Tenía 18 años cuando, todavía bajo intervención de la Secretaría de Niñez, participó del plan para dejar un mensaje enviado por presos
Celina Mutti Lovera / La Capital
De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por atacar un colectivo.
Un joven de 20 años fue condenado el viernes pasado por haber arrojado una molotov contra un colectivo en enero de 2024, hecho que la Fiscalía consideró como intimidación pública. Al momento de ser aprehendido tenía en su mochila dos notas dirigidas al ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni. En ese entonces, el chico vivía en una institución bajo intervención de la Secretaría de Niñez, el área estatal que se había hecho cargo de su tutela desde que tenía 8 años.
Agustín Hoyo tenía 18 años cuando atacó un colectivo de la línea 143 junto a tres menores de edad en la esquina de Rondeau y Nansen. A los pocos minutos, la policía los detuvo y entonces se supo que los tres vivían en la residencia de una asociación civil que, bajo convenio con el Estado provincial, resguardaba a menores o jóvenes con la mayoría de edad recién cumplida.
Por entonces, el joven formaba parte del Programa de Acompañamiento al Egreso y, según sus acompañantes, buscaba un lugar para vivir de manera independiente. Tras su aprehensión fue imputado y trasladado a la cárcel de Coronda, donde fue alojado como preso de alto perfil. El viernes pasado aceptó en un procedimiento abreviado la condena a 4 años y 6 meses de prisión efectiva. El caso expone el complejo recorrido de un joven que pasó la mayor parte de su vida bajo tutela estatal, desde las áreas de protección de derechos al sistema penal.
El 6 de enero de 2024, pasadas las 2 de la mañana, Hoyo fue aprehendido en la zona norte junto a dos menores de edad que también estaban alojándose en Mi Casa, la residencia que la asociación civil Puente Amarillo tenía en 9 de Julio al 2500. Más tarde, en esa institución, fue detenido otro menor al que la policía buscaba bajo la sospecha de que también había participado del ataque al colectivo de la línea 143. Ese hecho había ocurrido un rato antes en Rondeau y Nansen, cuando el grupo hizo señas para parar el transporte y uno de ellos arrojó una molotov contra el parabrisas, provocando daños materiales. Minutos después, al ser aprehendidos, en la mochila que llevaba Hoyo, la policía halló dos notas intimidatorias: "Cococcioni, dejá de verduguearle la visita a los alto perfil. Nosotros los apoyamos. PB 1 al 20 Piñero y Coronda ala sur. Att: RR”.
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Tras dos años en prisión preventiva, este viernes Hoyo fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva. La jueza Hebe Marcogliese homologó el acuerdo presentado por la fiscal Laura Riccardo en acuerdo con la defensa del imputado. El delito atribuido fue intimidación pública agravada por el uso de explosivos, daño e incendio agravado por la participación de menores. La Fiscalía consideró que Hoyo puso en peligro la seguridad de los pasajeros y describió los daños en el colectivo: parte del parabrisas, las escobillas y el cartel luminoso superior y plásticos externos.
Un mes después de la detención de Hoyo cayó otro joven, imputado luego como instigador del hecho: Brian David Ayala, de 18 años entonces, quien también había estado alojado en la misma institución que los otros chicos. Los investigadores lo ligaron al recluso de Coronda, Leonardo "Faturita" Robledo, parte de una banda involucrada en un asesinato ocurrido en noviembre de 2023, durante el balotaje que ganó Javier Milei. Junto al cadáver se halló una nota que mencionaba al actual presidente, pero la investigación determinó que no fue con fines políticos sino para generar conmoción y salir en las noticias.
Hoyo había cumplido los 18 años en noviembre de 2023, dos meses antes de su detención. "Su cumpleaños se lo festejamos en una canchita de fútbol con compañeros de tres centros residenciales. Lo vimos contento, estaba bien, todos notábamos el cambio", le contó a La Capital en aquel entonces una trabajadora estatal que lo acompañó durante varios años. Por esos días, el joven buscaba trabajo y un alojamiento por medio de su referente en el Programa de Acompañamiento al Egreso, pero lo rechazaban cuando trascendía que estaba vinculado a Niñez.
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En la investigación al ataque al colectivo trascendió que los jóvenes involucrados lo habían hecho por dinero: les habían ofrecido 50 mil pesos a cada uno y no llegaron a cobrarlos. La directora de la institución en la que estaban alojados declaró en la investigación y aseguró que hacía un tiempo habían advertido un aumento en el consumo de drogas de parte de los chicos alojados allí, quienes podían retirarse durante el día pero debían volver antes de las 22.
Cuando Hoyo fue detenido, un juez de Menores que lo conoció analizó la vinculación del chico con el delito: "No se lo recluta para formar parte de una banda. Es el uso, como mero instrumento de descarte, de personas hipervulnerables”. Para entonces Hoyo llevaba diez años bajo tutela del Estado, un recorrido que quienes lo conocieron cuestionaron por algunas decisiones que marcaron el camino del joven. "Él pasó en la primera infancia, la segunda infancia y la adolescencia por situaciones de encierro", contó la trabajadora que lo acompañó.
Hasta su detención, Hoyo no tenía antecedentes ni causas en la Justicia de Menores. A los 8 años, tras una situación de vulneración de derechos en el ámbito familiar, intervino Niñez con una medida de protección excepcional. Fue alojado en el hogar Colonia Astengo, desde donde se intentó un nuevo acercamiento a su madre que no pudo lograrse y por lo cual pasó un tiempo en el Hospital de Niños Víctor Vilela. De ahí lo enviaron al Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) y luego una funcionaria de Niñez de una gestión anterior decidió su internación en una clínica psiquiátrica privada cuando era un niño de 11 años.
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“Estuvo encerrado, medicalizado e incapacitado por una interpretación salvaje de psicosis, que después fue negada por el diagnóstico que hicieron dos psiquiatras y una psicóloga que dijeron que su situación respondía a cuestiones psicosociales”, describió a La Capital una de sus acompañantes. Una vez retirado de ese lugar volvió a Colonia Astengo. “Se hace un gran trabajo, con un dispositivo terapéutico que se reunía semanalmente. Nos dimos cuenta que necesitaba que alguien lo sostenga”, contó esta persona.
Luego llegó a la institución en la que estuvo hasta que fue detenido: “Ahí es cuando empieza a construir un futuro. Le dieron el alta de la medicación, él estaba feliz. Quiso terminar la escuela, jugar al fútbol que siempre fue un crack, y empezó a trabajar en una gomería". A los pocos días fue trasladado la cárcel de Coronda, donde cumplirá su condena a 4 años y 6 meses de prisión.
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