Diputados le dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil

A una semana de que expire el período ordinario de prórroga, la Cámara baja santafesina le dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que condensa un nuevo Código Procesal que regula los procesos a los menores en conflicto con la ley penal. "Este Código se integra al nuevo Código Procesal de adultos y tiene como objetivo no la aplicación de la pena sino una reparación, garantizando la participación en el proceso de la víctima y apuntando a la reinserción del joven a la sociedad", resumió el jefe del bloque del Frente Progresista Rubén Galassi.

Como anticipó La Capital, en caso de ser sancionada por la Cámara alta la iniciativa por la cual se crea el Código Procesal de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe apuntaría a subsanar una laguna del sistema penal de la provincia. Ello por cuanto resume en un Código de Procedimientos una serie de normas para que los delitos de menores de 18 años se juzguen con un modelo semejante al que rige para los mayores de edad.

Nuevos roles

La norma deroga el viejo Código Penal Juvenil y traspasa todas las causas al Ministerio Público de la Acusación en una transición con plazo el 30 de octubre de 2018. Al tiempo que se disuelven los juzgados de menores, el proceso se resolverá en audiencias orales y públicas en tres etapas definidas: la investigación, el juicio a cargo de un magistrado y la pena a cargo de otro juez especializado en la materia.

El debate de ayer no tuvo unanimidad aún cuando condensó proyectos del Poder Ejecutivo y de los diputados opositores Leandro Busatto (PJ) y Carlos del Frade (FSyP). Uno de los contrapuntos se suscitó respecto de que el dictamen de mayoría no establece un piso de edad para los menores comprendidos en el nuevo régimen legal. En ese sentido se planteó que la iniciativa debería contemplar la franja comprendida entre los 16 y los 18 años.

En sintonía con el nuevo sistema penal el proyecto aprobado prescribe audiencias orales y públicas para juzgar a los menores y se otorga poder a los fiscales para investigar y ordenar las pruebas, además de acusar para la elevación a juicio.

El juez competente deberá responder a las peticiones de las partes y no investiga. Además se imponen límites a las medidas cautelares, como el caso de la prisión preventiva por 60 días y que actualmente son indefinidas. Ese plazo permitiría diagramar el trabajo especializado para el menor imputado.

La defensa actuará en forma orgánica reportando a un mismo jefe, lo que permitirá contrarrestar los planteos cautelares o de prueba del fiscal. En el actual modelo el Procurador de la Corte es jefe tanto de los fiscales como de los defensores públicos.