Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Luego de la orden de prisión preventiva para 14 policías de Rosario por fraude en la carga de combustible, los investigadores creen que ya hay evidencia suficiente para pedir el juicio oral y público dentro de seis meses. En ese plazo apuntan a sumar evidencia y esperan que algunos sospechosos aporten información como arrepentidos en la causa.

La causa sobre el robo de dinero y la facturación fantasma con la complicidad de los dueños de una estación de servicio de la zona sur derivó en la captura del exdirector de la Unidad Regional II, Daniel Acosta. Otros jefes de la fuerza también continuarán detenidos hasta mayo y el fiscal José Luis Caterina cree que "va a aparecer mucha más información" durante ese período de tiempo.

Según explicó el funcionario a través de LT8, varios policías imputados están "tan expuestos por la evidencia" que les conviene declarar contra sus colegas y superiores. Así planteó la posibilidad de que "puedan asumirse y tratar de incorporarse como imputados colaboradores" del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿Cuánto dinero se robaron en la Policía de Rosario?

Además de lo que implica la corrupción policial en términos políticos y sociales, Caterina consideró que la cantidad de dinero que obtenían los imputados era alarmante. "El Comando Radioeléctrico se estaba llevando 4 millones de pesos quincenalmente en este retorno", ejemplificó.

De acuerdo al registro oficial, el gobierno de Santa Fe envió 403 millones de pesos a Rosario para cargar los patrulleros y otros vehículos de la Unidad Regional II. Después de los primeros allanamientos del 5 de mayo y la detención de los primeros sospechosos, el gasto se redujo un 17 por ciento y se mantuvo en junio.

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El representante del MPA advirtió que los jefes "siempre se quedaban cortos de dinero para combustible" y gestionaban las contingencias para acceder a más fondos que luego iban a parar a sus bolsillos. En cuanto a la sustracción de caudales a través de esta red ilegal, comentó: "Nos consta que aumentó de manera muy abrupta por la ingente llegada de recursos a través de la ley de emergencia en seguridad pública".

Inicialmente, los investigadores creían que los acusados se robaban la nafta. A partir de tareas de inteligencia descubrieron una "maniobra en contubernio" con miembros de la empresa Gas Auto Tiferno, encargada del expendio en Ovidio Lagos al 3900. Allí se dedicaban a "sobrefacturar sistemáticamente ciertos móviles" y después empezaron a multiplicarse operaciones que nunca se hicieron en los surtidores. "La provincia no recibía absolutamente nada, la Policía no recibía absolutamente nada y la comunidad no recibía absolutamente nada", subrayó el fiscal.

"Se acabó el dulce"

Caterina considera probado que el jefe de la Secretaría Privada del director de la Unidad Regional II, Rodrigo Domínguez, era uno de los principales brazos ejecutores dentro de un sistema de "disciplinamiento interno" para sostener la asociación ilícita. En relación a la evidencia presentada desde mayo, indicó: "Vemos mucha presión sobre los encargados de carga, personas conocidas en la estación. Son los que tenían reunidas muchas visas flota con las que facturaban".

Uno de los imputados en esta primera línea de recaudación desde la estación de servicio estaba harto de los reclamos de sus superiores para abastecer la caja. "Les voy a decir que no va más. Se acabó el dulce", le dijo a su pareja por teléfono. El encargado de la investigación consideró que este comentario en la escucha de la llamada "no alude al dinero, pero sí al fraude".

Después de las primeras imputaciones, la pesquisa dio un giro mediante el análisis de los celulares y otros elementos que incriminan a las máximas autoridades de la Policía de Santa Fe en la ciudad. En este sentido, el fiscal puntualizó: "Ahora está acreditado que ese dinero sube".

El representante del MPA cree que no sólo contará con elementos para prorrogar la prisión preventiva de los imputados, sino también para acusarlos y pedir la elevación a juicio en mayo. Mientras tanto, espera que los de menor jerarquía en la fuerza presten declaración como imputados colaboradores contra sus exjefes. "Va a aparecer mucha más información, sobre todo si (el retorno) era poco o exiguo en proporción a lo que se llevaban ellos", explicó.

En esta instancia, los detenidos están en la mira por peculado de caudales y bienes públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública y cohecho pasivo, entre otros delitos. Al margen de lo que ocurre en el terreno judicial, el gobierno provincial tiene material para hacer análisis patrimoniales de los sospechosos y esta labor puede echar nueva luz sobre el destino de los fondos que captaba la asociación ilícita al menos desde mayo de 2023.