El secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereyra, anticipó que la intervención de la Unidad Regional II puede prorrogarse
La flota de la policía se amplió significativamente desde fines de 2023.
Una denuncia anónima sobre malversación de fondos de la Policía expuso una trama de desvío de dinero para la carga de combustible. Luego de la intervención de la Unidad Regional II, las autoridades provinciales advirtieron este martes: "Acá hay que tener en cuenta que hay corrupción compartida con personal civil".
El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereyra, precisó que la investigación judicial comenzó en julio de 2024. Así como ponderó la complicidad de los dueños y encargados de estaciones de servicio, también ratificó que los principales beneficiarios de la facturación falsa eran miembros de la fuerza.
El comandante general retirado de Gendarmería Nacional recordó que el circuito carga de nafta para los móviles fue modificado entre 2015 y 2019 porque había un "nicho de corrupción latente" con el sistema de vales e implementaron la Visa Flota. "Aún así, la inventiva del delincuente siempre va un paso adelante", reconoció en diálogo con LT8.
El funcionario provincial hizo una descripción breve sobre el método de malversación de fondos y reiteró que se trata de una red de sobrefacturación en ventas de combustible a la policía rosarina. A modo de ejemplo, comentó: "Había vehículos que cargaban 10 litros y se les facturaban entre 20 ó 30 litros".
Pereyra remarcó que la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA) puede cambiar a partir de la información de los celulares de los uniformados implicados y la documentación secuestrada. De momento, todo el personal involucrado en la causa pasó a disponibilidad y 13 de ellos quedaron detenidos.
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En paralelo con el proceso penal, el gobierno santafesino planea pisar el acelerador con reformas policiales que ya estaban previstas y pueden contribuir para impedir este tipo de delitos. En líneas generales, el objetivo es "liberar a la policía de todo lo que tenga que ver con la cuestión administrativa y manejo de partidas".
De acuerdo al cálculo del fiscal José Luis Caterina, la red de sobrefacturación se llevaba unos 45 millones de pesos mensuales con compras falsas en algunas estaciones de servicio. Además de los agentes y personal jerárquico de la fuerza, el funcionario judicial solicitó la captura de cuatro civiles como cómplices de la organización.
A raíz de la denuncia por malversación de fondos, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso la intervención de la Unidad Regional II por 90 días. La medida puede prorrogarse, de acuerdo a la resolución firmada por Pablo Cococcioni.
Pereyra aclaró que el comisario Daniel Acosta continúa en libertad, pero fue separado de su cargo al frente de la fuerza en Rosario. La jefatura quedó en manos de Claudio Romano, un director general retirado que ya desempeñó esa tarea en su carrera. Actualmente estaba trabajando como coordinador operativo dentro de la cartera provincial.
La decisión del gobierno tiene un antecedente cercano en tiempo y geografía. A principios del año pasado se puso en marcha un plan similar con la intervención de la Unidad Regional XVII en San Lorenzo. El recambio en la cúpula partió de denuncias por irregulares en la alcaidía por el trato preferencial de decenas de detenidos.
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