El 14 de marzo de 2022, cuatro personas armadas irrumpieron en una casa del extremo oeste rosarino y en cuestión de segundos asesinaron a balazos a Stella Maris Chávez. Tenía 19 años, le decían Nachi y vivía desde hacía seis meses en esa vivienda precaria, usurpada a sus dueños, al final de un pasillo. A menos de un kilómetro, tres meses antes habían matado a balazos a Débora Andino, de 31 años. Cursaba el sexto mes de embarazo y fue acribillada delante de sus hijas, una de ellas de 9 años, que también resultó herida. Estefanía Gorosito, de 25 años, y su hermana Marianela, de 28, también eran madres. La tarde del martes 19 de julio de 2022 se subieron a un auto en Chubut y Garzon, fueron despojadas de sus celulares, alhajas de oro y las llaves de su casa mientras y las llevaron a un descampado del bario Cabín 9 donde las mataron de varios balazos.
El lugar elegido para presentar el trabajo, el edificio del Centro de Justicia Penal no es casual. Según advierte, "uno de los datos distintivos de estos crímenes es la impunidad sobre los feminicidas. Hay un alto desconocimiento sobre quiénes son los victimarios y cuando se los logra identificar, generalmente, los procesos son largos o no es posible sancionar la comisión de estos delitos", afirma.
Los crímenes en contexto de narcotráfico
Se llama femicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado al asesinato de mujeres , adolescentes, niñas, travestis-trans y lesbianas, motivado por su condición de género y enmarcado en dinámicas violentas relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos. Son crímenes en donde las relaciones desiguales de poder, la misoginia institucional y la vulnerabilidad estructural operan _ya sea como motor directo del crimen o como factor que amplifica su riesgo_ dentro de un entramado de violencia, impunidad y ausencia estatal.
El Observatorio de Mumalá empezó a registrar este fenómeno a partir de 2019, sobre todo en la ciudad de Rosario, el gran Rosario y otras localidades de la provincia donde se registran las tasas más altas de feminicidios del país en contextos de narcocriminalidad, crimen organizado y delitos conexos.
De acuerdo al informe, desde el 1º de enero de 2020 al 30 de julio de 2025, en la provincia de Santa Fe se registraron 219 asesinatos de mujeres, travestis - trans y lesbianas. De éstos, 128 fueron feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado. En el país, en ese mismo periodo, el total de feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado fue de 196, distribuidos en 12 provincias. El 65 % de estos crímenes ocurrió en Santa Fe, en particular en la ciudad de Rosario y Gran Rosario; 17,5 % en Buenos Aires; 5% en Córdoba, 4% en Tucumán.
El año 2022 fue el más violento de la serie registrada por el observatorio: se registraron 49 femicidios en contexto de narcotráfico. Con 49 casos, la cifra constituyó un 72 % del total de femicidios y trans - travesticidios que se registraron hace tres años en la provincia. Además, durante 2021, 2022 y 2023, los feminicidios relacionados con el crimen organizado en la provincia superaron a los femicidios directos cometidos en contextos de relaciones íntimas o de pareja.
En los primeros seis meses de este año, los femicidios en contexto de narcocriminalidad fueron cinco y hubo seis femicidios directos.
Rosario en el mapa del delito
El informe destaca también que, de los 128 feminicidios registrados en la provincia, el 96 % ocurrieron en Rosario y su área metropolitana, lo que indica una concentración de la violencia letal en el sur de la provincia. La ciudad de Rosario concentra el 87.5 % de los casos, mientras que Villa Gobernador Gálvez el 2.5 % y Granadero Baigorria, Ibarlucea , Puerto General San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Pérez presentan el 1 % de los casos, respectivamente.
El 4 % de estos femicidios ocurrió por fuera de Rosario y su área metropolitana: en la ciudad de Santa Fe en el 2%, Teodelina 1 % y Rafaela también el 1%.
Sin embargo, en el mapa rosarino, la distribución de estos crímenes tiene es muy particular. La muerte de mujeres en contextos de narcocriminalidad se concentra en los distritos noroeste, sur y oeste. De acuerdo a la estadística, desde 2020 se registraron 32 femicidios en el noroeste (29 % por ciento del total), 28 en el distrito sur (25 %) y 25 en el oeste (22 %).
El perfil de las víctimas
De acuerdo al trabajo, la mayoría de las víctimas de feminicidio por narcotráfico y delitos conexos eran muy jóvenes: el 40 % tenía entre 19 y 29 años, el 7 % entre 16 a 18 y el 3 % de 13 a 15 años. Es decir que el 50 % de las víctimas tenía menos de 30 años. La víctima de mayor edad fue una adulta mayor de 75 años (1 %). Las de menor edad fueron 5 niñas víctimas: 4 de ellas menores de 1 año, 1 de 6 años.
La edad promedio de las víctimas de violencia narco fue de 33 años, tres años menos que los 36 años que son el promedio para las víctimas de femicidios directos.
El informe destaca que son sumamente escasos los datos sobre los trayectos vitales de las víctimas. Por las crónicas de los casos publicadas en los medios de comunicación, señala, se induce que las víctimas se encontraban bajo la línea de pobreza o indigencia con alguna excepción. Un 22 % eran expendedoras de drogas o se dedicaban al narcomenudeo, el 9 % trabajaba en la informalidad y precarizada y el 5 % tenía trabajo registrado. El 4% percibió algún programa de empleo en tanto que el 4 % era jubilada/pensionada al momento de ser asesinada.
La mitad de las víctimas eran madres y cinco mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas.
El acceso a la justicia
El informe de Mumalá advierte sobre el crítico tránsito por el sistema judicial que tienen en la provincia estos casos. Textualmente señala que "los datos sobre la resolución de casos de feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado en Santa Fe indican un alto grado de impunidad, especialmente si se comparan con los femicidios directos".
En este sentido, afirma, el seguimiento de los casos muestra que el 69 % de los feminicidas se dio a la fuga, de los cuales sólo el 31 % fue detenido con posterioridad. Sólo el 25 % de los agresores de los casos analizados fueron detenidos e imputados. De ellos, el 29 % obtuvo una sentencia; el 49 % dentro del primer año, mientras que el 51 % restante lo hizo en un promedio de dos años y medio.
En uno de cada diez casos se detectó un autor intelectual, diferente del autor material. De este grupo la característica relevante es que el 60 % se encontraba en prisión al momento del crimen, es decir, operaron aún privados de su libertad. Sin embargo, sólo el 25 % de estos autores intelectuales fue imputado, y apenas el 5 % fue sentenciado, con una demora de tres años.
La falta de denuncias previas a los agresores es otra característica distintiva. Sólo se registró, en un caso, una denuncia anterior al feminicidio, en un contexto de amenazas para que la víctima abandonara su vivienda por encontrarse en un enclave estratégico para la narcocriminalidad. Esto difiere significativamente de los femicidios directos, donde el 17 % de las víctimas había realizado una denuncia previa.
El Observatorio Nacional de Mumalá "Mujeres, disidencias, derechos" fue creado en junio del 2015, acompañando la demanda de los feminismos de políticas integrales para prevenir femicidios. Frente a la escasez de datos oficiales, desde la organización se empezaron a relevar los casos publicados en medios digitales y gráficos, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forenses.
El relevamiento busca visibilizar la necesidad de políticas públicas territoriales, integrales, articuladas, efectivas, que impacten en la vida de las mujeres, lesbianas, travestis, trans en situación de violencia de género.
