Un juez les dictó prisión preventiva por seis meses como miembros de una organización que atribuyen liderar al exjefe de la policía rosarina, Daniel Acosta
El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva para 14 policías imputados de integrar una asociación ilícita que gestionaba el fraude con combustibles.
El exjefe de la Unidad Regional II de la policía de Rosario y otros doce policías imputados en el marco de la investigación por el millonario fraude con la carga de combustibles permanecerán en prisión preventiva por seis meses mientras que otro de los uniformados seguirá tras las rejas por el plazo de ley. Así lo dispuso el juez Gustavo Pérez de Urrechu tras una extensa audiencia en la cual les achacaron integrar una asociación ilícita desde hace al menos dos años.
En una causa que ya tiene 28 imputados —cuatro de ellos civiles— el director de policía Daniel Alejandro Acosta está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al fraude con combustibles. Acosta, extitular de la URII hasta hace seis meses, fue detenido desde el jueves junto con otros nueve uniformados, en su mayoría exjefes de distintas reparticiones de la Jefatura rosarina que estarán tras las rejas al menos hasta el próximo 14 de mayo de 2026 imputados como miembros de la banda. Ellos son el exjefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros, Adrián Oscar Bahl; el exjefe de Logística, Roberto Blanco; el exjefe de Policía Motorizada, Héctor Saucedo; el exjefe de Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría; el exjefe del Grupo Táctico Multipropósito, Fabián Becerra; el exjefe de Policía Adicional, Nicolás Cuesta; el exjefe del Cuerpo Guardia de Infantería, Diego Luna; el exinspector de la VI Zona Edgardo Roldán y el exinterventor de Medicina Legal, Roberto Sandoval.
Algunos de los policías ya estaban detenidos con anterioridad en el marco de esta causa y para ellos se dispuso una prórroga de la medida cautelar también hasta el 14 de mayo, luego de que se les agregue en esta última audiencia la imputación por asociación ilícita. Ellos son el exjefe de la Secretaría Privada de la Jefatura, Rodrigo Domínguez, quien fue señalado como organizador del grupo; el exnumerario de Brigada Motorizada Juan Villordo; el exsubjefe de esa repartición, Juan Manuel Herrera, y el exjefe de Caballería y Perros, Darío Fantín.
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Los policías están imputados como miembros de la asociación ilícita que tiene como jefe a Acosta y a Domínguez como organizador. Todos están imputados además de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y como partícipes primarios de defraudación agravada por afectar a una administración pública. A algunos de los acusados (Becerra, Cuesta, Luna, Roldán y Sandoval) se les agregó además una imputación por falsedad ideológica.
El fiscal José Luis Caterina les atribuyó a los imputados haber participado de una asociación ilícita durante aproximadamente dos años, “creada, asentada y consolidada en el corazón de la Unidad Regional II, principalmente por el extenso compromiso de las Secciones de Cuerpos de la Unidad Regional”.
El fiscal situó el origen de la agrupación a fines de mayo de 2023 con la asunción de Acosta como jefe, hasta al menos el 5 de mayo de este año cuando se realizó la primera tanda de allanamientos en el marco de esta investigación y el Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso la intervención de la Jefatura.
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Caterina ubicó como líder del grupo a Acosta, quien según el fiscal delegaba en Domínguez “la organización de la operatoria y un control estricto sobre los múltiples miembros. La acusación sostiene que la asociación “tuvo por finalidad garantizar un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios de actividades ilícitas como también de dádivas o multas en efectivo o en especies como bebidas de altísimo valor que imponían principalmente a los miembros de la propia organización”.
La maniobra medular de la investigación, el fraude con combustibles, se realizó merced a un arreglo con la empresa Gas Auto Tiferno que explotaba la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900. Allí cargaban combustible los móviles de las secciones de calle como el Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada, quienes gastaban más de lo que cargaban en los patrulleros, lo que se denomina “sobrefacturación” o “facturación fantasma”.
Parte de ese excedente, es decir la ganancia ilegítima de la empresa, era retirada en efectivo por los jefes de sección que debían llevarla hasta la cúpula de la URII. Allí Domínguez se encargaba de que cada jefe de sección le entregara el dinero en efectivo cada 15 días y si no lo hacían se les cobraba “una multa” que podía ser en especie: por ejemplo, un whisky caro o un costillar para la parrilla.
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La acusación destaca que el incumplimiento de los pagos para con los superiores generaba además de esas multas otros castigos o sanciones que iban más allá de las maniobras con el combustible sino que se aplicaban ante “cualquier exigencia que no se cumpliera por parte de los miembros en el tiempo y modo deseado por Acosta y Domínguez, sindicado como “cara visible y administrador de este sistema de sanción interno”.
El mecanismo, indica la acusación, “generaba un verdadero perjuicio económico y un malestar en muchos subordinados, aún cuando fueran jerárquicos, por la dureza de las sanciones”.