La detención de un chico de 17 años por el crimen de Juan Gabriel Flores,
ocurrido la madrugada del martes en Villa Gobernador Gálvez, volvió a poner bajo la mirada pública
la situación del régimen penal de menores en la provincia. Para la jueza que investiga el caso, el
sistema "hace agua por todos lados". María del Carmen Musa diagnostica que las leyes que regulan el
tratamiento penal de los chicos son incongruentes con la Constitución y que los recursos para
tratarlos son insuficientes. Pero el problema esencial, dice, no es legal sino económico: "Para
resolver el problema de la niñez en riesgo hace falta asignar una buena partida presupuestaria. Hay
que priorizar en el presupuesto 2009 las políticas de infancia".
La jueza Musa indagó ayer al joven de 17 años que el martes se entregó en el
juzgado acompañado por sus padres, al saber que la policía lo buscaba por el homicidio de Flores
(ver abajo). Habla con énfasis y tiene en sus manos el legajo del chico que desde los 13 años
recorrió varias veces el edificio de Tribunales y que estuvo dos meses alojado en el Irar. Su caso
expone con crudeza cómo a la salida del encierro, si no existe una opción superadora, la economía
delictiva vuelve a imponerse.
El actual régimen penal de menores está regido por una ley de la dictadura: la
22.278. Conserva preceptos que colisionan con la Convención Internacional de los Derechos del Niño
porque no respeta garantías esenciales del debido proceso. Mientras tanto, se discuten en el
Congreso distintos proyectos para la creación de un régimen penal juvenil que ponga el acento en la
responsabilidad de los jóvenes: que puedan hacerse cargo del daño causado mediante un sistema de
sanciones y respetando sus derechos y garantías como a un adulto.
—¿Qué recursos tienen los jueces para tratar a los pibes?
—Los jueces estamos atados a la Constitución. Y los tratados
internacionales de derechos humanos hablan de la privación de libertad como último recurso. La
gente les pregunta a los jueces por qué no ponen presos a los chicos. Pero nosotros tenemos que
fundamentar y justificar muy bien cuando un chico está privado de la libertad, lo que generalmente
se da cuando el delito es grave y otras medidas han fracasado. Un chico es un ser en formación,
vulnerable, y por eso la Convención recomienda decidir la privación de libertad como última
medida.
—¿Resuelve el encierro?
—No, el encierro corre al chico del medio y no lo vemos más por un
tiempo.
—Dentro de lo que es la privación de la libertad, ¿se hace algún trabajo específico
que tenga que ver con la responsabilidad del menor?
—Lo único que hay en la provincia es el Irar con sus operadores. Los
chicos allí tienen historias complicadas, no conocen otro modo de reclamo que no sea cortándose,
quemándose, armando chuzas. Tienen muy pocos recursos simbólicos. Hablar con ellos de perspectivas,
de futuro, es muy difícil pero no imposible. Es más, eso es lo que reclama la Convención: trabajar
para acompañar al chico en su desarrollo y que sea respetuoso de los derechos de todos.
—¿Cuáles son los recursos alternativos a la prisión?
—Somos creativos. En noviembre la Dirección de Justicia Penal Juvenil
comunicó verbalmente a los jueces que ofrecía como medidas alternativas a la privación de la
libertad tres dispositivos: trabajo comunitario en un centro de día, un programa de libertad
asistida y órdenes de orientación y supervisión. Pero no nos han comunicado esas medidas por
escrito.
—¿Qué hay que cambiar?
—Hay que dejar de debatir. Es hora de arremangarse y hacer algo concreto,
no esperar a que lo haga el otro poder del Estado. Los jueces estamos tratando de adecuar las leyes
en franca contradicción con la Constitución que tenemos. El régimen penal de la minoridad no le
asegura al chico un proceso penal justo. ¿Qué hacemos los jueces? Aplicamos el debido proceso y nos
pasamos inventando cosas no escritas. Lo que no podemos hacer es crear la ley que no tenemos ni
hacer política pública. Como jueza me corresponde juzgar conductas en infracción a la ley penal que
cometen los chicos punibles menores de 18 años.
—¿Qué les corresponde entonces a los otros poderes?
—El poder Legislativo tiene que crear un sistema de responsabilidad penal
juvenil que implica reconocer a un chico el derecho de hacerse cargo de sus actos, con sanciones
prontas y procesos verbales. El Ejecutivo tiene que pensar políticas de inclusión a largo plazo.
Pero mientras tanto no puede desconocer el fenómeno complejo de chicos cada vez más chicos que
portan armas. Por eso, también, tiene que inventar ya mismo programas a corto plazo y alternativas
a la privación de la liberad. No puede quejarse de lo malo que es el Irar cuando en realidad es la
única oferta. Este sistema hace agua por todos lados.
—¿Qué opciones tienen un chico acusado de un delito si al salir del encierro el
Estado no le ofrece otras alternativas?
—El gran tema es qué recursos le damos al salir. No basta un
acompañamiento psicológico. El Estado tiene que crear un programa de egreso y para eso hace falta
mucho dinero y una decisión política que por el momento no la hay: priorizar en el presupuesto 2009
las políticas de infancia.
