jonatan.
Corrían las primeras horas del 4 de enero de 2015 cuando un móvil del Comando Radioeléctrico emprendió una persecución contra un muchacho que había asaltado un comercio. Las corridas terminaron con disparos y el ladrón detenido en el pasillo de pasaje Villar y Ayacucho, barrio Tablada. La secuencia fue observada por agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) que viajaban en un colectivo de línea y descendieron para intervenir con más disparos. Herrera, que tenía 23 años y trabajaba en Fallabela, estaba lavando el auto en la puerta de su casa. Apenas pudo esconderse detrás de un árbol, pero dos balazos lo hirieron de muerte. Por el hecho cinco policías, cuatro de la PAT y una del Comando, llegaron en 2017 a un juicio oral y público que concluyó con una absolución, tres condenas a tres años y ocho meses de prisión, y una a seis años y medio. Hoy todos se encuentran en libertad.
"Ningún pibe nace para remera", fue la consigna con la que la familia Herrera y la Multisectorial Contra la Violencia Institucional invitaron al festival. Es que la cara de Jonatan se repitió desde aquel enero en remeras de familiares y amigos, en las banderas con las que muchas veces reclamaron por justicia en Tribunales, y en paredes como la de Virasoro y Buenos Aires, sobre la esquina de la Escuela Técnica Naval, donde Jonatan terminó de cursar la secundaria. Las caras de los chicos asesinados por las fuerzas de seguridad suelen repetirse de esta manera, pero los familiares y organismos de derechos humanos apuestan por no naturalizarlo. "Queremos decirle al Estado y a quienes habitamos la ciudad que los pibes no nacen para ser remeras. Es visible que los chicos que mató la policía fueron marginados por el simple hecho de vivir en barrios populares de la ciudad", dijo Julieta.
Pasadas las 18.30 de este domingo, sobre la esquina de la Escuela Técnica Naval, un grupo de mujeres refaccionaba el mural que había sido pintado en noviembre de 2015. En el parque Yrigoyen se había montado un escenario sobre el césped donde se preparaban para actuar murgas y bandas musicales. A un lado colgaban extendidas las remeras con las caras de distintos jóvenes víctimas de las fuerzas de seguridad en los últimos años: Maximiliano Zamudio, Franco Casco, Iván Mafud, Jonatan Ojeda, entre otros.
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Durante el juicio oral y público el fiscal Adrián Spelta indicó que el hecho había comenzado con una persecución del Comando Radioeléctrico a un ladrón que escapaba en su Zanella de 50 cilindradas. Fue llegando a la zona de Ayacucho y Seguí que esta persona intentó escapar a pie por el pasaje Villar que a esa altura se hace muy angosto, y fue herido en una pierna por un disparo del cabo Miguel Ángel Iturres. Esa escena fue vista por un grupo de agentes de la PAT, que volvían de la Jefatura de Policía en un colectivo de la línea 133 e instaron al chofer a detener su marcha. Al descender dispararon más de treinta veces, aunque el ladrón ya estaba detenido. Spelta sostuvo que hubo dos momentos de disparos, y que Jonatan Herrera fue baleado en la segunda ocasión. Recibió tres balazos de los cuales dos le generaron heridas fatales.
El fiscal dedujo que el policía Ramiro Rosales, de la PAT, había disparado la bala que hirió de gravedad la arteria hipogástrica de Jonatan, y solicitó la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el abuso de su función. El otro balazo mortal fue a la cabeza, según Spelta por parte de la agente Gladys Galindo, del Comando Radioeléctrico, para quien también pidió prisión perpetua por homicidio calificado. Para los policías Luis Sosa y Francisco Rodríguez pidió doce años de prisión por tentativa de homicidio calificado, y para Jonatan Gálvez tres años de prisión por abuso de armas agravado. Al finalizar el juicio las condenas no fueron las solicitadas ni esperadas por la familia y el fiscal. El tribunal compuesto por los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón condenó a Rosales a seis años y medio de prisión por homicidio culposo agravado, a Rodríguez, Gálvez y Sosa a tres años y ocho meses por abuso de arma agravado. A la agente Galindo, por su parte, la absolvieron por falta de pruebas.
En octubre de 2017 la Cámara Penal confirmó la condena a Rosales y a los otros agentes de la PAT les redujeron las penas. En agosto de 2018 el mismo tribunal del juicio oral y público rechazó un pedido de la defensa de Rosales para acceder a salidas laborales, y finalmente en mayo de 2019 quedó en libertad al haber cumplido en prisión el plazo de dos tercios de su condena. Sobre el estado de la causa Julieta Riquelme sostuvo: "Seguir reclamando justicia para nosotros es muy importante, necesitamos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia abra el recurso que presentamos hace tres años, porque hasta el momento no tenemos respuesta. Hay pruebas clarísimas de que a Joni lo fusiló la policía".
