El desempeño de una fiscal que mantuvo detenidos casi dos meses a dos jóvenes de 18 años denunciados en un caso de abuso sexual que no se pudo probar y terminó archivado es cuestionado en un complejo proceso judicial donde los damnificados le iniciaron una querella privada, que fue rechazada y hasta el momento parece empantanada en un intrincado proceso judicial. Al dirimir cuestiones del procedimiento, la Cámara Penal de Rosario ordenó archivar las actuaciones pero dejó abierta la posibilidad de que se pueda iniciar una demanda civil contra la funcionaria y el Estado provincial ante "una desprolija administración de justicia".
Se trata de Lorena Aronne, fiscal adjunta de Casilda que fue denunciada por los abogados de dos jóvenes oriundos de Correa a quienes mantuvo en prisión preventiva por 60 días tras acusarlos de abuso sexual contra una chica rosarina de 15 años, algo que finalmente nunca se pudo probar.
El caso se remonta al sábado 23 de mayo de 2015. Según denunció entonces la madre de la chica en la comisaría de Pujato, el hecho ocurrió en el playón del boliche Nox, ubicado sobre ruta 33 entre Casilda y Pujato, donde su hija había ido a bailar con amigas. La situación fue advertida por otras jóvenes que alertaron a un empleado del lugar sobre el supuesto abuso y de inmediato se dio intervención la policía y a la fiscal, quien ordenó detener a los sospechosos.
Tras 60 días con prisión preventiva, el juez Carlos Paretto ordenó la liberación a pedido de la defensa. Durante la investigación no se acumularon evidencias para seguir con la causa y la carpeta judicial fue archivada el 25 de noviembre de ese mismo año.
Con duros cuestionamientos a su desempeño, en agosto de 2016 Lucio M. y Bruno P. presentaron una denuncia penal contra la fiscal acusándola del delito de prevaricato y de "mentirle" al juez que ordenó la prisión preventiva. "Mintió. Para argumentar la imputación expuso ante el juez que ostentaba tres informes médicos coincidentes respecto a que la chica tenía signos de violación, algo que era completamente falso y quedó demostrado categóricamente con las pericias posteriores", aseguró a LaCapital el abogado de los jóvenes, Luis Rossini.
Sin embargo, la presentación de los damnificados fue desestimada por el fiscal Aníbal Vescovo por "atipicidad" y por no existir elementos para iniciar una investigación. Frente a esa negativa, los abogados plantearon el caso ante el entonces fiscal regional Jorge Baclini, quien rechazó el planteo tal como posteriormente lo hizo quien era fiscal general, Julio De Olazábal.
Zona gris
La situación entró en una zona gris en la que la pretensión de los jóvenes de obtener una respuesta del Poder Judicial pareció empantanarse. Según su abogado, fueron perjudicados y agraviados, y quedaron "marcados, con daños psicológicos" en "una sociedad muy pequeña como Correa".
En ese marco, la defensa echó mano a una figura poco usual que establece el Código Procesal Penal (CPP) de Santa Fe denominada conversión por querella privada. Así, las partes llegaron a una audiencia de conciliación celebrada el 6 de julio pasado en Cañada de Gómez ante el juez Jesús Rizzardi.
En ese trámite la defensa de Aronne, que ejerce el abogado del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) Mariano Buffarini, se opuso y rechazó a la figura por entender que "no había sujeto pasivo" ya que los querellantes no tenían competencia para decir que son víctimas del prevaricato fiscal. Y que la audiencia tenía "limitadas" las posibilidades de Aronne, puesto que la única conciliación "habría sido admitir el delito".
El abogado cuestionó cómo se ponderó en el CPP el procedimiento de conversión de querella privada y pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo que lo regula. Es que en ese complejo contexto, según Buffarini no hubo instancia para discutir la admisibilidad de las pruebas de la querella y ofrecer las de la defensa.
Planteos rechazados
Pero el juez rechazó ambos planteos y dijo que la cuestión debía tratarse en un juicio oral. La defensa de Aronne apeló y esa controversia se discutió la semana pasada en una audiencia ante el juez penal de Segunda Instancia Javier Beltramone.
Buffarini insistió con que el querellante particular debe cumplir con los requisitos de toda investigación, como los fiscales. Entre otras cuestiones técnicas, el defensor sostuvo que el prevaricato afecta a la administración de justicia cuando el fiscal actúa mal en función del interés de la víctima, en este caso la chica que denunció el abuso. Además remarcó que los pretensos querellantes "podrían haber iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio, pero intentaron la vía penal" y sostuvo que "no puede probarse que dolosamente Aronne quiso perjudicar en la causa".
El abogado Angelo Rossini, en representación de los jóvenes, manifestó que Aronne archivó las actuaciones "después de que se le cayó la acusación que formulaba por estupro (se modificó la imputación cuando fueron liberados), siendo que mantuvo la solicitud de prisión preventiva en modalidad domiciliaria".
"Al momento de pedir prisión preventiva la fiscal le mintió al juez, ya que tenía tres informes médicos contradictorios y ella dijo que eran coincidentes. La defensa no los pudo controlar, ni siquiera verlos antes de la audiencia, pero eso no autoriza a que la fiscal le mienta al juez", insistió el pretenso querellante.
"El delito de prevaricato tiene como bien jurídico protegido la administración de justicia. Pero ello no impide que un accinoar pueda perjudicar directamente a una persona, como el caso de los querellantes que estuvieron presos con 18 años por el accionar de Aronne y van a quedar marcados de por vida por ello".
Poco feliz
Tras escuchar a las partes, Beltramone citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la prohibición que tienen los jueces que, ante la oscuridad de una norma, "no pueden resolver sin advertir la posibilidad de afectación de garantías". Sobre ese base, calificó de "poco feliz" el desempeño del juez de primera instancia, que hizo un "análisis exegético de la norma, pretendiendo llevar a juicio directamente a una persona sin la posibilidad de poder discutir todas las condiciones que necesariamente deben operar y ocurrir conforme a los artículos 294 al 306, (la audiencia preliminar)" del Código Procesal Penal de Santa Fe.
Entonces, y en línea con resoluciones similares de primera Instancia, decidió revocar la resolución que parecía encaminar el caso a un juicio "por no respetar reglas de garantías". No obstante, rechazó la pretensión de inconstitucionalidad que reclamó la defensa a la norma que habla de la conversión a la querella privada.
Y se explayó sobre la cuestión de la excepción de falta de acción pretendida por el defensor. "Surge de forma clara que estamos frente a una pretensión del querellante privado de llevar a juicio penal sin legitimación activa", ya que es "la administración de justicia el bien jurídico tutelado que está afectado y no las personas a quienes representan los querellantes".
Beltramone sustenta su mirada sobre el caso en el antecedente de rechazo de la denuncia. "Tanto el fiscal que la investigó, como el fiscal regional y el general, estimaron la ausencia de cualquier conducta delictiva" de Aronne. "No puede convertirse la acción privada en una suerte de acción popular, cual pareciera ser la pretensión del querellante", razonó el magistrado.
Sin embargo antes de declarar el archivo de las actuaciones, deja a salvo una cuestión que pone de manifiesto el desorden procesal del caso. Dice dejar a criterio de los demandantes la posibilidad de iniciar acciones civiles al Estado provincial, "en el caso de que pudieran probarse las cuestiones que ventila" en orden a "una desprolija administración de justicia". Los pretensos querellantes adelantaron que apelarán esa resolución.
