Desde principios de enero un chico de 18 años está preso en la cárcel de Coronda acusado por un ataque incendiario contra un colectivo. En la audiencia imputativa, además, se le adjudicó un papel que llevaba consigo y contenía un mensaje al ministro de Seguridad de la provincia. Al quedar detenido se lo consideró “de alto perfil” y fue alojado en un sector destinado a esta categoría de internos mientras transcurren los primeros 90 días de la medida cautelar. Un poco más atrás de esta causa está la historia de un chico tutelado desde su infancia por el Estado provincial, que lo amparó bajo la ley de Niñez y ahora lo expone al sistema penal y penitenciario con una calificación cuestionada por los profesionales que lo acompañaron.
En el ámbito local de Desarrollo Social generó conmoción la detención de este chico, sobre quien se resguarda su identidad con el nombre ficticio de “Pedro”. Por un lado para no exponerlo y por otro porque su historia podría ser la de tantos otros. Se puede contar que tiene 18 años y que cursaba la última etapa de una intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que comenzó cuando tenía 8 años. Su último lugar de alojamiento había sido el centro residencial de una asociación civil que, bajo convenio con el Estado, resguarda a menores o jóvenes con la mayoría de edad recién cumplida. Tal es el caso de este chico, que formaba parte del Programa de Acompañamiento al Egreso y buscaba un nuevo lugar para vivir de manera autónoma e independiente.
Dos días antes de ser detenido, según consta en la investigación, había dejado dicha institución. El 6 de enero, pasadas las 2, fue aprehendido en la zona norte junto con otros dos chicos, menores de edad, que también estaban alojándose en el mismo centro residencial. Más tarde fue demorado otro menor pero ya dentro de dicha institución. Los buscaban a partir de las descripciones físicas que brindaron los testigos de un incendio intencional a un colectivo.
El ataque
Ese hecho había ocurrido minutos antes en Rondeau y Nansen, donde un grupo de jóvenes hizo señas para parar un colectivo de la línea 143 Negro. Cuando el vehículo frenó, describieron los testigos, uno de estos chicos arrojó una “bomba molotov” contra el parabrisas provocando daños materiales. Cuando la policía salió a buscar a los autores del ataque vieron a tres cuadras, en Rondeau al 300, a cuatro pibes que empezaron a correr.
Tras una breve persecución detuvieron a tres. Entre ellos estaba “Pedro”, quien según describió la policía llevaba una mochila con dos papeles con mensajes similares que mencionaban al ministro de Seguridad de la provincia: “Cococcioni deja de verduguearle la visita a los alto perfil. Nosotros los apoyamos. PB 1 al 20 Piñero y Coronda ala sur. Att: RR”. Una misiva que puede decodificarse teniendo en cuenta el contexto: las nuevas restricciones a presos calificados como de “alto perfil” y la firma R.R por las iniciales de los apellidos de dos internos sindicados como líderes de bandas.
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Foto: Celina Mutti Lovera
El 8 de enero el fiscal Franco Carbone le imputó a “Pedro” el delito de incendio agravado por la participación de menores de edad. “Dicho accionar temerario puso en peligro la seguridad de todas las personas que se encontraban en el interior del rodado, así como también los bienes, domicilios y vehículos aledaños al lugar”, describió el funcionario en su acusación. El fiscal había solicitado la prisión preventiva por dos años, pero el juez Carlos Leiva la acotó a 90 días. En cuanto a los menores, dos tienen 13 y 15 años y son no punibles, por lo cual quedaron en libertad. Mientras que otro, de 16 años, fue alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj) y su caso quedó bajo la órbita de un Juzgado de Menores.
La investigación continuó a cargo del fiscal Pablo Socca, quien a mediados de febrero imputó a otro joven de 18 años al acusarlo de haber planificado el ataque. En la causa surgió, por las conversaciones que había mantenido con uno de los menores implicados, que lo hacían para “gente pesada”. Es una sospecha concreta que tiene la Justicia, sin embargo todavía no fueron identificados.
Cuestión identitaria
“Pedro” es uno de los tantos chicos rosarinos que creció bajo amparo de la actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Un área que trabaja con población vulnerable y que, a pesar de ser esencial, está atravesada por serios obstáculos como la precarización laboral y la escasez de presupuesto. Un panorama complejo que dificulta la aplicación plena y eficaz de la ley provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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Aún con ese marco hay casos, como el de "Pedro", que son significativos por el abordaje realizado por los distintos equipos interdisciplinarios que lo acompañaron. Incluso a pesar de algunos momentos en los que, por decisiones de superiores, fue alojado en instituciones que continuaron vulnerando sus derechos. Pero en este caso puntual el chico llegó a los 18 años con una perspectiva de autonomía sólida y seguida por el Programa de Acompañamiento al Egreso. Hasta que quedó preso, situación que expuso cómo otra área del mismo Estado que lo contuvo ahora lo encerró bajo la categorización de “alto perfil”.
Dicha calificación en ocasiones es el resultado de trabajos de inteligencia criminal que analizan las estructuras de las bandas delictivas y sus dinámicas. Así es que aparecen distinciones, basadas en investigaciones judiciales, sobre presos que instigan delitos y participan desde el encierro de algún eslabón importante de negocios como el narcotráfico. Con el poder que ostentan tienen la capacidad de influir en personas en libertad, sobre todo jóvenes, para presionarlos a cometer delitos a cambio de dinero o seducirlos para integrar sus filas.
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Foto: Celina Mutti Lovera
Consultado por La Capital, el juez de Menores Alejandro Cardinale advirtió “una modalidad delictiva novedosa” a partir de lo que surgió de distintas investigaciones. “No se los recluta para formar parte de una banda. Es el uso, como mero instrumento de descarte, de personas hipervulnerables”, analizó. El caso de “Pedro” podría encajar en este análisis y a la vez exponer cierta improvisación de parte de quienes categorizan como “alto perfil” tanto al líder de una banda criminal como a un chico que vivió institucionalizado más de la mitad de su vida.
Interesa pensar qué implica dicha calificación para un joven en su etapa de crecimiento y en el caso de “Pedro” con una historia como la suya. “Le reafirma una cuestión identitaria. A veces los diagnósticos se momifican. Él fue un niño que necesitó rasgos identitarios, entonces toma lo que dicen de él. Ahora pasó a ser ‘de alto perfil’, lo que puede hacer que se coma ese papel. Porque de alguna manera él necesita ser alguien”, contó a La Capital una persona que trabajó varios años en su acompañamiento y por los mismos motivos de resguardo pidió anonimato.
“Él tiene el agravante por estar con menores. Pero cumplió los 18 el 14 de noviembre y estaba en el mismo grupo que esos menores. Si los captaron, los captaron a todos y fue algo que les dijeron que tenía que hacer”, explicó esta persona. “No conoce los códigos de la calle, que son una construcción social. Para ser incluido busca algo que el otro desea para poder dárselo, y eso dependiendo de quién es el otro puede no ser beneficioso para él”, agregó.
Un camino
Quienes conocen su historia la contrastan con el peso con el que el sistema penal decidió encerrarlo al menos por 90 días de manera preventiva. Lo que puede surgir en estos días hasta la próxima audiencia ya se sabe: no tiene antecedentes ni causas en la Justicia de Menores, sino por el contrario un recorrido de al menos diez años que inició con una medida de protección excepcional de Niñez para protegerlo del entorno vulnerable en el que había crecido.
A los 8 años fue alojado en el hogar Colonia Astengo, desde donde se intentó un nuevo acercamiento a su madre que no pudo lograrse y por lo cual pasó un tiempo en el Hospital de Niños Víctor Vilela. De ahí lo enviaron al Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) y luego una funcionaria de Niñez de una gestión anterior decidió su internación en una clínica psiquiátrica privada cuando era un niño de 11 años. “Estuvo encerrado, medicalizado e incapacitado por una interpretación salvaje de psicosis, que después fue negada por el diagnóstico que hicieron dos psiquiatras y una psicóloga que dijeron que su situación respondía a cuestiones psicosociales”, describió una de sus acompañantes.
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Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
Foto: Celina Mutti Lovera
Una vez retirado de ese lugar volvió a Colonia Astengo. “Se hace un gran trabajo, con un dispositivo terapéutico que se reunía semanalmente. Nos dimos cuenta que necesitaba que alguien lo sostenga”, contó esta persona. Luego llegó a la institución en la que estuvo hasta dos días antes de quedar detenido: “Ahí es cuando empieza a construir un futuro. Le dieron el alta de la medicación, él estaba feliz. Quiso terminar la escuela, jugar al fútbol que siempre fue un crack, y empezó a trabajar en una gomería. Ahora estaba buscando un lugar para irse a vivir solo”.
Desde que quedó detenido hubo muchas personas dispuestas a reconstruir el abordaje que recibió con una perspectiva de protección de derechos. Quienes lo conocen y lo quieren aseguran que su futuro es parte del recorrido que, más allá de las limitaciones y fallas del Estado, hizo hasta ahora. Un camino que contrasta con la manera en que esta vez quedó privado de la libertad, como ya había ocurrido en otras instancias de su vida por decisiones que pudieron revertirse al intervenir a tiempo sobre ellas.
