El gobierno provincial, en un operativo realizado junto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), derribó tres viviendas precarias que hasta hace poco tiempo funcionaban como puestos de venta de drogas. El operativo se hizo este viernes a la mañana en Leonardo Fabio y Pizzurno, en la zona norte de Rosario. En representación del MPA estuvo el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y por parte del gobierno estuvo el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. En declaraciones a la prensa, el funcionario judicial explicó que empezaron a demolerse esta mañana “fueron lugares en torno a los cuales se generaron hechos de violencia altamente lesiva”.
Estos procedimientos de demolición se cumplen en el marco de la ley aprobada recientemente por la Legislatura provincial que habilita al Poder Judicial de Santa Fe a intervenir directamente en casos de microtráfico de drogas, y en ese marco también abrió la posibilidad de que los funcionarios judiciales puedan solicitar la destrucción o derribo de los inmuebles en donde se haya comprobado que funcionaban como puestos de venta de estupefacientes.
Tanto en el caso de este viernes como en casos anteriores, las investigaciones oficiales revelaron que en torno a esas viviendas se perpetraron graves delitos como balaceras y homicidios.
Merlo señaló desde el lugar donde se realizó esta nueva demolición: “Hace varios años que estos puestos estaban vendiendo y desde el 2023 los tenían registrados por informes de la Justicia Federal. Nosotros también hicimos un total de 14 allanamientos de los cuales cuatro tenían relación con estos puntos de ventas”, subrayó Merlo.
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Asimismo, agregó que “hace 15 días atrás se secuestró material estupefaciente y tres de esos lugares se van a demoler, porque estuvieron vinculados a hechos de balaceras y homicidios. De esta manera, podemos tomar medidas que pueden darle un poco más de tranquilidad a la gente que vive en el barrio”, agregó.
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Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, indicó que “estos lugares funcionaban como punto de venta de estupefacientes, con eso solo, más allá del avance de la causa, la ley ya nos permite, a pedido de la Justicia, esta intervención sin perjuicio del avance de la causa”.
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“Ni bien están dados los supuestos legales habilitantes, se procede a la demolición justamente porque la política de microtráfico plasmada en la ley establece este accionar, al contrario cuando nos embarcábamos en una lógica que puede ser correcta de seguir una línea, eso derivaba en una líneas de investigaciones muy largas. Entonces como medida urgente de esta forma se bloquea a éste lugar para que no siga funcionando como búnker de drogas”, concluyó.
