Por maniobras irregulares detectadas a lo largo de tres años, tres policías fueron imputados este jueves acusados de malversar fondos públicos con la gestión de la vigilancia adicional que presta la policía de la provincia, un servicio históricamente ligada a desfalcos. Los efectivos, dos hombres y una mujer, fueron detenidos el martes tras una investigación que conjugó denuncias de particulares con reportes de la propia Unidad Regional II. Quedaron imputados en libertad por cometer una defraudación en perjuicio de la administración pública, entre otros delitos.
La audiencia judicial se desarrolló en el Centro de Justicia Penal el jueves, el mismo día que el intendente Pablo Javkin aludía en un comunicado público a los fraudes con adicionales policiales. Al expresarse sobre las balaceras a dependencias del Servicio Penitenciario y a las instalaciones de Televisión Litoral en la zona oeste indicó que “en paralelo a todos estos hechos, la semana pasada hubo una protesta de los trabajadores municipales del Hospital Carrasco porque los adicionales de la policía de Santa Fe, que pagamos con recursos de todos los rosarinos, no estaban cumpliendo sus funciones”; reclamo que se realizó tras reiteradas agresiones al personal de salud.
Así, añadió que “esta semana hubo varios allanamientos en dependencias policiales en el marco de una investigación por el destino de los fondos correspondientes a ese personal adicional”, en referencia al procedimiento con tres policías detenidos y el secuestro de celulares y libros de guardia de la oficina investigada. Los acusados son Ariel Omar Gorgerino y Jorge Sebastián Castro, quienes según trascendió prestaban servicio en el Comando Radioeléctrico, y Claudia Roxana Maese, quien era encargada de confeccionar planillas del sector.
El fiscal José Luis Caterina, de la Agencia de Criminalidad Organizada, los imputó como partícipes necesarios del delito de malversación de caudales públicos y coautores de peculado de servicios, además de defraudación en perjuicio de una administración pública. Jorge Castro fue además imputado por cohecho pasivo y exacciones ilegales agravadas por exigirle “atenciones” a un particular y Ariel G. sumó a la lista el delito de falsedad ideológica.
El juez Héctor Núñez Cartelle dispuso la libertad de los tres acusados con algunas reglas de conducta que deberán cumplir por un plazo de 180 días, como presentarse cada quince días, la prohibición de salir del país y el impedimento de acercarse a denunciantes o testigos.
Reparto de tareas
El fiscal explicó en la audiencia que durante los años 2019, 2020 y 2021 los funcionarios gestionaron servicios adiciones en la Unidad Regional II y se ocupaban de coordinar los lugares a cubrir, designar el personal, fijar los horarios y la extensión de la jornada que debían cumplir los efectivos. Para esto confeccionaban planillas provisorias y definitivas que eran rendidas en la Sección Servicio de Policía Adicional de la Jefatura.
El equipo se ocupaba además de controlar en territorio el cumplimiento de las horas de vigilancia adicional tanto en lugares públicos, como la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, como en empresas particulares.
Según la evidencia citada por el fiscal, Gorgerino era el “principal referente con poder de decisión” en la gestión de los adicionales, con el apoyo de Maese en la confección de planillas. Una tarea que la empleada realizaba desde antes de 2019, incluso con un jefe previo que actualmente es inspector de zona. Una tercera pata en territorio es la que, según la imputación, prestaba Castro, como controlador y mediador tanto con otros efectivos policiales como con las personas que contrataban el servicio.
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Las irregularidades, dijo, salieron a la luz a partir de las denuncias de distintas personas que dieron cuenta tanto de un exceso en las tareas —es decir, por asignar a efectivos más horas de las permitidas por ley— como por simular la prestación del servicio. Aludió a policías “fantasmas” o también denominados “prestanombres”, quienes no concurrían a cumplir con el adicional pese a figurar en las planillas pero percibían un porcentaje de las horas adicionales a cambio de brindar su nombre a los encargados de la maniobra. Esto les permitió “tener un rédito económico sin presentarse a cumplir con el adicional”, dijo el fiscal.
Este tipo de maniobras, indicó, explican un incremento del patrimonio de Gorgerino que no podría justificarse en un informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur.
Una dádiva y una asuencia
A estos fraudes con las horas de servicio el fiscal añadió algunos episodios puntuales denunciados. Concretamente, le atribuyó a Castro haber solicitado el 22 de noviembre de 2021 una “atención” al representante de una empresa particular que contrataba adicionales. Esto fue considerado como la exigencia de una dádiva para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público.
Por último, le achacó a Castro haber confeccionado una panilla de adicionales con datos falsos en la primera quincena de agosto de 2019 respecto de un trabajo de vigilancia en Patricias Argentinas y Rezzara, donde debían presentarse dos efectivos en el horario de 20 a 8 pero acudió sólo una empleada policial que denunció en Asuntos Internos la ausencia de su compañero, quien se negó a acudir al puesto.
