POLICIALES

El 10% de las víctimas de homicidios en los últimos 8 años eran menores

A partir de 2013 se registraron en el departamento Rosario 166 muertes violentas de chicos que no habían cumplido 18 años. Causas de un fenómeno sin fin.

Domingo 09 de Mayo de 2021

Cada vez que un niño o un adolescente muere víctima de la violencia su nombre, a veces más y otras menos, es el que se instala como visible ante un drama que impacta al menos en las primeras horas después de ocurrido el hecho. Al tiempo se pierde entre otros, en un contexto en el cual la violencia no repara en edades. Pero, si se mira hacia atrás, los números reflejan un problema certero: en los últimos 8 años en el departamento Rosario hubo al menos 166 homicidios con víctimas menores de 18 años. De esos casos, 112 fueron víctimas del uso de armas de fuego. Para ponerlo en porcentajes, casi el 10% de las víctimas de las 1.737 muertes dolosas en ese período tuvieron como víctimas a menores.

Desde 2013, según el registro que realiza este diario, hubo al menos 166 hechos que fueron investigados como homicidios dolosos. De ese total al menos 112 sucedieron en un contexto de conflictos interpersonales o vinculados a disputas entre bandas que tuvieron a menores como blancos directos o víctimas colaterales de ataques a balazos.

El pico de casos se dio en 2013, en consonancia a la cifra general más alta registrada en el departamento Rosario que fue 271 homicidios dolosos. Ese año fueron al menos 35 crímenes, 24 de los cuales tuvieron a los menores como víctimas letales mediante el uso de armas de fuego. A partir de entonces disminuyeron hasta registrar 16 casos en 2020, 13 de ellos producidos con armas. Y en lo que va de 2021 ya se contabilizaron 7 hechos. El dato que grafica una característica clave de este problema es que todos, sin excepción, ocurrieron en los barrios periféricos de la ciudad y la zona.

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Otros 17 homicidios de esos 166 podrían considerarse consecuencias de conflictos pero mediante otras modalidades como el uso de armas blancas, casas incendiadas intencionalmente o golpes en riñas. En tanto la muerte de niños menores de 10 años en contextos violentos de distinta índole y por diversos medios —como ataques contra viviendas o contra familiares— se dieron en al menos 13 casos.

La cifra total aumenta considerablemente si el rango de edad se extiende para abarcar desde los 18 a los 21 años. En ese caso se registraron en el mismo período 2013/2021 al menos 266 homicidios. De ese total 228 respondieron a conflictos con víctimas fatales mediante el uso de armas de fuego. Si se suman ambas franjas de edad el número total sube a 432 personas de hasta 21 años fallecidas en situaciones violentas.

El contexto

El último homicidio con una víctima menor de edad fue el de Misael Godoy. Tenía 17 años y vivía en un sector muy humilde del barrio Las Flores. El domingo 2 de mayo fue a la casa de su novia, en Humberto Primo y Camilo Aldao, corazón de barrio Ludueña. Iba a vender choripanes para recaudar dinero para festejar los 15 años de ella. Por circunstancias que todavía no se esclarecieron, y sobre la cuales hay distintas versiones que desligan a la víctima, el chico recibió balazos de parte de personas que pasaron a bordo de dos motos y que no eran para él.

Los días siguientes sus seres queridos lamentaron el hecho y destacaron la historia de Misael. Incluso hablaron los docentes de la Escuela Nº 407, quienes recordaron a su alumno que este año había comenzado a cursar el 5º año en la tecnicatura en Maestro Mayor de Obras. Lo que disgustó a la comunidad educativa, más allá de este trágico desenlace en la vida de un alumno, fue la sensación de que la historia no deja de repetirse.

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Eduardo Matuc es docente de la escuela a la que iba Misael pero además ejerce la docencia en Las Flores desde hace más de 20 años. En ese trayecto, que también se intercaló con trabajo social, vio cómo la zona sur fue atravesada por la violencia. “Hemos tenido muchos pibes asesinados, hemos concurrido a muchos velatorios”, resumió en diálogo con este diario.

Un Estado en retirada

Lo que Matuc destacó, más allá del drama puntual de los homicidios con víctimas en edad escolar, fue el contexto social en el cual crecieron las primeras generaciones atravesadas por la violencia urbana desde el pico de homicidios de 2013. “El barrio se divide por la presencia de una banda que desplaza a otra y a partir de ahí el Estado se fue retirando”, refirió en relación a aquellos años. “Cuando comienzan las disputas todo se empieza a solucionar a los tiros”, agregó Matuc.

Esa situación fue determinante en jóvenes en edad escolar para quienes el peligro quedó demarcado territorialmente con esa suerte de fronteras invisibles impuestas por problemas de distintos tipos. “Da la impresión de que un arma está al alcance de cualquiera, entonces cuando tienen broncas andan con armas. Incluso las han llevado a la escuela, y cuando se les preguntaba por qué, era porque tenían una bronca”, explicó el docente.

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Consultado sobre cómo impacta en la vida de los chicos el hecho de tener amigos o compañeros asesinados, el docente analizó: “No se ha naturalizado, pero está aceptado. Nacen, crecen y conviven con esa realidad”.

Disminución

El asesinato de Mercedes Delgado, la militante social baleada en enero de 2013 al quedar en medio de una disputa entre familias del barrio Ludueña, apuró al municipio a poner en marcha el programa Nueva Oportunidad como una manera de acompañar a las organizaciones de base de distintos barrios. “La primera experiencia del programa estuvo vinculada al aumento en la tasa de homicidios que tenía como exponente a pibes varones de 15 a 30 años”, recordó Luciano Vigoni, quien fue director de esa iniciativa de encuentros y talleres que en 2015 logró alcance provincial.

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Para Vigoni, actual director de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, resulta clave “asociar la violencia a las desigualdades”. “Vivimos en una zona donde las condiciones materiales de vida al nacer son determinantes para la existencia y donde la muerte está asociada a esas condiciones”, explicó. “La violencia tiene varias dimensiones que la explican, pero fundamentalmente las desigualdades”, agregó.

El Nueva Oportunidad abarcó a chicos y chicas que no iban a la escuela ni tenían trabajo, “que estaban en un mayor riesgo y nivel de exposición”, indicó Vigoni. Para entonces fue primordial el diálogo con las organizaciones sociales y políticas, los curas barriales y otras experiencias de trabajo social gestadas en los sectores más afectados por la violencia. En principio los barrios apuntados fueron Ludueña, Santa Lucía, Tablada, La Cerámica y Villa Banana. Se comenzó con 300 jóvenes y con el paso de los años alcanzó a 19 mil en toda la provincia.

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Para Vigoni este tipo de política pública influyó en la disminución de menores asesinados que se notó a partir del pico de 2013. “Era una población a la cual el Estado miraba solo con el área represiva o mediante un proceso judicial, pero se los empezó a mirar con un lado más humano, con el encuentro entre las organizaciones y el Estado”, explicó.

“Ese vínculo con el joven no alcanza. Porque sigue habiendo homicidios y pibes que ya no están. Pero se pone en tensión la discusión presupuestaria. Si se compara los presupuestos en Desarrollo Social y Seguridad siempre hubo una diferencia importante”, analizó. “Programas como éste no llegan a hacer mella sobre la necesidad de una reforma estructural. Si esta temática no se toma como política de Estado a 10 o 15 años es muy difícil de torcer”, agregó.

Nada es monolítico

Las cantidades de casos en los dos rangos de edad abordados marcan una amplia diferencia entre los menores de edad y la franja de 18 a 21, siendo esta última en la cual se registraron 100 casos más en idéntico período. Para Eugenia Cozzi, investigadora del Conicet, eso puede deberse a que “el núcleo de la violencia horizontal siempre fue en edades de 18 a 25 años”.

“Hay que pensar cómo las políticas públicas, no solo de seguridad, configuran los contextos donde las dinámicas de la violencia son posibles. Cómo una política pública puede generar mayor protección a un determinado grupo y otros tipos de políticas pueden ponerlos aún más en riesgo”, analizó. En ese sentido indicó que el Estado “no es monolítico”. “Así como tiene una mirada punitivista, hay sectores que intentan abordar la conflictividad de los pibes desde otra forma, pensar como cuidar y proteger”, explicó.

Para Cozzi es necesario “pensar las variables estructurales”. “Cómo el género, la desigualdad, el mercado de trabajo determina la forma en que estos pibes con los materiales sociales disponibles construyen identidad, prestigio, respeto”, indicó. “En esos contextos particulares lo que hace el Estado o las organizaciones sociales inciden en la configuración de esas dinámicas”, agregó.

En estos años la niñez y la adolescencia de esos sectores estuvo expuesta de una u otra forma a la violencia urbana. Cuando la venta de drogas a baja escala se había afianzado mediante el búnker los menores de edad quedaron expuestos directamente a los conflictos con desenlaces violentos. En esas dinámicas se dieron casos como el de Rolando Mansilla, que tenía 12 años cuando en junio de 2015 fue baleado en el techo de un búnker de barrio Ludueña.

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“Así como el Estado no es monolítico, el delito ligado al mercado de drogas en los barrios tampoco lo es. Si hay una modificación en las formas de venta también eso hace que estén más o menos expuestos en relación a ese mercado”, explicó Cozzi, para quien “el narcotráfico no explica toda la violencia pero sí es una variable”.

En ese contexto de reconfiguración del mercado también se explican las muertes de los menores que son víctimas de balazos contra viviendas, quedan en medio de balaceras callejeras o están junto al blanco de un ataque. Quienes no están expuestos directamente pueden estarlo por convivir en esos territorios sobre los cuales caen los muertos.

Nombres de la tragedia

Las muertes de menores de 18 años en hechos violentos en los últimos años tienen múltiples móviles. Por mencionar solo algunos, para este informe se tuvieron en cuenta los robos en los cuales son víctimas y/o victimarios, la violencia de género, los conflictos intrafamiliares, los muertos por balas de fuerzas de seguridad y disputas entre bandas o ataques a sus viviendas. En ese marco, y en forma totalmente aleatoria, algunos de los casos que se contabilizaron en los últimos años son los siguientes:

  • Robo: La noche del 4 de octubre de 2013 dos ladrones armados ingresaron a un autoservicio de Neuquén y Garzón con fines de robo. Uno de ellos portaba un revólver calibre 22 largo y Eduardo Traversa, dueño del negocio, tenía una pistola calibre 9 milímetros con la que resistió el atraco. Gonzalo Bai, de 17 años y sin antecedentes penales, recibió cuatro balazos del arma del comerciante y murió en el lugar. Don Romeo, de 86 años y padre de Eduardo, fue alcanzado por dos tiros y murió dos días después.

  • Fuerza de seguridad: Jonatan Flores tenía 17 años y murió en un tiroteo que se produjo la noche del 4 de agosto de 2014 entre el agente de Prefectura Naval Amilcar A., de 28 años, y un grupo de muchachos que intentó asaltarlo cuando se encontraba con su novia en Eudoro Carrasco al 4200, cerca del puente Rosario-Victoria. Entonces, los pesquisas dijeron que el menor contaba con antecedentes penales y era parte del grupo de asaltantes.

  • Conflicto intrafamiliar: La tarde del 24 de agosto de 2015 Brenda Pacheco, de 17 años, se encontraba dentro de su vivienda de Platón al 1600, en el barrio Las Flores, con su sobrino en brazos. En la puerta de la vivienda se hallaban su mamá y sus dos hermanas. Entonces Marcelo Pacheco, tío de la adolescente, llegó al lugar con un arma de fuego buscando saldar un viejo conflicto con su hermano. Primero disparó contra las tres mujeres que estaban en la vereda y todas resultaron heridas de gravedad. Luego entró a la vivienda y sin miramientos asesinó a su sobrina con un balazo en la cabeza. La semana pasada Pacheco fue condenado por ese crimen a 24 años de cárcel.

  • Violencia de género: Guadalupe Medina tenía apenas 12 años y vivía con sus padres y siete hermanos en una casilla de villa Banana. La mañana del 25 de mayo de 2016 un vecino la encontró sin vida en una casa a medio levantar de Lima al 2900. Fue estrangulada y tenía heridas en el cuello, la lengua, la ingle, la vagina, la zona anal y la pierna derecha. La autopsia comprobó que había sido violentamente ultrajada por más de una persona. En diciembre de 2018 y tras varios vaivenes judiciales con distintos imputados, la Justicia acusó a Sergio Javier S. por el atroz hecho. El muchacho, por entonces, ya estaba preso por una condena que le habían dictado por un ataque similar cometido en el mismo barrio seis meses más tarde y cuyo ADN se corresponde en un 100 por ciento con el hallado en la boca, la vagina y las manos de Guadalupe.

  • Conflictos de bandas: El domingo 25 de junio de 2017 Micaela Dulce Duarte, de 5 años, estaba en la casa de su familia ubicada en Calle 1886 al 4300, en el barrio Avellaneda Oeste, donde su mamá tenía una pequeña granja. Allí mismo, cuatro meses antes habían asesinado de un tiro a su papá. Entonces pasaron por el lugar dos motos con cuatro muchachos que balearon el frente del comercio sin mediar palabras. Un proyectil alcanzó a la nena en la cabeza y la mató. El fiscal Adrián Spelta dijo entonces que el trágico episodio “fue consecuencia de una disputa entre dos grupos que se disputan el territorio, uno de los cuales como represalia por una pelea anterior se acercó a la vivienda y realizó una serie de disparos”. Por el demencial ataque fue apresado horas más tarde Enzo L., quien tenía 17 años y quedó a disposición del Juzgado de Menores.

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