Fiscales proponen avanzar en la desfederalización del delito de narcomenudeo

Fiscales Generales y Procuradores de todo el país se reunieron en Córdoba para tratar el tema de la narcocriminalidad y la adhesión a la ley nacional 26.052 que establece la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo. Tras las discusiones, los funcionarios emitieron una declaración en la que se manifiestan acerca de la gestión judicial que se lleva adelante en el país respecto de esos delitos.

De la actividad participó el Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, quien ayer dijo a La Capital que desde su función considera "importante que la provincia adhiera a la ley nacional de desfederalización del narcomenudeo porque de esa forma se podría llevar adelante una persecución penal más concreta del delito", aunque reconoció que "el actual sistema del Ministerio Público de la Acusación no cuenta con la estructura ni la organización para ponerlo en práctica porque se necesitarían más recursos humanos, infraestructura y una policía específica que dependa de ese organigrama".

En ese sentido manifestó que la ley establece que la Nación es la que debe "proporcionar esos recursos a las provincias que adhieran a la ley, pero por lo que se ve hasta ahora eso no sucede, fundamentalmente en Córdoba y Buenos Aires que llevan a cabo sus experiencias con recursos propios desde hace varios años". No obstante, Baclini comentó que en Rosario se lleva adelante "un trabajo coordinado entre la Justicia provincial, la federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar) en la cual se intercambian y comparten datos recabados por distintos organismos como la policía, la Municipalidad y organizaciones barriales para analizar los territorios conflictivos y actuar en consecuencia".

Mesa de diálogo

Respecto del comunicado que los fiscales emitieron en Córdoba, el mismo manifiesta "la gravedad e importancia que reviste la problemática del narcotráfico" y consideran "indispensable pronunciarse sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas".

En ese orden, destacan que es importante que "como política de Estado en todo el país se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo", tomando en cuenta, además, que "actualmente estos organismos, que en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesal moderno, ágil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las pericias en las causas relativas a la narcocriminalidad por medio una red nacional de laboratorios forenses".

Los funcionarios consideran asimismo que "el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias poniendo límite al fenómeno del narcomenudeo que de otro modo queda en situación de impunidad". Y, sin embargo, señalan que "la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada".

En ese marco, los fiscales peticionan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación "que convoque con urgencia a una mesa de diálogo con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26.052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al sistema de desfederalización".