El juicio a los policías acusados por el crimen de Jonatan Herrera, baleado en la puerta de su casa de barrio Tablada el 4 de enero de 2015, no podrá realizarse este año. Si existía una mínima posibilidad de que eso ocurriera, ésta se diluyó ayer tras la audiencia preliminar realizada al efectivo de la Policía de Acción Táctica (PAT) Alejandro Gálvez, para el que se presentaron tres propuestas diferentes sobre cómo encuadrar su situación. Tras escuchar a las partes, el juez Juan Andrés Donnola indicó que emitirá su "resolución sobre la audiencia por escrito", para lo que tiene un plazo de cinco días.
El 19 de septiembre, el camarista Alfredo Ivaldi Artacho había decidido que el juicio comenzara "a más tardar en diciembre" para evitar que se agotara el plazo de prisión preventiva para tres de los policías inculpados. La medida cautelar vence el próximo 4 de enero, cuando cumplan dos años tras las rejas sin condena y entonces podrán solicitar su libertad hasta el juicio.
Alejandro Jonathan Gálvez tiene 22 años y es oriundo de la ciudad de Santa Fe. El 4 de enero de 2015, cuando ocurrió el homicidio, llevaba un mes de egresado del Instituto de Seguridad Pública de la provincia. Es uno de los cinco agentes acusados del crimen de Herrera, quien fue mortalmente herido cuando lavaba su auto en la puerta de su casa y era ajeno a la persecución policial que agentes del Comando Radioeléctrico realizaban tras el supuesto ladrón de una juguetería, hecho al que luego se sumaron cuatro uniformados de las PAT que viajaban en un colectivo urbano y, al ver lo que ocurría, decidieron bajar para intervenir, causando la muerte del vecino con sus balas.
Abreviado caído. En septiembre tres camaristas desestimaron un proceso abreviado en el que Gálvez acordó ser condenado a 3 años de prisión efectiva por abuso de armas agravado por su función de policía. El jueves 16 de septiembre el juez Donnola ordenó la libertad del agente porque, pese al tiempo transcurrido, su situación no estaba resuelta en lainvestigación. El policía siguió ligado al proceso y ayer se llevó adelante el paso previo al juicio: la audiencia preliminar.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Miguel Moreno acusaron a Gálvez por abuso de armas agravado por su función de policía y requirieron una condena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, lo mismo que se acordó en el abreviado. Además, la Fiscalía solicitó la unificación de las acusaciones en un solo juicio oral, moción a la que la querella le sumó el enjuiciamiento a los imputados por encubrimiento. En ese sentido, la querella por parte de la madre de Herrera (los abogados Salvador Vera y Analía Abreu) solicitaron que la calificación fuera tentativa de homicidio agravado por su función de policía con una condena de 15 años. Mientras que la abogada Sara Marcos, patrocinadora del agente, pidió su absolución y la nulidad de todo lo actuado. Ahora el juez Donnola tiene cinco días hábiles para expedirse en una resolución escrita haciendo una valoración de estas posiciones.
A los tiros. La siesta del 4 de enero de 2015 efectivos del Comando Radioeléctrico perseguían por bulevar Seguí al este a un joven que había robado una juguetería. El ladrón huía hacia Ayacucho, justo frente a la casa de Jonatan, que en ese momento lavaba su auto en la vereda. Entocnes un colectivo de la línea 133 iba por el carril sur del bulevar y en él viajaban cuatro agentes de la PAT que al advertir la escena bajaron: Gálvez y Ramiro Rafael Rosales por la puerta delantera; Luis Alberto Sosa y Francisco Alberto Rodríguez por atrás.
Los policías del Comando hirieron en una pierna al ladrón y lo retuvieron sobre pasaje Villar, en la puerta de la casa de Herrera. Pero suspares de la PAT comenzaron a disparar al bulto. Jonatan trató de refugiarse detrás de un tambor de agua primero y un árbol después, pero recibió tres balazos. Según las pericias, un disparo de Rosales hirió a Herrera en la cadera y le afectó la arteria hipogástrica de manera letal. Otra herida fue en el pie izquierdo. Y un tercer balazo le rozó la cabeza y le arrancó el cuero cabelludo. Recién en junio de este año se determinó que ese disparo salió del arma de la agente del Comando Gladys Galindo, imputada al igual que Rosales de homicidio calificado.
En la audiencia preliminar se hizo hincapié en la posición que adoptó Gálvez al bajar del colectivo. Para la acusación y la querella, no tuvo manera de individualizar al ladrón que era perseguido pero sí a Herrera. Para la Fiscalía, disparó hacia Herrera sin impactar en él. Para la querella, Gálvez disparó con un arma provista por el Estado y debió valorar que podía quitar una vida. "No impactó por razones ajena a su voluntad", expresó Abreu.
De frente. La abogada Sara Marcos, defensora de Gálvez, enfocó su estrategia en la querella que representa a la madre de Herrara. Criticó que demoraran más de dos meses en acusar y que basaran su imputación en suposiciones. "La acusación es un corte y pegue del planteo de la Fiscalía a la que le sumaron un intento homicida", planteó la profesional. Pidió que compareciera un perito balístico de parte, algo que fue refutado por la Fiscalía y la querella al entender que esa exposición hubiera sido adelantarse al juicio. Entonces pidió leer parte del informe del idóneo que describen la mecánica del hecho tal como la plantea la defensa. La discusión entre las partes, fundamentalmente entre la querella y Marcos, llevó al juez Donnola a llamar la atención. "Les pido que mantengamos las formas y el léxico jurídico", dijo después de que la defensora de Gálvez llamara "doblemente mentiroso" al abogado Vera.
Luego las partes leyeron listados de pruebas y testigos. Y el juez anunció que su dictamen sería escrito, tras lo cual la Oficina de Gestión Judicial designará fecha para la celebración del juicio oral. Algo que según fuentes consultadas no podría suceder antes de marzo u abril del año venidero.
