Ariel "Guille" Cantero, condenado a 22 años de prisión como jefe de la banda de Los Monos, quedó cerca de un nuevo juicio oral y público por las amenazas telefónicas dirigidas hace tres años a un juez penal que le había denegado un traslado a la provincia de Santa Fe desde la cárcel federal de Rawson, donde estaba alojado. El fiscal Fernando Dalmau pidió una condena a 7 años y medio de prisión por el delito de coacción agravada, aunque ante un planteo de la defensa propuso como figura alternativa a debatir en el juicio la de amenazas simples, con pena más leve.
Con "Guille" conectado a la audiencia por videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz, el fiscal adelantó la calificación legal y la pena que solicitará en un próximo juicio por la causa iniciada en agosto de 2016. Por entonces Cantero estaba preso por liderar la banda de Los Monos y llevaba siete meses alojado en el penal federal de Rawson a raíz de una acusación por narcotráfico. En esa causa, conocida como "Los Patrones", terminó condenado en diciembre pasado a 15 años de prisión por dirigir una organización de tráfico de drogas.
En una audiencia preliminar —es decir, previa al juicio— Dalmau indicó ante la jueza Silvia Castelli que acusará a Cantero como autor de una coacción agravada. Lo acusa de haber realizado dos llamados al juzgado de Sentencia Nº 3 de los Tribunales de Balcarce 1651, cuando aún regía el sistema penal escrito. Las llamadas ingresaron al despacho del juez Edgardo Fertitta pero fueron atendidas por una practicante.
La primera fue a las 12.28 del 19 de agosto de 2016. El interlocutor se identificó como "Cantero" y la empleada respondió que el juez no estaba. La misma respuesta obtuvo al siguiente llamado, a las 12.40 del mismo día. "Bueno, te dejo este mensaje. Decile que se meta el traslado ya sabe dónde y que lo voy a matar", le dijo quien se había identificado como "Guille". Una pericia telefónica confirmó que las llamadas provenían desde la cárcel de Rawson y además las cámaras internas del penal filmaron al preso en el momento en que las realizaba.
El juez Fertitta hizo la denuncia por amenazas y después entró en el programa de testigo protegido, por lo que comenzó a moverse con custodia policial permanente. Una semana antes había rechazado un pedido de "Guille" y su ladero Emanuel Chamorro, entonces preso en el penal de Neuquén, para que fueran trasladados a cárceles santafesinas. Tras consultar al Servicio Penitenciario santafesino, entonces les respondió que en las cárceles de la provincia no había lugar.
"La víctima es un magistrado, esto aumenta el grado de reproche", dijo ayer Dalmau, quien además recordó que el imputado integra "una de las facciones criminales más peligrosas de Santa Fe".
Cuestionamiento
El defensor Fausto Yrure cuestionó la calificación legal. Dijo que el delito de amenazas coactivas requiere que en la amenaza la víctima sea obligada hacer algo. "Lo que está en juego es la libertad de determinación", observó. Consideró que en los dichos de Cantero "no surge con claridad cuál sería la conducta pretendida", dado que Fertitta ya había resuelto sobre los traslados y Cantero había sido notificado de esa decisión.
El abogado evaluó que los dichos de su cliente podrían "entenderse como una reacción ante algo que no sucedió" —el traslado pretendido— y pidió que se cambie la acusación al delito de amenazas simples, con una pena menor de 6 meses a dos años de prisión. El planteo no fue rechazado por el fiscal, quien opinó que es una cuestión "atendible o debatible". Por eso propuso que se considere ese delito como una acusación alternativa a discutir en el juicio, según lo que se considere probado en esa instancia.
Por último, como "Guille" reconoció haber realizado los llamados cuando declaró en la audiencia imputativa y la defensa no niega esa conducta, el fiscal desistió de llevar al juicio algunas pruebas como la declaración de algunos agentes penitenciarios de Rawson, el contenido de las cámaras del penal y dos informes telefónicos. Dentro de cinco días la jueza resolverá sobre los planteos de las partes y así quedará definido el esquema con el que llegará el caso al juicio oral y público.
