Un joven de 18 años acusado de un homicidio y lesiones gravísimas contra dos personas en un hecho ocurrido en junio pasado en medio de los enfrentamientos entre dos familias afincadas en barrios Tablada y Municipal, seguirá bajo encierro en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar) luego de que la Cámara Penal rechazara un pedido de la defensa para que transite la investigación bajo custodia en la casa de una hermana. En la resolución se ponderó el contexto violento de la zona, lo cual tuvo como punto de inflexión el asesinato de la madre del joven sospechoso, en marzo pasado, hecho por el cual está acusado Alexis Caminos.
Los violentos encontronazos se suscitan desde hace al menos tres años entre actores del barrio Municipal (Grandoli y Lamadrid) conocido como "Pimpilandia" porque allí vivió el jefe de la barra de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos, y hoy ese poder está en manos de su hijo Alexis; y el sector de Tablada (Ayacucho y Uriburu) donde reside una familia enfrentada con él: Los Funes. El trasfondo de esa disputa está atado a varios aspectos, entre ellos la pelea por la barra brava de Newell's como territorio fértil para sostener otros delitos.
El detonante. En ese contexto, el 11 de marzo pasado ocurrió un homicidio que acentuó los enfrentamientos: el de Mariela Griselda Miranda, de 35 años, en Ayacucho y Lamadrid. La mujer estaba frente a la casa de un familiar cuando recibió dos balazos desde una moto. Era la madre de los hermanos Funes.
El 17 de octubre la fiscal Marisol Fabbro acusó a Alexis Caminos, de 20 años, por ese crimen. Un juez hizo lugar a la acusación y le dictó prisión preventiva sin plazos.
Antes y después de ese crimen hubo varios que se sucedieron en un radio de por lo menos 12 cuadras. Pero el 1º de mayo pasado ocurrió uno que generó otro capítulo en la Justicia y, según las evidencias que se acumulan hasta el momento, quedó íntimamente ligado al de Miranda.
Lógica de calle. Ese día una persona entró a un pasillo de Ayacucho al 4200 con una pistola automática y al grito de "tu hermano entregó a mi mamá", apretó el gatillo y acribilló a Eugenio Julio Solano, de 26 años. Con él estaban Mauricio Romero y Julián Alvarez, quienes resultaron gravemente heridos. Un testigo declaró que la voz intimidante que se escuchó antes de los disparos era la de Alan F., un joven de 17 años hijo de Mariela Miranda. Otros testigos, aunque de modo contradictorio y no tan claro, describieron su vestimenta y también lo señalaron.
Dos meses después del hecho, el joven se presentó espontáneamente ante la jueza de Menores 3, Carolina Herrera. Se abrió así la causa 429/16 en trámite bajo la figura de homicidio agravado, lesiones graves y portación de arma de guerra. Y se decidió derivar al joven al Irar.
En septiembre, y mientas se define su responsabilidad penal, sus abogados Juan Pablo Audisio y Sergio Larrubia solicitaron a la jueza que morigere la situación del joven en la casa de una abuela del joven. Pero Hernández lo negó porque el lugar propuesto era cercano a la zona de los conflictos.
Ayer la defensa insistió con un pedido similar. En una audiencia ante el juez de Cámara Alfredo Ivaldi Artacho y pidieron que el joven, que cumplió 18 años el 30 de septiembre, viva con una hermana lejos del epicentro de los episodios.
Para ello invocaron leyes y tratados internacionales sobre los derechos de los niños, que en estos casos dicen que el encierro o la privación de la libertad debe aplicarse como último recurso y de forma breve (lleva 4 meses en el Irar), y que las evidencias contra su asistido son contradictorias.
En el mismo sentido se expresó la asesora de menores, Mónica Sutter Schneider. La funcionaria dijo que a favor del pedido juegan los dictámenes elaborados por los trabajadores sociales acerca de las condiciones de vida favorables de la hermana del joven y su núcleo familiar.
Sin embargo la fiscal de Cámara Cristina Herrera se opuso. Recordó que el joven tiene antecedentes por abuso de armas, amenazas calificadas y lesiones, y que no se sometió voluntariamente a la Justicia. Y se amparó en los dichos de personas que plantearon el "terror" que tienen a declarar porque la familia del acusado amenaza a los vecinos. A tal punto que una de esas personas primero señaló a joven pero en una segunda declaración lo desincriminó, pero como dato inquietante pidió quedar bajo el sistema de protección de testigos.
Antes de resolver, Ivaldi Artacho decidió hacerle algunas preguntas al muchacho sospechado. "¿Cuantos años tiene usted?, indagó el juez. "18 años", respondió el muchacho. Luego aclaró que vive con sus padres, tiene tres hermanos, y que estudiaba 2º año en una escuela secundaria.
Aunque el juez le impuso a la fiscal que antes de fin de año impulse las medidas necesarias para acelerar la investigación, acumule las evidencias respecto a su idea del hecho y resuelva si acusa o desincrimina a Alan, rechazó el pedido de la defensa.
Si bien dijo que la prueba no es "de fortaleza ideal", analizó que se trata de "un caso excepcional que justifica el encierro", ya a los antecedentes penales se le suma este hecho de "máximo calibre".
