Preocupación en Villa Gobernador Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes de esta situación"

La tensión por la deuda millonaria que la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez mantiene con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) sumó un capítulo. Este martes, el intendente Alberto Ricci advirtió que la ciudad está “en el medio de un tironeo” entre ambas partes y alertó sobre un posible conflicto social si se concretan los cortes de luz en los barrios populares. “Estamos ante un escenario muy complicado hasta fin de año”, sostuvo en diálogo con LT8.

La cooperativa informó que comenzará a interrumpir el suministro en sectores donde no brinda el servicio formalmente, pero donde sí existe consumo. La EPE, por su parte, reclama el pago de una deuda que asciende a 6.000 millones de pesos y avisó que podría cortar la provisión a la entidad. “Somos rehenes de esta situación”, resumió Ricci.

“Hay más de 30 asentamientos que consumen energía, pero no pagan”

Ricci describió un problema estructural que arrastra la ciudad desde hace años. “Acá tenemos más de 30 asentamientos irregulares o barrios populares donde la cooperativa no tiene servicio, pero la energía igual se consume. Eso genera que la cooperativa mes a mes tenga un ingreso inferior al monto de la factura que recibe de la EPE”, explicó.

El intendente señaló que el cambio tarifario de marzo agravó la situación: la cooperativa dejó de percibir tarifa subsidiada y recibió un valor único para todos los usuarios. “Empezaron a cobrar cada vez menos y el rojo con la EPE fue creciendo. Hoy llegó a los 6.000 millones”, planteó.

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El problema, insistió, no se limita a la deuda. También tiene un fuerte componente social: “Si la cooperativa empieza a cortar la luz en los barrios, la gente va a salir a la calle. Van a venir al municipio o a cortar accesos e industrias. Eso puede generar un conflicto social serio”.

Ricci sostuvo que la cooperativa viene realizando cortes y denuncias por hurto de energía, pero sin resultados: “Las denuncias quedan archivadas y los usuarios que hurtan no son sancionados. No hay respaldo de la justicia”.

A la vez, apuntó a un trato desigual entre localidades: “La EPE contempla a los barrios populares que abastece directamente, pero no así a los que están bajo cooperativas. Acá no llega el programa Luz y Agua Segura, que sí existe en Rosario”.

Reuniones urgentes y un mensaje a la provincia

El intendente confirmó que habrá una reunión entre autoridades provinciales y directivos de la EPE para intentar encauzar la situación. Advirtió, sin embargo, que “salir a pagar la deuda así como pretende la EPE es imposible”.

“Vengo advirtiendo hace meses que la deuda iba a seguir creciendo. Y ahora se suma que vienen días de mucho calor, con mayor consumo. El ingreso de la cooperativa no alcanza para cubrir la factura y encima se agregan los intereses”, detalló.

Ricci también envió un mensaje directo al gobierno provincial: “Cortarle la energía a Villa Gobernador Gálvez sería mirar el granito de arena y no la montaña. Invito públicamente a los directivos de la EPE a que vengan, los voy a llevar a los barrios populares para que conozcan la realidad”.

Preocupación por un fin de año conflictivo

El jefe municipal reconoció que el contexto social es delicado: “Tengo conflictos laborales como el de la firma Euro, con 160 personas sin cobrar; 150 familias de pescadores movilizados por la prohibición de la pesca; organizaciones sociales en la calle… y ahora este tema”.

A esto se suma la situación financiera del municipio: “Las cuentas están deficitarias. Tuvimos que pedir un anticipo de coparticipación para poder afrontar los aguinaldos. Antes contábamos con el 50% de fondos de obras menores, pero ya no llegan”.

Ricci sintetizó su diagnóstico: “Veo un panorama muy complicado de acá a fin de año. Ojalá podamos llegar de la mejor manera”.

La carta documento de la cooperativa

En el documento, firmado por su titular Enrique Gomara, la cooperativa informó que “el 42 por ciento de la energía adquirida a la EPE es hurtada” en sectores vulnerables de la ciudad, donde viven 8.200 familias. Argumentan que esa situación explica el rojo financiero y reclaman una intervención del Estado provincial: “La dimensión social del problema requiere atención estatal”, plantearon.

La carta también cuestionó que la “tarifa social” aplicada por la EPE en los barrios populares de Rosario no se habilite en Villa Gobernador Gálvez, lo que —sostienen— profundiza la crisis.

La respuesta del gobierno provincial

Desde la cartera de Desarrollo Productivo evitaron confrontar con el presidente de la cooperativa. “Se está estudiando la situación. Contestación del ministro no hubo ni habrá por ahora. No nos vamos a meter en una disputa judicial”, señalaron fuentes oficiales. Y agregaron: “Consideramos que la cooperativa tiene que regularizar su situación”.

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En la Casa Gris insisten en que todas las cooperativas de la provincia, salvo la de Villa Gobernador Gálvez, están al día con la EPE. Ante este escenario, condonar la deuda sería injusto para quienes pagan. "Hay una escasa voluntad de cobro con la luz", deslizaron.

Un conflicto que escala

La advertencia de cortes en barrios populares fue leída dentro del gobierno como un movimiento que podría derivar en protestas, bloqueos y tensiones que afectarían la actividad económica local, incluida la de firmas claves como Swift, Unilever y Paladini.

El enfrentamiento viene creciendo desde hace meses. La cooperativa acusa al gobierno provincial de no utilizar las herramientas disponibles ante Cammesa para refinanciar o condonar deuda —como sí hicieron las gestiones de Miguel Lifschitz y Omar Perotti—. Desde la EPE responden que esa maniobra ya no es viable por el recorte de subsidios nacionales y descartan falta de capacidad técnica.

El verano como factor de riesgo

El conflicto se intensifica a días del inicio de las altas temperaturas. Un eventual corte de energía en barrios populares de Villa Gobernador Gálvez preocupa por su posible impacto en la paz social.

Mientras el gobierno provincial analiza alternativas y mantiene abierta la vía del diálogo, la postura oficial se mantiene firme: la deuda debe pagarse. La cooperativa, en tanto, insiste en que sin intervención estatal, el sistema se encamina a un colapso técnico y financiero. El escenario aún no tiene resolución y las próximas semanas serán decisivas para evitar que la disputa escale.