Imputaron al hermanastro de Alvarado como organizador de asociación ilícita

Gustavo Fernando "Tuerto" Ramos, hermanastro de Esteban Lindor Alvarado, fue imputado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra como organizador de una asociación ilícita integrada por al menos 11 civiles y cuatro policías en carácter de autor. La acusación colocó a "Tuerto" como la persona que tomó las riendas del negocio de su medio hermano cuando este cayó preso en Córdoba el último 3 de febrero; y como cabeza del conglomerado de nueve empresas legales que servían para financiar la ejecución de hechos violentos. Entre ellos, desviar las investigaciones del homicidio del prestamista Lucio Maldonado (ocurrido en noviembre) y las tres últimas balaceras a blancos del Poder Judicial registradas en 2018. La red financiera de la organización pone bajo la lupa de la Justicia un total de 109 vehículos y 35 propiedades.

Cuando la audiencia realizada ayer estaba a punto de finalizar, un dato de rutina disparó una nueva punta de la investigación. Ramos, por una cuestión de cercanía familiar, solicitó a la jueza de garantías Melania Carrara quedar detenido en la alcaidía de la Jefatura de policía de San Lorenzo. Pero el fiscal Edery se opuso al pedido: "Me opongo porque en la zona de San Lorenzo hay policías con muchos contactos con Esteban Lindor Alvarado". Si bien no dio nombres ni entró en mayores detalles, la manifestación evidenció que existen policías de la Unidad Regional XVII que podrían estar involucrados en la asociación ilícita de la que Alvarado es jefe, siempre según la acusación. Eso quedó más consolidado aún cuando la jueza Carrara, con firmeza, le dio la derecha a la Fiscalía y le dictó a "Tuerto" una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de ley. Es decir dos años con la posibilidad de una prórroga de un año más.

Breve descargo

Durante la audiencia Ramos pidió declarar pero no responder preguntas. "Entiendo que yo estoy acá porque soy hermano de Esteban Alvarado. No veo otra cosa", expresó. Previamente había dicho que había estado preso durante ocho años (por una condena a 12 años de septiembre de 2009 del Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba por contrabando de estupefacientes agravado), que tenía una pequeña empresa llamada "Transporte Mili" y un camión Scania de 30 años de antigüedad. Que trabajaba haciendo fletes con una comisión del 6 por ciento como ganancia y que en ese avatar de la vida hacía fletes con las empresas de su hermanastro.

También contó que se había enterado de que era buscado por la Justicia al notar que las cuentas de su empresa habían sido bloqueadas. "Nadie me comunicó que me buscaban", dijo el hombre que se entregó el martes pasado en la base de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

La acusación

Una hora más tarde de la hora programada para la audiencia, Gustavo Fernando "Tuerto" Ramos entró esposado a la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal y se sentó junto al abogado Fernando Arias Caamaño, de un estudio jurídico porteño. Por entonces, la jueza Carrara como buena parte del público habían escuchado unas 16 horas de debate —en al menos tres jornadas— en derredor de la imputación a Esteban Alvarado como jefe de una asociación ilícita.

Entre el público estaba una vez más Rodrigo Ortigala, quien comenzó en esta investigación siendo testigo protegido y que según la hipótesis de la acusación es una de las personas sobre las que Alvarado quería volcar el peso de la responsabilidad por los ataques a balazos en los que él está acusado.

La Fiscalía acusó a Alvarado de liderar una asociación ilícita conformada en tres estamentos. El primero integrado por personas que llevaban adelante la ejecución de delitos violentos contra la propiedad y las personas (entre ellos homicidios); el segundo estaba conformado por civiles y policías que buscaban dotar de impunidad a los hechos ejecutados por la mano de obra armada de la banda; y un tercer escalón donde estaban empresas comerciales y unipersonales legales conformadas por Alvarado mediante prestanombres o testaferros que dotaban de financiamiento a los otros estamentos.

Según los fiscales, "Tuerto" fue el organizador de la banda desde el 3 de febrero, cuando Alvarado cayó preso a manos de la TOE en un complejo de cabañas de Embalse Río Tercero, hasta su detención el martes pasado. Y "la cabeza" del conglomerado de las nueve empresas con las que la organización criminal se financiaba. Ramos formaba parte de los estamentos 1 y 3.

En la audiencia se escucharon una serie de audios captados del iPhone 8 secuestrado a Alvarado, en el que éste le daba diferentes órdenes para que hiciera y deshiciera sobre propiedades, vehículos y empresas de la organización. También se leyó la transcripción de una escucha, difundida ya en la audiencia donde se desgranó la red financiera, en la que Marcelo Nicolás "Fino" Ocampo y Leandro Suárez sostienen que tras la detención de Esteban Alvarado quien se hacía cargo del negocio era "su hermano". Es decir Ramos.

A su turno, el abogado Arias Caamaño, planteó su estrategia defensista desde dos puntos: defender la presunción de inocencia y plantear que la acusación pretendía imputar a Ramos una acción atípica.

Incompatibles

"No se puede imputar a una misma persona de ser jefe y organizador al mismo tiempo", dijo el abogado porteño. Y planteó que en el audio aludido "Fino" Ocampo y Leandro Suárez hablan de "el hermano" de Alvarado pero nunca se refieren directamente a Ramos. También indicó que del dialogo surge que tras consultar al abogado todo quedó en la nada. Y planteó que era "atípica" la manera en la que se sugería que Ramos había tomado las riendas.

Acto seguido Edery solicitó la prisión preventiva por el plazo de ley. Al fundamentar su pedido el fiscal le respondió a la defensa de Ramos indicando que Alvarado había negado tener una empresa de transporte, lo que exponía como imposible que "Tuerto" trabajara haciendo fletes para su medio hermano.

Caso testigo

Para marcar la peligrosidad procesal de Ramos, el fiscal recordó uno de los seis casos testigos expuestos en la audiencia anterior. La manera en la que Alvarado y Ramos despojaron a punta de pistola y promesa de incendiarle la casa al testigo Ortigala una vivienda en calle Misiones 865, en el barrio Tierra de Sueños de Roldán.

Luego de blanquear en los papeles la transferencia de esa propiedad, que se realizó en un bar frente a Tribunales con la presencia de un abogado, Alvarado colocó la residencia como capital social para la constitución de la empresa Toia SRL, donde Alvarado tenía su domicilio. El responsable legal de esa firma es un rosarino condenado por la Justicia Federal de Río Negro por tráfico de drogas.

A la hora de resolver, la jueza Carrara no solo le dio la derecha a la acusación sino que se mostró enérgica remarcando aspectos de porqué Alvarado, Ramos y los demás imputados debían estar bajo prisión preventiva.

La magistrada resaltó que la acusación estaba "holgadamente fundada" y rechazó el concepto de "atípico" con el que la defensa calificó la acusación de la Fiscalía. "Las evidencias son profundas y contundentes", indicó. Y en un mensaje fuerte y claro dijo que "Ramos no es un mero hermano de Alvarado", sino que tuvo un rol central en una "organización violenta" que atacó al Poder Judicial y trató de entorpecer el trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, sostuvo que intentó "ocultar información" sobre la investigación de un homicidio, el del prestamista Lucio Maldonado.

Luego dictó la prisión preventiva por el plazo de ley. Y en el epílogo del trámite, el defensor de Ramos solicitó, accesoriamente, que su cliente fuera alojado en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero, petición que deberá ser evaluada por el Servicio Penitenciario.