La imputación en la Justicia federal a ocho agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) provincial acusados de robar unos 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares en un operativo ilegal expuso el doble filo de la ley de microtráfico. Amparados en esa herramienta, uno de los bastiones del gobierno santafesino en materia de seguridad, armaron un procedimiento y lo presentaron a la Fiscalía provincial como un caso de narcomenudeo para ocultar una maniobra digna de una banda criminal. Funcionarios experimentados aseguran que casos de este tipo existieron siempre, pero que el nuevo sistema acusatorio federal de Rosario colaboró para llegar a esta instancia en la que puedan ser detectados. Coinciden en la necesidad de un mayor control a las fuerzas policiales en el nuevo marco legal.
La adhesión de Santa Fe a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, conocida como ley de microtráfico, fue parte del paquete de leyes aprobado por la Legislatura a comienzos de la gestión de Maximiliano Pullaro. El gobierno provincial la ubica como uno de sus pilares en la compleja tarea de afrontar los problemas de seguridad pública, sobre todo la violencia vinculada al comercio de drogas.
Es utilizada no solo para perseguir penalmente la venta a baja escala y agilizar investigaciones que en la Justicia federal podían extenderse en el tiempo, sino también para intervenir los territorios. En esa línea, la herramienta del cese antijurídico permite derribar o inhabilitar puntos de ventas que muchas veces son focos de conflictos violentos.
Pero esta ley también implicó un empoderamiento tácito a la policía provincial para el control territorial. No porque antes no lo tuviera, sino porque ahora pueden darle cauce legal a procedimientos ilícitos y esconder una actividad criminal bajo presuntos resultados positivos para la fuerza.
Procedimiento habitual
Una irregularidad de ese estilo es lo que ocurrió el 13 de agosto en una casa de la zona oeste. Agentes de la PAT comunicaron a la Fiscalía de Flagrancia que mientras estaban patrullando vieron a dos sospechosos que huyeron a las corridas hasta ingresar a la vivienda en cuestión, donde los policías que los siguieron encontraron algo de droga. Concretamente en el acta policial plasmaron: una balanza, cuatro armas, un trozo de cocaína de medio kilo, cuatro teléfonos y tres granadas de gas lacrimógeno.
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En total fueron tres los detenidos en esa casa. Un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana que son pareja y viven en ese domicilio, y un hombre peruano estaba allí por casualidad. El fiscal provincial Rodrigo Urruticochea pidió el pase de la causa al fuero federal por el presunto material explosivo secuestrado, a lo que el juez Gonzalo Fernández Bussi además de adherir sumó que la cocaína decomisada estaba compacta en un trozo y no fragmentada, por lo cual no cuadraba con la ley de narcomenudeo.
Pero al llegar a la Justicia federal la historia tomó otro rumbo. Los tres detenidos fueron imputados por tenencia para comercialización y tenencia de armas, por lo cual quedaron en prisión preventiva. La medida cautelar duró 45 días, hasta que el juez federal Marcelo Bailaque aceptó la nulidad de la causa a pedido del propio el fiscal Javier Arzubi Calvo y le dio la libertad a los tres. Fue a partir de que uno de los detenidos, el hombre de nacionalidad peruana, transmitiera a través de su defensor una versión distinta a la que habían plasmado los policías en el acta.
Operativo ilegal
La investigación de Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro desentrañó la maniobra policial. Los agentes habían ingresado por la fuerza a la casa donde redujeron a los dos hombres y encerraron a la mujer en un cuarto junto a sus dos hijos de 8 y 1 año.
“Bajo amenazas, violencia y sin testigos realizaron una requisa de la totalidad del inmueble y de los vehículos de los dos adultos varones”, indicó la acusación. Así fue que se robaron entre 12 y 15 ladrillos de un kilo de cocaína de 86% de pureza, 50 mil dólares, armas de fuego y cuchillos, algunos miles de pesos e indumentaria y celulares que vendía la pareja domiciliada allí.
Los policías hicieron todo eso en las dos horas transcurridas desde que se metieron en la casa hasta que se comunicaron con la Fiscalía de Flagrancia. La llamada fue a las 18.30, pero las cámaras de vigilancia de la zona acreditaron que habían ingresado cerca de las 16.30. En torno a ese aspecto surgió otra irregularidad: en el acta habían afirmado que no había cámaras en la zona, con la presunta intención de limitar los alcances de la investigación.
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En un principio fueron seis los agentes que llegaron al domicilio en dos móviles. Minutos después se sumaron al operativo ilegal el jefe de tercio y otro oficial que, según la investigación, coordinaron los movimientos del resto. Se sospecha que el inicio del operativo ilegal fue a partir de un procedimiento anterior en el que, en un control vehicular, secuestraron cocaína a un hombre que terminó por confesar la dirección del punto de acopio.
Así se cree que les llegó, casi por fortuna, el dato sobre esos ladrillos de cocaína que tenían el ya conocido sello del delfín y sobre los cuales todavía no se sabe qué destino tuvieron. Lo que sí trascendió en una de las audiencias realizadas sobre el tema es que los policías insistieron en encontrar más droga de la que se llevaron. Buscaron por las paredes y en todos los muebles. Mientras tanto, según una de las declaraciones, se comieron un pollo, consumieron cocaína y amenazaron con drogar a los menores que había en la vivienda.
Problema mayor
Desde la Justicia federal consideran que el operativo ilegal se destapó porque fue muy burdo y desprolijo. Pero también coinciden en que la investigación que los expuso pudo avanzar gracias al nuevo sistema acusatorio federal de Rosario, que rige desde mayo pasado. Con el sistema anterior, analizan, el testimonio de un imputado podía llegar a estancarse en un letargo burocrático.
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Este hecho significa en sí mismo un delito grave de parte de la policía provincial, pero también un obstáculo en investigaciones federales complejas que buscan perseguir el tráfico de drogas en una escala superior a la venta al menudeo. La Justicia federal tenía en el radar al domicilio donde ocurrió el operativo ilegal y estaba pronto a ser allanado, pero la nulidad de la causa acabó con la posibilidad de avanzar y conocer desde dónde llegaba esa droga y hacia dónde iba. Para evitar este tipo de situaciones, en la nueva etapa que inauguró la ley de microtráfico, los investigadores provinciales y federales apuestan por una coordinación permanente para no entorpecer las pesquisas.
Casos como este dan cuenta de que, por fuera de las articulaciones entre fiscales de cada fuero, hay fuerzas de seguridad que pueden aprovecharse del empoderamiento que les brinda el nuevo marco legal. A lo que se le suma el respaldo político de una gestión que en sus diagnósticos públicos sobre los problemas de seguridad no repara en la corrupción institucional hasta que algún caso sale a la luz. Aún cuando las causas más importante contra Los Monos o Esteban Alvarado, pero también en otras de menor calibre, demostraron la connivencia policial como parte fundamental de esos entramados.
Una herramienta con doble filo
La policía provincial, aseguran fuentes consultadas, siempre tuvo el control del territorio y el conocimiento de las dinámicas de la venta al menudeo y a mayor escala. Pero ahora, sin el control político y judicial necesario, se da pie a la posibilidad de que utilicen una herramienta legal para beneficios propios. Sea, como en este caso, para robarse miles de dólares y droga valuada en varios millones. O para, en tiempos de puja por ascensos en escalafones, sumar puntos con procedimientos positivos. O bien para ejercer mayor poder en la regulación de un comercio de drogas que pueda sostenerse, como está ocurriendo, sin grandes desmadres de violencia.
Desde la puesta en marcha de la ley de narcomenudeo abundan procedimientos de secuestros de drogas que, según las actas, inician de la misma forma: sospechosos que salen corriendo y se meten en una casa, a la cual la policía puede ingresar por tratarse de un caso de flagrancia, y terminan hallando drogas. Con ese punto de partida es difícil constatar la veracidad de las actas, pero el devenir de las investigaciones pueden alertar las irregularidades.
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Ocurrió, por ejemplo, a fines de enero pasado con el secuestro de 230 ladrillos de marihuana en un pasillo ubicado entre las paralelas Riobamba y Cerrito al 5000. Un operativo que, según comunicó entonces el gobierno, inició con un aviso por un robo y derivó en sospechosos corriendo hasta la casa donde estaba la droga. Un mes después, en otra causa, tres policías fueron imputados por encubrir a la banda del narco prófugo Mauricio Ayala por plantarles a Los Tripi, un grupo rival, armas que habían sido utilizadas en atentados con amenazas al gobernador. Un testigo protegido contó que la idea de plantar las armas fue una venganza de Ayala porque gente de Los Tripi había brindado a la policía la información que sirvió para aquel secuestro de marihuana.
Distintos funcionarios consultados asumen que hay “un riesgo que existe desde siempre” y que será necesario “prestar más atención a la consulta de flagrancia” para poder constatar procedimientos transparentes. “Siempre se inician con una supuesta flagrancia o actitud sospechosa o denuncia anónima. O sea casi nunca, o nunca, como derivadas de investigaciones serias y controladas por un fiscal”, explica una fuente judicial. “Esto pasó siempre en materia de estupefacientes, pero se agrava cuando se habilitan mayores espacios de arbitrariedad policial. En algunos casos inventan menudeo, en otros ocultan tráfico. O sea, regulan el mercado”, agrega.
