La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura elevó al plenario un dictamen contra el juez federal de Rosario, Gastón Alberto Salmain, con pedido de suspensión inmediata, apertura del procedimiento de remoción y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. No es un caso más. Es, en muchos sentidos, el caso que mejor ilustra por qué es urgente reformar el sistema de justicia en la Argentina, y por qué desde el primer día de nuestra gestión pusimos esa reforma en el centro de nuestra agenda.
Un juez con prisión preventiva que sigue juzgando
El juez Salmain fue procesado por la presunta comisión de los delitos de cohecho agravado, prevaricato y abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones —artículos 257, 269 y 248 del Código Penal—. La imputación es grave y concreta: junto con un empresario rosarino y un intermediario, habría acordado manipular un expediente judicial en su juzgado para autorizar, mediante una medida cautelar dictada en apartamiento de la ley, la salida al exterior de diez millones de dólares a través del Mercado Único y Libre de Cambios, a cambio de una comisión pactada sobre la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue.
El juez instructor que ordenó el procesamiento tuvo por acreditado, con el grado de probabilidad exigido en esa etapa procesal, que Salmain acordó esa maniobra en reuniones mantenidas en su propio despacho, que dictó las resoluciones orientadas a hacerla posible ignorando los planteos del Banco Central, y que cuando la devaluación de diciembre de 2023 achicó la brecha cambiaria, exigió un pago de hasta doscientos mil dólares por la operación frustrada.
La Justicia evaluó que existían riesgos procesales concretos —el propio juez había intentado acceder al expediente penal en su contra mediante un oficio institucional— y ordenó su detención preventiva. Esa orden no pudo hacerse efectiva: los fueros constitucionales de los que gozan los magistrados federales, regulados por la Ley 25.320, operaron como un escudo que paralizó su ejecución. El resultado es tan absurdo como inquietante: un juez federal con prisión preventiva decretada en su contra sigue sentado en su despacho, firmando resoluciones y administrando justicia en nombre del Estado.
No es la primera vez que esto ocurre. Los casos de los ex jueces Bento y Bailaque ya nos habían enfrentado al mismo problema estructural: el ordenamiento jurídico vigente no prevé mecanismos para apartar preventivamente a los magistrados que, con resoluciones judiciales de mérito en su contra, representan un riesgo concreto para el avance de las investigaciones. Esta anomalía —que tolera que un juez procesado por cohecho agravado continúe ejerciendo jurisdicción— desacredita precisamente a la institución que pretende proteger. Por eso desde la vocalía trabajamos en una propuesta de reforma que permita el apartamiento preventivo del cargo y, cuando existan riesgos procesales debidamente acreditados, la detención de los magistrados procesados. Esa propuesta fue acercada al Congreso de la Nación.
Pero el caso tiene una segunda dimensión, quizás más perturbadora todavía. El juez Salmain no solo enfrenta cargos por su conducta en el ejercicio de la función. También se lo acusa de haber ocultado, en los treinta y tres concursos a los que se presentó ante el Consejo de la Magistratura, que había sido cesanteado del Poder Judicial de la Nación.
Los motivos de ese despido son graves. En el año 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó —por unanimidad— su cesantía como agente del Poder Judicial, luego de que en un sumario instruido se acreditara que había intentado sobornar a una empleada de la oficina de sorteos de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El objetivo de ese soborno era que los expedientes previsionales iniciados por el estudio jurídico para el que Salmain trabajaba en paralelo —de manera indebida— fueran asignados al juzgado en el que él prestaba funciones, para poder influir luego en su resolución. Hubo testimonios, intercambios telefónicos grabados y un sumario administrativo con conclusiones unívocas.
Pues bien: esa persona —echada del Poder Judicial por intentar corromper el mecanismo de asignación de causas en beneficio propio— pudo presentarse durante años a múltiples concursos públicos ante el Consejo de la Magistratura, superar todas sus etapas, ser seleccionada y finalmente designada juez federal de la Nación, con asiento en Rosario. El sistema no solo no lo impidió: lo permitió y lo legitimó. El dictamen que aprobamos concluye que esa omisión configuró una violación del deber de buena fe y veracidad que impone el reglamento de concursos, y constituye causal de mal desempeño.
Este caso no ocurre en el vacío. Durante los ciento veintiún años de historia institucional previos a la reforma constitucional de 1994, el Senado de la Nación —actuando como tribunal de juicio político— removió a treinta y cuatro magistrados federales. En los apenas veintiséis años transcurridos desde la creación del Jurado de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Nación, ese órgano ya destituyó a treinta y ocho. El ritmo de remociones se aceleró notablemente. Esto no refleja un sistema más eficiente en detectar mal desempeño: refleja que algo falló antes, en la selección. El problema no empieza cuando un juez es removido. Empieza cuando alguien que no debería haber sido juez consigue serlo.
El caso Salmain expone, con una claridad que no admite evasivas, tres deudas pendientes del sistema de justicia argentino.
La primera es la de la información. Para tomar decisiones los consejeros que integramos la Comisión de Selección hoy dependemos, en gran medida, de la buena fe con la que los propios candidatos incluyen información en sus declaraciones juradas. No existen flujos automáticos de datos que crucen antecedentes disciplinarios, sanciones, historiales de desempeño u otros registros de su actividad previa. Para que la selección por mérito e idoneidad sea real y no una declaración de principios, el Consejo necesita acceder a información confiable, sistemática y actualizada. Eso implica abandonar el expediente en papel e incorporar tecnología en la gestión de los concursos —algo que la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema empuja en esa dirección y que nosotros venimos reclamando desde el inicio de la gestión.
La segunda deuda es la de los estándares éticos. La idoneidad para ejercer la magistratura no puede medirse solo en términos de conocimiento jurídico. La integridad personal y la conducta —tanto en el ejercicio de la función como en la vida privada cuando esta tiene trascendencia pública— deben ser evaluadas con criterios claros y exigentes. Por eso celebramos que el Consejo esté debatiendo la aprobación de un Código de Ética para el Poder Judicial de la Nación: es una herramienta imprescindible para elevar el umbral de lo que la sociedad tiene derecho a exigirle a quienes juzgan su conducta.
La tercera deuda es la de los mecanismos preventivos. La independencia judicial no está en discusión. Pero la independencia no puede ser sinónimo de impunidad ni de parálisis institucional frente a la gravedad. Necesitamos una regulación que permita apartar de sus funciones, de manera cautelar y sujeta a control judicial, a los magistrados contra quienes existan resoluciones de mérito que asignen responsabilidad provisional y expongan riesgos procesales concretos. La reforma de la ley de fueros que acercamos al Congreso apunta precisamente a cerrar esa brecha.
El dictamen que la Comisión elevó al plenario no es solo el resultado de una investigación disciplinaria. Es también la expresión institucional de una convicción que sostenemos desde el primer día: que el Consejo de la Magistratura tiene que ser el motor de la transformación del sistema de justicia, y no apenas su administrador pasivo.
El caso Salmain tiene tres momentos que el propio dictamen identifica con precisión: primero, como empleado judicial, intentó corromper el sistema de asignación de causas; luego, como concursante, ocultó esos antecedentes al órgano encargado de evaluar su idoneidad; finalmente, como juez, habría vuelto a incurrir en conductas funcionales vinculadas al manejo irregular de expedientes. No son episodios aislados: son los eslabones de una cadena que el sistema no supo —o no pudo— cortar a tiempo.
Cada caso de corrupción, cada juez procesado que sigue en funciones, cada concurso en el que el sistema falla, es una oportunidad desperdiciada si no sirve para aprender y para cambiar. El caso Salmain nos obliga a aprender. Lo que hagamos con esa obligación depende de la voluntad política del conjunto del Consejo, del Congreso y, en última instancia, de la sociedad que demanda una justicia a la altura de sus expectativas.
Esa demanda no es nueva. La diferencia es que hoy tenemos proyectos concretos sobre la mesa. El momento de avanzar es ahora.
