Ayer, a partir del mediodía, el barrio Tablada se vio convulsionado por la presencia de un importante número de gente frente a un improvisado escenario montado en Esmeralda al 3800, en la esquina con Biedma. Por allí desfilaron grupos folklóricos, murgas, cantantes de rap y bandas de cumbia. El motivo no era otro que festejar lo que hubiese sido el cumpleaños número 28 de Jonatan Herrera, el joven asesinado por efectivos del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica el 4 de enero de 2015 al quedar en medio de la persecución a un ladrón.
Familiares de víctimas de la violencia institucional, organizaciones políticas, sociales, sindicales, gremiales y académicas además de organismos de Derechos Humanos nucleados en la Multisectorial contra la Violencia Institucional dieron marco al encuentro en el que una vez más se recordó el episodio por el cual fueron condenados cuatro agentes, de los cuales sólo uno sigue tras las rejas.
Según quedó acreditado en el juicio, Herrera fue alcanzado por dos balazos cuando lavaba su auto frente a su vivienda de bulevar Seguí y pasaje Villar el mediodía del 4 de enero de 2015. Entonces fue sorprendido por la persecución que agentes del Comando Radioeléctrico a bordo de una patrulla realizaban sobre un muchacho que momentos antes había cometido un robo a mano armada en un comercio cercano.
Ante semejante situación, Jonatan atinó a esconderse detrás de un árbol para buscar protección. En ese momento los agentes Miguel Iturres, Milagros Rodríguez y Gladys Galindo bajaron del patrullero y empezaron a disparar sus armas reglamentarias. En tanto, los flamantes policías de Acción Táctica Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, quienes viajaban en un colectivo de la línea 133 que pasó por el lugar, al ver lo que ocurría bajaron inmediatamente del micro para sumarse al operativo. Entre los siete efectuaron más de 50 disparos, muchos de ellos hacia donde estaba Jonatan.
Tras un largo proceso, los cuatro agentes de la PAT y la oficial Galindo, del Comando, llegaron a un juicio ante el tribunal conformado por los magistrados Juan Carlos Curto, Alejandro Negroni y Rodolfo Zvala.
Condenados
Así, en abril de 2017 la mujer policía, sobre quien pesaba un pedido de prisión perpetua por homicidio calificado por abuso de armas y función policial (una pericia indicaba que el tiro que dio en la cabeza de Jonatan había salido de su arma) fue absuelta. En tanto Rosales, de la PAT y acusado del mismo delito por efectuar el tiro que impacto en el abdomen del joven, recibió 6 años y medio de cárcel por homicidio culposo, es decir, sin intención. Mientras que Rodríguez, Sosa y Gálvez, los otros tres agentes de la PAT que habían bajado del colectivo, fueron condenados a 3 años y medio por abuso de armas.
Tras el juicio, en octubre de 2017 la Cámara de Apelaciones dictó un fallo en disidencia en el cual confirmó la condena de Rosales y redujo las condenas de los otros agentes, que pasaron a ser de cumplimiento condicional. De este modo, el único que quedó tras las rejas fue el mencionado Rosales.
En agosto de 2018 el mismo tribunal que juzgó a Rosales rechazó un pedido de la defensa para que éste accediera a salidas laborales y una morigeración del regimen de arresto debido a que había sido padre y eso lo obligaba a tener un ingreso a fin de sostener al bebé que por entonces tenía cuatro meses, por lo que sigue preso en el penal de Piñero cumpliendo la pena impuesta.
Que siga preso
En un comunicado que ayer dio a conocer la Multisectorial contra la Violencia Institucional, se sotuvo que el caso de Herrera "dejó en evidencia prácticas repetidas y sistemáticas de la policía santafesina y de fiscales y jueces que garantizan impunidad". Asimismo, remarcaron que "la ejecución de Jonatan no fue investigada adecuadamente ya que las primeras actuaciones las realizó la propia policía involucrada y fue alterada la escena del hecho poniendo en riesgo la conservación de importantes elementos de prueba".
Respecto al proceso penal, la Multisectorial recordó que "se intentó cerrar la causa mediante un juicio abreviado, una respuesta totalmente a contra marcha de la especial obligación que tiene el Estado de investigar casos de violencia policial y graves violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, se intentó unificar las querellas y finalmente, una vez que el caso llegó a juicio oral y público gracias a la tenaz e incasable lucha de la familia Herrera y de distintas organizaciones se llegó a una sentencia vergonzosa".
Y sobre el acto de ayer, el comunicado advierte que "hoy en día luchamos para que el único policía con prisión efectiva no quede en libertad y para que esa bochornosa sentencia sea revisada por la Corte Suprema de la provincia".
