Dos altos jefes de la Unidad Regional I de Santa Fe, uno de ellos miembro de la cúpula de esa departamental, figuran entre los cinco policías detenidos por orden judicial en medio de un escándalo de presunto fraude laboral, asociación ilícita, peculado y otros posibles delitos. Lo que se descubrió es un mecanismo de recaudación ilegal mediante el cual, por orden de esos jefes, centenares de efectivos cobraban sus sueldos sin prestar servicios y, a cambio de ello, hacían adicionales cuyo monto era entregado integramente a sus superiores. Los efectivos fueron además pasados a disponibilidad y se presume que la cantidad de implicados se extenderá en tanto avance el trámite.
Según lo que trascendió, se trataría de un negocio por el cual se habrían recaudado importantes sumas de dinero. De hecho al ser detenido en su casa de la zona norte de la capital provincial, uno de los jefes implicados tenía una fuerte suma en efectivo. El operativo que puso al desnudo la maniobra incluyó allanamientos, escuchas telefónicas y seguimientos concretados por la Dirección Provincial de Asuntos Internos.
En la Unidad Regional I el servicio adicional había dejado de ser un servicio estatal para transformarse en un negocio particular de jefes que se valían del acatamiento obligatorio de las órdenes por parte de sus subalternos.
Una prestación oficial. En este sentido, hay que recordar que se llama "adicional" a aquellos servicios que un policía presta fuera de sus horarios de trabajo habitual. La custodia de templos, sedes de colectividades, de espectáculos deportivos, artísticos o de masivas concentraciones sociales, de empresas, de recaudadores, de bancos, entre otras muchas, son algunas de esas prestaciones que la policía presta a un costo sensiblemente inferior al de los servicios de seguridad privados.
En este sentido, en oportunidad de la protesta realizada por los agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario el pasado 27 de septiembre, algunos de los uniformados que se autoacuartelaron en la Jefatura dijeron a los medios de comunicación que por cada hora adicional que ellos realizaban, a sus bolsillos llegaban algo más de 8 pesos, una cifra que cualquier trabajador considera ínfima.
Una razón por la que el Servicio de Policía Adicional (SPA) y Horas de Servicio Policial Extraordinario (Hospe) suele ser demandado es porque es administrado de modo institucional. Es decir, es contratado a la policía y ordenado por los jefes. En el caso de la UR I, ese trámite se realiza a través de la Brigada de Orden Urbano (BOU). De modo tal que es el Estado santafesino el que se responsabiliza por el servicio de custodia que brinda mediante personal calificado y legalmente armado.
Eso no ocurre cuando, cómo en muchos comercios de la provincia se ve a diario, los policías hacen servicios adicionales truchos, por fuera de su horario de trabajo normal y habitual. Ese tipo de labor les reporta a los uniformados un dinero negro que no pasa por ninguna oficina de Jefatura.
Operativos. Por orden del juez Nicolás Falkenberg y la fiscal Mariela Jiménez, lo sinvestigadores marcaron dinero que alguno de los efectivos favorecidos por los adicionales tenía que entregar y ello permitió detener al jefe de la BOU y a cuatro uniformados más en un departamento. Posteriormente, en su despacho de la UR I, fue apresado el jefe de la Agrupación Cuerpos de quien depende la BOU. Falkenberg deberá determinar en las próximas horas la situación procesal de los detenidos. Es decir, si les imputa la comisión de delitos y cuáles serían éstos.
"A Asuntos Internos llegaron por vía separada, a mediados del mes pasado, dos denuncias en las que se afirmaba que la Jefatura del BOU asignaba tareas a un importante número de policías sin que los mismos supieran que eran pasadas como adicionales", fue la génesis del escándalo descripto por el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, Matías Drivet.
— ¿Cuál sería la diferencia en esos servicios?
— Los efectivos cobran un sueldo por ocho horas diarias de tareas en cada una de sus jurisdicciones. Los adicionales se llaman así porque son tareas que se adicionan a esas ocho horas y conforme la tarea de cada uno lo permita. Además, se cobran en el recibo de sueldo como un ítem aparte. Esto dio comienzo a una investigación porque se pone en conocimiento del juez Falkenberg y de la fiscal Mariela Jiménez.
— ¿Según las denuncias, esos policías creían que las custodias que hacían era su tarea regular dentro de sus ocho horas por las que cobran el sueldo mensual?
— Así es.
— ¿Y el trabajo regular de ocho horas diarias por el cual cobran su salario?
— Ellos creían que eran esos servicios adicionales.
— ¿No cumplían su tarea regular?
— Prima facie, no.
— ¿De cuántos efectivos disponía la BOU para cubrir el servicio de policía adicional?
— Alrededor de 500 hasta hace poco más de dos meses y hoy unos 200 como parte de cambios acordados entre el Ministerio de Seguridad y el jefe de la UR I, Omar Odriozola, por el que se reforzó con personal otras áreas y actividades. Había además preocupación en Odriozola por el funcionamiento de la BOU.
— En la provincia a todo empleado público, para poder cobrar su sueldo, se le exige que un superior certifique que cumplió las tareas que ese salario remunerará, ¿es así también en la fuerza?
— Si. Todos los efectivos a disposición de la BOU para cobrar adicionales requieren la certificación de su superior inmediato.
— ¿Podría haber más involucrados, entonces?
— Eso lo determinarán las investigaciones administrativa y judicial que siguen, cada una, su curso.
— ¿Cómo descubren los denunciantes que prestaban adicionales y no la tarea regular?
— Supuestamente algún contratante habría manifestado que pagaba por la presencia policial y a alguno de los denunciantes porque a los dos iniciales se fueron sumando otros efectivos que han ido a Asuntos Internos y brindado más detalles.
— ¿Cómo se cobran los adicionales?
— A cada efectivo se le deposita el monto de los adicionales que hizo en la quincena en la cuenta bancaria de su sueldo.
— ¿Entonces?
— Al parecer, a los efectivos se les había ordenado que tal cifra debían extraerla y entregarla en determinado lugar.
— ¿Los detenidos tendrían que ver con este sistema de recaudación?
— Eso lo dirá la Justicia.
A lo largo de su charla con este diario, Matías Drivet hizo hincapié en dos aspectos del caso. La impecable actuación de la Dirección de Asuntos Internos en investigar las denuncias y la del juez de Instrucción que lleva adelante la causa para disponer los allanamientos que el miércoles pasado tuvieron lugar en un departamento de avenida Aristóbulo del Valle, en la zona norte santafesina; y en las oficinas de la BOU ubicadas en la terminal de ómnibus. Sin embargo, el funcionario prefirió callar algunos detalles ya que la investigación se encuentra en un estricto secreto de sumario.
