Demolieron una casa donde funcionaba un búnker de drogas en zona oeste

Este jueves se realizó la demolición de una vivienda precaria que, hasta hace pocos días, funcionó como búnker o puesto de venta de drogas en Riobamba al 5000, en la zona oeste de Rosario. Las tareas, que se dieron en el marco de lo establecido por la ley provincial que permite la persecución del narcomenudeo en todo el territorio provincial, fueron llevadas adelante con una pala mecánica. Se trata de un "kiosco" que funcionaba cerca de dos escuelas y en torno al cual se produjo un asesinato.

Al momento de brindar las explicaciones a la prensa sobre la actividad en ese sector de barrio Azcuénaga Sur, el ministro de Seguridad del gobierno provincial, Pablo Cococcioni, señaló: “A 13 días de la entrada en vigor de la ley provincial de microtráfico, se efectuó una primera muestra pública de la aplicación práctica, más allá de la faceta investigativa y judicial de la Fiscalía en coordinación con la Policía de Investigaciones y otras fuerzas policiales”.

“La ley permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial. Esto se logra a partir de la solicitud de un fiscal de una serie de medidas que son la privación cautelar de la libertad de las personas involucradas, la desactivación del punto de venta y cuando es un búnker como en este caso o una construcción precaria montada específicamente para la venta de drogas, la ley también permite la demolición del inmueble”, amplió Cococcioni.

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Las vías de denuncias de lugares donde se trafica droga, son los Centros Territoriales de Denuncias o al propio Ministerio Público de la Acusación que tiene una página web para hacer denuncias on line.

"La ley permite una actuación que prescinde de lo que sería una investigación en el ámbito federal que persigue a los eslabones superiores en la cadena de comercialización de estupefacientes. Nosotros nos enfocamos en la desactivación del punto concreto de venta”, remarcó el funcionario. “No es una cuestión de quién interviene. Hay que distinguir dos lógicas diferentes. La Justicia Federal, que persigue la cadena de comecialización, y la intervención provincial, que es la desactivación directa de los puestos de venta”, añadió.

Al ser consultado sobre si los procedimientos que realiza la justicia provincial no podrían perjudicar o las investigaciones que se llevan adelante en el fuero judicial, Cococcioni consideró: “No, porque hay una mesa de intercambio de información que va a convocar la fiscal general con el Ministerio Público Fiscal de la Nación. En ese ámbito estarán solo fiscales provinciales y federales. Nosotros no intervenimos. Después habrá otra mesa de implementación donde se coordinarán todas las investigaciones para no que haya interferencias”.

“La investigación federal de narcotráfico es muchas veces de mediano y largo plazo. Y nosotros nos comprometimos a dar una respuesta más inmediata sin perjuicio de que sigan las pesquisas ulteriores. Hoy necesitamos restablecer el orden jurídico en la provincia de Santa Fe. Esta es una estrategia de intervención que será sostenida con bases en datos de inteligencia criminal. Estas primeras intervenciones se empezaron a armar cuando entró en vigencia la ley y se coordinaron cuando en la legislatura se discutía la ley de microtráfico”, añadió.

Por su parte, la fiscal general de la provincia, Cecilia Vranicich, agregó: "Este operativo tiene su génesis en una solicitud que efectuó, en un trabajo muy comprometido, el fiscal Aníbal Vescovo de Rosario. Una jueza tomó ese pedido y autorizó la destrucción de este puesto de venta de drogas. Este búnker, si bien es precario, lo hemos considerado como un mercado abierto de estupefacientes que genera violencia altamente lesiva".

Vranicich sostuvo que el inmueble demolido hoy "fue generador de la muerte de una persona directamente. Además, dando una vuelta por el barrio se puede ver que hay una escuela primaria a pocos metros y a tres cuadra hay otra. Entones, claramente para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios que estamos haciendo. Esto empezó hace trece días, con los mismos recursos, y ahora lo ponemos en vigencia progresivamente. También hoy en el Centro de Justicia Penal hay una audiencia donde el fiscal va a solicitar esta medida. Luego veremos si los jueces están de acuerdo o no".