Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco

La búsqueda de la mujer desaparecida tras la denuncia de una extorsión narco en Rosario concluyó pocos días después de una audiencia clave en torno a la investigación. Alicia Isabel Godoy acudió a la policía y fue identificada después de un mes sin novedades respecto de su paradero.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que la víctima se presentó ante las autoridades este martes a la noche. La última vez que la habían visto fue el 4 de abril, cuando su familia empezó a sufrir aprietes de vendedores de droga por una deuda de 150.000 pesos.

Según el reporte oficial, Godoy fue a la Estación Policial Sudoeste poco después de las 20. Agentes del Comando Radioeléctrico recogieron sus datos personales y constataron que había una búsqueda de paradero activa en el marco de la causa que tiene a su cargo la fiscal Paula Barros.

Una mujer desaparecida y una deuda narco en zona sur

Los investigadores identificaron a la mujer de 39 años cerca de la esquina de Iriondo y Lácar. Tras el aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la trasladaron a la comisaría 21ª para tomarle declaración y evaluar su estado de salud.

La primera audiencia sobre el caso se llevó a cabo el último jueves, cuando tres personas quedaron bajo prisión preventiva por extorsión y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. De acuerdo a la denuncia, la casa de la víctima, ubicada en Flammarion al 4900, era utilizada para la venta de drogas y empezaron a reclamarle dinero ligado a esta actividad.

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El MPA identificó a tres sospechosos más y planteó que todos estaban involucrados en un secuestro para saldar la deuda. Sin embargo, la jueza Luciana Vallarella rechazó esta definición y dispuso la recalificación legal de los hechos.

Entre otros detalles, la fiscal determinó que una chica menor de edad se encargó de ir a pedir la plata varias veces a la casa de la familia de Godoy. La evidencia presentada en el Centro de Justicia Penal indica que la joven actuó de acuerdo a las órdenes impartidas por María Belen S. y Ana Laura S. para cobrar. Ambas quedaron bajo prisión preventiva efectiva hasta el 13 de agosto junto con Gastón D., uno de los supuestos vendedores que trabajaban en la vivienda.

Golpes y amenazas narco

El mismo día de la desaparición de Godoy, sus parientes fueron amenazados por un grupo de personas armadas. Durante la jornada siguiente, la adolescente que estaba con ellos regresó y les dio los datos de las cuentas virtuales únicas (CVU) para que pagaran.

En primera instancia, la familia entregó una bicicleta para tratar de saldar la deuda. Durante la noche del 5 de abril, uno de los habitantes del inmueble decidió hacer dos transferencias para las imputadas con el fin de frenar los aprietes mafiosos.

El cobro no fue suficiente para resolver el conflicto. La Fiscalía presume que las tres personas detenidas retuvieron a la mujer de 39 años en una vivienda cercana, ubicada sobre Vuelta de Obligado al 4900. Allí operaron al menos hasta el 8 de abril, cuando uno de sus allegados recibió dos cartones escritos a mano con datos personales de integrantes de su entorno, algo que parecía demostrar que la estaban controlando para obtener información.

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El último capítulo de la historia previo a los allanamientos pedidos por el MPA ocurrió el domingo 19 de abril en la zona antes mencionada. Dos familiares de Godoy fueron a la casa de Ana Laura S. a pedirle que se presentara ante las autoridades. En ese momento, la imputada reaccionó violentamente: tomó del pelo a una de las víctimas, le pegó y la tiró al suelo.

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Otras personas se sumaron a la agresión y empezaron a tirar objetos contundentes entre la tarde y la noche de aquella jornada. Mientras tanto, la acusada arrojó varias veces un cuchillo serrucho. La hermana de la mujer atacada trató de defenderla, pero Yonatan C. intervino y la golpeó. Este último también fue imputado por lesiones leves dolosas y amenazas coactivas. Tras la audiencia quedó en libertad, aunque debe presentarse una vez por semana ante la Justicia y tiene prohibido contactarse con las víctimas o testigos.