Francisco “Fran” Riquelme, preso como el jefe de una banda de narcomenudeo ligada al estallido de violencia en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, fue imputado por ordenar desde la cárcel federal de Ezeiza la balacera de fines de diciembre a la comisaría 19ª. Sindicado como el líder de una organización que tributa al empresario narco Esteban Alvarado, y acusado de instigar ataques armados contra escuelas, comisarías y una cárcel, sumó ahora una grave sospecha. El fiscal Franco Carbone planteó en la audiencia que estaría detrás de algunas amenazas recientes al gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro.
Es que entre la evidencia achacada a Riquelme figuran conversaciones con un joven de 18 años apresado a fines de diciembre por tirotearse con la policía en la zona de Provincias Unidas y Génova. Eso ocurrió dos días después de la balacera a la comisaría. El detenido iba en moto con un adolescente de 16 años y llevaba una nota con esta amenaza: “Gobernador Pullaro dejá de arreglar con el narco Beto Godoy que está en Piñero porque sabemos todo y te vamos a matar a toda tu familia”. El cartel no llegó a arrojarse en una escena criminal, como ya es habitual en las calles rosarinas. Pero en la Fiscalía creen que lleva el sello de Riquelme porque es quien le bajaba órdenes directas al muchacho.
Carbone planteó que el joven mantenía permanentes intercambios con un celular terminado en 081 que usaba Riquelme en prisión. El teléfono impactaba en antenas cercanas a la cárcel de Ezeiza, donde estaba en ese momento alojado en el pabellón 10. Luego de un incidente que mantuvo con los guardias a fines de diciembre, y que según la acusación motivaron la balacera a la comisaría de bulevar Seguí al 5300, fue derivado a la cárcel federal de Marcos Paz. El propio Riquelme denunció en la audiencia que allí lo tienen alojado “como un perro”, aislado, sin colchón, sin cubiertos, "sin un lápiz ni una birome", por lo que lleva diez días en huelga de hambre. “Me tienen como el peor de la historia”, se quejó.
El asunto de las condiciones de detención fue un punto fuerte en la audiencia. Justo el día en que la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, anunciaba que aislarán a presos de alto riesgo en cárceles federales en respuesta a las amenazas recibidas desde que asumió su mandato el gobernador. Como los delitos que le adjudican a Riquelme habrían sido cometidos desde el encierro, el fiscal pidió que se le apliquen restricciones en el régimen de visitas y comunicaciones. Citó precedentes de esas medidas—algunas se imponen ya a presos de renombre como Ariel “Guille” Cantero o Matías César— y dijo que la ministra Bullrrich dio su aprobación personal. La jueza Hebe Marcogliese las aprobó.
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A partir de ahora Riquelme sólo podrá recibir visitas de sus abogados y familiares más directos en un área de la prisión llamada locutorio, a través de un blíndex, sin contacto físico. Las visitas íntimas tendrá que tramitarlas en un juzgado. Se requisará su celda al menos dos veces por semana y sólo podrá hablar por teléfono a través del sistema “líneas blancas”, es decir, con contactos previamente constatados y sólo de su círculo familiar. Será por teléfono fijo o zoom una vez al día: de 10 a 12 o de 15 a 17, según su elección.
Riquelme escuchó la audiencia conectado por zoom desde la cárcel. Está preso desde el 3 de abril de 2020 por el ataque a balazos a Mariana Ortigala, una ex colaboradora de Alvarado que luego se acercó al círculo de Guille Cantero, jefe de la banda rival. Desde entonces el nombre de Francisco tuvo constante resonancia en las noticias policiales. No sólo por la guerra que mantiene su banda con una facción ligada a Los Monos —guerra que multiplicó por decenas las víctimas de asesinatos en Ludueña y Empalme—, sino también por la escalada de atentados a edificios públicos que le atribuyen.
La audiencia condensó dos aspectos de la agenda criminal de este tiempo que parecen jugarse en una dinámica de acción y reacción: los atentados de fuerte carga simbólica a edificios públicos y las condiciones de detención en las prisiones. Al punto que, según Carbone, fue un incidente en el pabellón lo que motivó la orden de Fran de disparar a la seccional 19ª.
El 22 de diciembre pasado, expuso, Riquelme tuvo un brote de furia porque no dejaron entrar a una chica que iba a visitarlo por estar sancionado. Dijo que empezó a romper sillas y a arrojar escobas y objetos a la guardia entre amenazas a los penitenciarios. “Prendan la tele hoy a la noche. Van a ver lo que voy a hacer. Los voy a cagar a tiros a todos ustedes. Voy a cagar a tiros una comisaría de Rosario hoy. Se van a querer matar, van a ver lo que voy a hacer”, dijo.
Cinco días después, el miércoles 27 de diciembre, desde un auto oscuro arrojaron al menos siete balazos contra la comisaría 19ª con una pistola calibre .380. Seis balas impactaron en el frente y otra en un auto secuestrado. Para la Fiscalía, el ataque fue ordenado por Riquelme desde prisión a personas aún no identificadas con la “clara finalidad de generar conmoción pública, teniendo en cuenta la coyuntura especial en la que se encuentra la provincia en momentos en que los más altos funcionarios del gobierno provincial están siendo objeto de amenazas”.
En el ataque dejaron una nota manuscrita con la inscripción “Mario Pino dejá de batir la cana, plantate gil”. Hay hipótesis sobre quién sería Pino, dijo el fiscal, pero todavía no está aclarado el sentido del cartel. “Me imputan balaceras en una comisaría sin tener ninguna prueba. Cada vez que balean una comisaría fue Fran Riquelme. ¿Con qué necesidad voy a mandar a balear una comisaría que está a 150 cuadras de mi barrio teniendo un montón de comisarías en mi barrio?”, se defendió Riquelme al declarar al borde de la indignación.
Su abogado, Juan Pablo Audisio, cuestionó la imputación. Dijo que la Fiscalía alude al contexto y a causas conexas porque no existe suficiente evidencia. "No hay ninguna orden directa o indirecta a personas que cometieron el hecho el día 27”, planteó el defensor. E indicó que el cartel dirigido a Mario Pino daría cuenta de una motivación diferente de la invocada. La jueza no obstante imputó a Riquelme como instigador de los delitos de intimidación pública agravada, daño y abuso de armas.
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Carbone pasó lista de tres asesinatos atribuidos a Riquelme el año pasado. Entre los que figura el asesinato del albañil Leonardo Rodríguez, baleado por azar ante una orden de matar a “cualquierita” para tirarle un muerto a un búnker rival en Teniente Agneta y las vías. Y repasó la saga de balaceras que le asignan haber ordenado a sus secuaces entre abril y mayo y que tuvieron como blanco las escuelas José Mármol y Rosa Ziperovich, la comisaría 16ª de barrio Tablada, la seccional 20ª de Empalme y el Order, en el complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800.
Luego, aunque no llegó a imputarlo formalmente, vinculó a Riquelme con las amenazas a Pullaro. Las sospechas de que estaría detrás de alguno de los atentados recientes surgen de aquel tiroteo demencial que dos jóvenes en moto mantuvieron con policías en Provincias Unidas y Génova. La zona donde Carlos Román Moreno y un chico de 16 años fueron detenidos con un cartel dirigido al gobernador. “Es un atentado frustrado que ordenó Riquelme”, dijo el fiscal, e indicó que la dupla iba en una Honda Biz negra con la misión de disparar contra la escuela Paulo VI y, una vez más, contra la parroquia María Reina. Todo en la zona de influencia de Fran.
De las conversaciones de Moreno con el celular atribuido a Riquelme surge que el joven recibía órdenes permanentes del preso o que él mismo las solicitaba para “activar”, es decir, hacerse de unos pesos y un lugar en la organización. Cuando lo apresaron llevaba unos guantes de látex negros idénticos a los que usaba uno de los dos tiradores que atacaron una sucursal del banco Macro, el 12 de diciembre, en Ovidio Lagos y Saavedra. En ese lugar dejaron un cartel amenazante contra Pullaro. Un día antes habían comenzado los movimientos de los presos de alto perfil en el pabellón 9 de Piñero. Y un día después fue la balacera contra el Hospital Clemente Alvarez, donde se usó la misma arma que en el ataque al banco.
Por fuera de atentados con impacto en la escena pública, en tanto, Riquelme fue además imputado por un intento de amenazas coactivas y daños cometidos contra el hermano de un detenido como miembro de su organización. “Ey, amigo, cuchá. Soy el Fran. Preparame la herramienta que tenés mía, que yo le había prestado a tu hermano, porque te digo la verdad, cumpa, te voy a matar a vos y a toda tu familia, uno por semana”, fue uno de los mensajes amenazantes que recibió por WhatsApp la víctima, a quien en los primeros minutos del 15 de diciembre le atacaron con al menos once tiros el frente de su casa en la zona oeste.
