Después de aceptar un retiro voluntario en General Motors, Leonel Juan Z. se fue a vivir al sur. Trabajó en la construcción, se formó como albañil de obra y decidió volver a Rosario en 2023. Ese año su vida entró en conflicto. En la casa de sus padres vivían otros familiares y fue alojado por amigos hasta que alquiló una vivienda de dos pisos de Felipe Moré y French. Una casa que perteneció al preso de alto perfil Francisco “Fran” Riquelme y que el lunes comenzó a ser demolida por la nueva ley de narcomenudeo. Cuando llegaron policías, gendarmes y funcionarios, Leonel salió a recibirlos celular en mano, los filmó y gritó: “Esto no va a quedar así”. Desde entonces está preso.
Este hombre de 34 años, que tuvo su primer contacto con el sistema penal el año pasado por un intento de robo sin arma, fue acusado de amenazar al personal que iba a derribar la casa de Felipe Moré 600 bis donde vivió los últimos meses. El fiscal Pablo Socca lo imputó este miércoles por amenazas simples y resistencia a la autoridad. La jueza Lorena Aronne le dictó la prisión preventiva por dos años y autorizó una pericia a su celular. El acusado no se opuso y dibujó la clave de desbloqueo en un papel.
Z. fue detenido el lunes cuando las autoridades de la provincia llegaron a demoler una casa de Felipe Moré 612 en la que vivió Francisco Riquelme antes de ser detenido en 2020 y otra de que está enfrente, al 600 bis, asignada a su hermano prófugo. La semana pasada el fiscal Franco Carbone había solicitado el derribo de esas y otras tres propiedades asociadas a bandas criminales, usadas como búnkeres o aguantaderos y con un historial de balaceras y asesinatos en la cercanía. El derribo fue autorizado por la jueza Silvia Castelli.
Fue así que los operarios llegaron a las 11.15 a esa esquina a concretar la medida junto al secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra y personal de la Dirección de Niñez. Del interior de la casa del 600 bis salió Z.. “En la vía pública, con un celular en la mano, comienza a sacar fotos o filmar al personal policial y enviar mensajes a personas no identificadas”, expuso el fiscal, e indicó que mientras tanto gritaba “esto no va a quedar así” en tono amenazante. Fue detenido y le secuestraron el celular, un Samsung A 11, un cartón con un número de teléfono y 22 mil pesos.
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Socca remarcó que el incidente se produjo el mismo día en que ingresaba al Ministerio de Desarrollo Social una nota amenazante dirigida al gobernador: “Pullaro donde sigas demoliendo casas y no búnkers vamos a matar a los empleados municipales. Advertimos pacíficamente”, decía. Luego repasó otras situaciones, todas del último año, en las que Z. apareció ligado a causas penales.
En febrero fue imputado por un intento de robo sin arma en una escuela y quedó libertad, con la obligación de presentarse a firmar una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial a lo largo de once meses, pero sólo lo hizo las primeras tres semanas. El 22 de abril, policías del Comando Radioeléctrico fueron a Perú al 600 por un reporte de disparos de arma y detuvieron a Z. con seis cartuchos 9 milímetros, aunque no fue ligado a las detonaciones.
El 2 de junio, tras una balacera a la escuela Rosa Ziperovich que Fran Riquelme fue acusado de instigar, se allanó una casa de Felipe Moré 614 bis. En la misma cuadra de las casas demolidas. Se secuestró una moto, una pistola 9 milímetros que se había usado para disparar contra la seccional 20ª y 39 envoltorios de marihuana. Entre esas cosas había un DNI a nombre de Leonel Z. El 5 de enero se allanó la casa de Felipe Moré 600 bis, donde vivía cuando arrancó el lunes la demolición. Se encontraron tres cartuchos del mismo calibre y restos de consumo reciente de cocaína en esa vivienda donde Z. ya estaba residiendo con una mujer.
Para el fiscal, esas menciones y la actitud desafiante del lunes adquieren gravedad ante la entidad que tomó en los últimos años la banda de Riquelme. La guerra con la organización de Mauro Gerez, Andy Benítez y Jonatan Almada hizo escalar los asesinatos en los barrios Empalme, Industrial y Ludueña. Socca dijo que, con todos estos elementos, podría incluso ser acusado de pertenecer a la asociación ilícita de Francisco, a quien recientemente vincularon con algunas amenazas al gobernador.
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”Golpean la puerta de mi defendido y comienzan a demoler la vivienda. Hubo un sinfín de motivos que lo pudieron llevar a ese reproche”, dijo por su parte el abogado Martín Frassi. Z. es divorciado, no terminó la secundaria y pasó el último año sin un domicilio fijo. Su defensor contó que tuvo varios empleos registrados en blanco. Diez años atrás tomó a un retiro voluntario en la empresa General Motors, donde trabajaba en mantenimiento en el área de robótica, Cobró una indemnización y se fue a vivir al sur.
El año pasado, ya con experiencia como albañil de obra, decidió volver a Rosario. Dudaba entre volver a radicarse en la ciudad o irse a vivir a México. “Cuando llega a la casa del padre se encuentra con que el hermano la había derrumbado y había construido otra donde vivía con su familia”, reveló el abogado. Z. presentó una denuncia judicial por esa situación y se distanció de sus parientes.
Durante algunos meses, según Frassi, dormía donde podía en casas de conocidos mientras trabajaba en mantenimiento de casas. “Tenía algo de dinero ahorrado y sabía que esa vivienda del 600 bis estaba desocupada. Un día se encontró con un señor llamado Jorge, le preguntó si podía alquilar y empezó a vivir ahí por 45 mil pesos por mes con quien es su pareja desde hace cinco mees, madre de dos chicos de 3 y 8 años y un bebé de 9 meses”, expuso el abogado.
Frassi señaló que en 34 años su cliente estuvo más ligado a un entorno laboral que delictivo, hasta que 2023 se volvió “un año conflictivo, sin residencia normal y habitual”.
En la audiencia donde se solicitó el derribo de la propiedad el abogado había presentado un recurso contra la medida en nombre de Z., pero la demolición avanzó de todos modos.
“Estaba en ese domicilio al hacerse los allanamientos y contaba con elementos balísticos en esos territorios donde se suscitan hechos de violencia. En causas anteriores no ha cumplido con las condiciones y ahora amenaza al personal policial, siempre traspasa el límite”, evaluó la jueza, quien consideró que se trata de un hecho de “suma gravedad institucional” ligado a luchas violentas por el territorio en la ciudad.
