Llegó la hora del juicio en la causa del crimen por encargo del sindicalista
Abel Beroiz. La Cámara Penal confirmó en su integridad los procesamientos de seis personas, entre
ellas dos gremialistas, acusadas de intervenir en la logística e instigación del homicidio del
tesorero de Hugo Moyano, cometido en Rosario el 27 de noviembre de 2007. El tribunal de segunda
instancia mantuvo intactas las graves figuras penales por las que esos acusados, junto al autor
material y su ex pareja, ahora serán juzgados en base a varios indicios y la confesión del
sicario.
El expediente por el homicidio del histórico líder del Sindicato de Camioneros
de la provincia llegará a juicio con una silueta en las sombras: la de Raúl Luna, ex número dos del
gremio, sobre quien pesa cierta sospecha pero no fue indagado. Luna fue señalado por integrar un
grupo opositor junto a los gremialistas procesados y es quien ocupó la conducción del gremio tras
la muerte de Beroiz. En diciembre la fiscal de la causa pidió su indagatoria, algo que también
reclamaban los familiares de la víctima, pero el juez de Instrucción Osvaldo Barbero no hizo lugar
ante la falta de elementos de prueba. Luna está retirado de la actividad gremial.
El escrito. El tribunal que dejó firmes los procesamientos de cinco personas por
el diseño intelectual, la instigación y preparación del asesinato es la Sala III de la Cámara Penal
rosarina.
Los acusados son dos parientes del confeso autor material, un gestor y dos
gremialistas. Los jueces Elena Ramón y Otto Crippa García consideraron que las pruebas reunidas son
suficientes para juzgarlos, mientras que el camarista Juvencio Mestres se abstuvo de emitir
opinión.
Junto a ellos están en condiciones de ir a juicio el confeso autor material y su
ex pareja, la única en libertad, acusada de encubrimiento. El último caso en resolverse fue el de
Marisa Zingales, la madre de un adolescente de 15 años que acompañó al sicario y que fue procesada
después que el resto. La mujer apeló y al final en un segundo expediente la enviaron a juicio.
Están en trámite algunos planteos de libertad. El fiscal de Cámaras Guillermo
Camporini se opuso al entender que existe peligro de fuga de los acusados, que prestaron poca
colaboración con la investigación y que se encuentran ante una expectativa de pena alta.
Próximo paso. La causa irá al juzgado de Sentencia Nº 8, a cargo de Carlos
Carbone. Se tramitará el juicio bajo la modalidad escrita, a menos que todos los imputados se
pongan de acuerdo para pedir el juicio oral. Mientras tanto la instrucción de la causa seguirá
abierta. El juez Barbero sacó fotocopias del expediente porque no descarta que otros ideólogos
hayan participado del homicidio de Beroiz, quien manejaba una cuenta millonaria como tesorero de la
Federación Nacional de Camioneros.
La investigación arrojó que el plan para matarlo fue alumbrado bajo internas
sindicales de la provincia.
El día y el acto. Abel Beroiz, de 71 años, fue asesinado al ser abordado por dos
hombres en la cochera subterránea del ACA, en la plaza Montenegro. Lo balearon en una mano, el
pecho y el tórax y le asestaron varias puñaladas. Dejaron olvidada en el lugar una agenda con su
foto y datos personales que orientaron la investigación hacia Oscar Raúl Flores, un joven de 24
años que estaba evadido de una comisaría y que confesó ser el autor material del crimen.
Dijo que un gestor a quien conocía de su trabajo como estibador portuario, Julio
César Gerez, le ofreció 20 mil pesos a cambio de matar a Beroiz. Que el crimen fue "por el puesto"
del dirigente y que de la propuesta participó el sindicalista Juan Carlos Dell’Arciprete, a
quien Beroiz había desplazado de la filial de Casilda tras detectar un manejo irregular de fondos.
Le detectaron un llamado, efectuado el día después del crimen, al teléfono de un familiar del
sicario. El otro sindicalista implicado es Alejandro Lázaro, a quien el dirigente asesinado tenía
previsto correr de la sucursal San Lorenzo tras advertir que derivaba juicios laborales a abogados
fuera del gremio.
Las razones. El juez Barbero, al procesarlos, consideró que los dos
sindicalistas tenían un motivo personal para apartar a Beroiz del cargo: recuperar espacios en el
sindicato y reposicionar a Luna, su referente. Pero también una razón económica. Consideró probado
que obtenían una ganancia adicional derivando juicios laborales a Gerez, actividad que Beroiz
intentaba restringir. Los tres fueron procesados como instigadores por el delito de homicidio
calificado, que se pena con prisión perpetua. Los tres apelaron.
Los defensores plantearon nulidades que fueron rechazadas por el tribunal. El
fallo de Cámara, en sus fundamentos, se centra en apuntalar la confesión de Flores. Señala que si
bien incurre en algunas contradicciones, sus dichos tienen sustento en otras pruebas que le dan
veracidad y a la vez comprometen a los implicados.
u Una es la foto de Beroiz que le dieron los instigadores y que quedó abandonada
en la escena del crimen: fue tomada en un acto sindical en Rafaela en el que estaban
Dell’Arciprete y Lázaro.
u También se constató que Flores recibió una paga por el homicidio. El día
siguiente al asesinato le dio a su mujer entre 11 y 12 mil pesos y al mes compró un auto por
8.700.
u Los cruces de llamadas: el Nextel de Gerez, desactivado a los pocos días del
crimen, registró un intercambio de mensajes con Flores y Dell’Arciprete y "múltiples llamados
de ambos en fecha próxima y el mismo día del hecho".
Los vehículos mencionados por Flores y el adolescente que lo acompañaba como
usados por los instigadores —un Peugeot 206 color champán, un Peugeot 206 bordó y un Fiat
Patio— coinciden con los vehículos de esos tres imputados que ahora esperan el juicio.
Entre ellos hay dos gremialistas y el matador confeso del líder de camioneros
santafesinos
El ex número dos, Raúl Luna, que estuvo sospechado de liderar ese grupo, queda
exento de imputación
María Laura Cicerchia
La Capital
