Elevaron a juicio la causa de tráfico de drogas por la ciudad de Itatí

El ex intendente de la localidad correntina de Itatí Natividad "Roger" Terán, su vice Fabio Aquino y otras 24 personas (se detallan en la infografía), algunas de ellas miembros de fuerzas de seguridad o funcionarios de esa ciudad, serán sometidos a juicio oral y público acusados de integrar una asociación ilícita que desde el año 2014 traficaba hasta seis toneladas de marihuana por semana desde Paraguay y utilizaba niños para concretar sus operaciones.

El juez federal porteño Sergio Torres dio por finalizada la instrucción de la causa y solicitó que las 26 personas sean sometidas a juicio oral acusadas del delito de "asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de estupefacientes (en la modalidad de comercio), agravado por haberse servido de menores y por la intervención de funcionarios públicos".

Además del ex intendente de Itatí y de su vice, ambos detenidos, se encuentran procesados en la causa un hermano y una hermana de Aquino, una secretaria municipal, un agente de Prefectura Naval, el comisario de policía de la ciudad, un sargento y una cabo de la comisaría, un subcomisario de la Policía Federal, un sargento de la misma repartición, un gendarme y un abogado entre otros. De los 26 involucrados en la investigación, sólo dos de ellos se encuentran en libertad (uno que es menor de edad y un policía).

Paso a paso

Según el requerimiento de elevación a juicio, las maniobras de la organización delictiva comenzaron en el mes de mayo de 2014 y se determinó que la marihuana provenía en panes o ladrillos vía fluvial desde Paraguay para luego ser distribuida en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

En la investigación, el juzgado estableció que la droga era comprada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, la principal productora de marihuana del vecino país, de allí era trasladada a Itá Cora (Paraguay) y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná. Una vez del lado argentino, la banda usaba a chicos en edad escolar para descargar las lanchas, luego colocaba la droga en autos y las llevaba a los compradores.

La distribución se realizaba "a los lugares acordados con los diferentes compradores, tratándose de otras células delictivas dedicadas a las mismas actividades que continuarían la secuencia ilícita hasta su comercialización final", dice el escrito.

División de roles

Para el juez, la organización estaba dividida en tres células y los cabecillas de cada una de ellas eran Carlos Alberto Bareiro (actualmente detenido en la provincia de Chaco) y los prófugos Luis Alberto Saucedo, alias "El gordo", y Federico Sebastián Marín, por quienes se ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quien pueda aportar datos para lograr su detención.

Terán, jefe comunal de la localidad limítrofe con Paraguay y que cuenta con sólo 8.000 habitantes, era el encargado de "coordinar la obtención de la droga" y dar protección a los demás integrantes de la banda, lo mismo que su ex viceintendente, quienes tendrían un "vínculo cercano con autoridades de la gobernación", aunque esa pata de la pesquisa no avanzó en los cargos políticos superiores.

En el caso del ex integrante de la Prefectura Naval , Julio César Saucedo, se concluyó que distribuía la droga y se investiga si hasta gestionó un préstamo personal para la compra de un cargamento que terminó secuestrado por Gendarmería Nacional y que dio pie a el avance de la investigación.

El comisario Diego Alvarenga, titular de la seccional policial de Itatí, "brindaba protección a los narcotraficantes, información y acción directa frente a un procedimiento de otra fuerza, invocando jurisdicción local", remarcó el juez sobre el detenido que guardaba dos panes de marihuana en la comisaría a su cargo.

Sobre los demás miembros de la banda, el juez Torres indicó que "estarían abocados a la manipulación directa de la droga, su transporte, al monitoreo de las rutas y caminos alternativos, como así también a coordinar con quienes recibirían los cargamentos de estupefacientes".

También se estableció que el dinero obtenido era lavado mediante la compra de viviendas y vehículos, que eran puestos a nombre de terceros con cédulas verde que autorizaban el manejo por parte de sus reales propietarios.