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Los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich, se reúnen en una de las sagas violentas con más impacto público de las ocurridas en el último tiempo. Los meses siguientes un notorio descenso en los homicidios registrados en Rosario respecto de años anteriores marcó a la gestión del Ministerio de Seguridad tanto como aquella seguidilla de asesinatos que alcanzó a paralizar la ciudad.
En el transcurso de 2024, la Justicia provincial logró esclarecer parcialmente cómo se ejecutaron estos crímenes. Fueron identificados tres menores como autores materiales de dos de los asesinatos, otro joven de 17 años como organizador y ocho adultos que también participaron de la instigación y planificación de los ataques. La Fiscalía también sostiene como principal hipótesis, todavía bajo investigación, que se trató de una represalia de organizaciones criminales hacia el gobierno provincial.
Asesinatos de dos taxistas
Cerca de las 22.30 del 5 de marzo de 2024 el taxista Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, levantó a un adolescente en Uriburu y Oroño para dirigirse a Flammarión al 5100. Al llegar a destino, una vez que el vehículo frenó, otro joven apareció a pie y comenzó a disparar contra el chofer. Fueron nueve balazos contra el hombre, que murió en el acto por más de 15 heridas en distintas partes del cuerpo. El pasajero se bajó del vehículo y escapó a las corridas junto al sicario.
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Al día siguiente se analizaron públicamente hipótesis complejas porque para entonces Figueroa había sido el tercer taxista asesinado en menos de un mes y ninguno de esos casos había ocurrido en ocasión de robo. Fue el titular del sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, el que ubicó a ese último crimen como "un mensaje mafioso" hacia el gobierno provincial. Algo que ese mismo día cuestionó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, argumentando que no había sustento para tal conjetura.
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Tras el crimen de Diego Alejandro Celentano, segundo taxista asesinado en 24 horas en Rosario, sus colegas cortaron la calle frente a la sede local de Gobernación.
El escenario se agravó la noche siguiente cuando otro taxista, Diego Alejandro Celentano, de 43 años, fue asesinado a tiros por un pasajero en Alvear y Garmendia. Pocas horas después los investigadores entendieron que ambos homicidios respondían a un mismo trasfondo: habían sido ejecutados con la misma arma y con balas que pertenecen a la Policía de Santa Fe. Mismo elemento con el que horas más tarde, ya el 7 de marzo, fue atacada a tiros la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino.
Un colectivero y un playero
Horas antes de esa balacera otro hecho había sacudido a la ciudad, que ya estaba conmocionada y atravesando un paro parcial de los taxistas. Marcos Daloia, de 39 años y colectivero, había sido atacado a tiros mientras conducía la línea K por Mendoza y Méjico. Dos días después, a la mañana del sábado 9 de marzo, en un puente de Circunvalación apareció una bandera con un mensaje que sirvió para darle contexto público a esa seguidilla de ataques: "Pullaro y Coccocioni: se metieron con nuestros hijos y familiares. Van a seguir muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes".
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Crímenes de trabajadores: la estación de servicios de Mendoza al 7600, donde fue asesinado Bruno Bussanich.
Virginia Benedetto
Horas después otro crimen pudo leerse como el cumplimiento de aquella advertencia. Cerca de las 23.30 Bruno Nicolás Bussanich, de 25 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba como playero en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600. El crimen fue registrado por las cámaras de vigilancia del local que captaron una imagen estremecedora: el autor del ataque fue un adolescente. En el lugar del hecho apareció otro mensaje que confirmaba una represalia de bandas criminales al gobierno provincial.
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Luego del crimen del playero se confirmó la muerte del chofer Marcos Daloia. Entonces la ciudad se paralizó y las calles de Rosario estuvieron prácticamente vacías durante el resto del fin de semana. Además de paros de colectiveros, taxistas y estaciones de servicios, la actividad gastronómica tuvo una notoria pausa que terminó de graficar a una ciudad sumida en el miedo.
La antesala de los crímenes
Para entender al menos una parte de esta historia es necesario repasar los meses previos. Rosario había terminado el 2023 con 258 homicidios luego de un 2022 con 288 crímenes, cifra que había superado la máxima registrada en 2013. Un fenómeno que, en parte, fue posible por una problemática institucional: el descontrol de las cárceles, desde donde además de asesinatos generalmente relacionados a la narcocriminalidad también se organizaban balaceras a instituciones y extorsiones a la población civil.
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Con ese marco el ahora gobernador Maximiliano Pullaro había encabezado la campaña para las elecciones de 2023 con la seguridad pública como uno de sus principales ejes. Una vez en el gobierno, con buena parte del equipo que lo había acompañado en su gestión como ministro de Seguridad en el período 2015 - 2019, puso en marcha un plan que requirió del acompañamiento de la legislatura para sancionar una batería de leyes. Entre ellas la ley de ejecución de penas para gestionar las cárceles con el programa de presos de altos perfil clasificados de acuerdo a su peligrosidad.
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Denuncian torturas en la cárcel de Piñero.
Con todo ese trasfondo desde comienzos de marzo de 2024 se dio una seria de hechos violentos que pusieron el foco en las cárceles provinciales. Primero, el sábado 2, un colectivo del Servicio Penitenciario que trasladaba agentes fue atacado a tiros en la zona de Circunvalación a la altura del barrio Rucci. Un cartel que acompañó el atentado pedía que "los presos de alto perfil" tengan "los mismos privilegios que los presos comunes". Ese mismo día se realizaron requisas en cárceles de la provincia, entre ellas la de Piñero, en la que están alojados varios referentes de bandas criminales. Luego de los operativos la Defensa Pública provincial presentó denuncias por torturas y apremios ilegales, lo que llevó a que meses después la Fiscalía imputara a ocho agentes penitenciarios.
El lunes siguiente un grupo de familiares de reclusos comenzó un acampe en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación. El 5 de marzo la respuesta desde el gobierno fue contundente: una publicación en redes sociales oficiales con fotos de presos con el torso desnudo y atados en fila, en una imagen que intentó emular el "estilo" del presidente de El Salvador Nayib Bukele. "Cada vez la van a pasar peor", concluía el mensaje difundido por el gobierno. Horas después el crimen del taxista Héctor Figueroa daría inicio a una seguidilla de asesinatos de trabajadores ajenos a ese y cualquier otro trasfondo criminal.
Las investigaciones
Hay ocho personas imputadas y detenidas por participar directamente en la saga de los cuatro homicidios, además de cuatro adolescentes involucrados que quedaron a disposición de la Justicia de Menores. Para los investigadores los hechos fueron orquestados por dos células criminales con sus mandos en prisión, una en la cárcel de Piñero y otra en una federal.
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La estructura con pie en la cárcel de Piñero, según los fiscales, estuvo dirigida por Alejandro "Chucky Monedita" Núñez, un recluso que cumple condena por homicidio y está acusado de liderar una asociación ilícita vinculada al comercio de drogas, aunque no tiene causas por delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Según esta hipótesis Núñez fue quien, por medio de su pareja Brenda "Cote" Pared, que cumplía prisión domiciliaria en una causa por drogas y lo había visitado en tres oportunidades entre febrero y comienzos de abril, envió ordenes al eslabón inferior conformado por jóvenes y menores de edad.
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Marcos Daloia, chofer de la línea K, fue baleado el jueves 7 de marzo a las 19 y murió tres días más tarde.
Foto: Celina Mutti Lovera.
La Justicia señaló a Axel Uriel Rodríguez, Gustavo Márquez, Joana Laura García, Macarena Muñoz, y su hermano de 17 años identificado como M.M como quienes se ocuparon de gestionar las directivas que Núñez hizo llegar desde la cárcel. En ese sentido se valieron de la participación de dos chicos de 15 años y uno de 16 para ejecutar los asesinatos de los dos taxistas y el ataque a la comisaría 15ª.
Sobre la otra célula, coordinada según los investigadores desde una cárcel federal, no hay precisión acerca del presunto instigador. Lo que sí establecieron los investigadores es que este grupo estuvo detrás de los asesinatos del colectivero Daloia, del playero Bussanich y de un ataque fallido contra otro chofer de colectivos. Sobre el crimen del playero se estableció que fue cometido por el menor DG, de 15 años, también señalado en la célula comandada por Chucky Monedita como autor de los homicidios de los taxistas.
Los autores materiales del crimen de Daloia, en tanto, fueron los últimos detenidos. Axel Herrera, de 19 años, se entregó en julio luego de que sus familiares lo reconocieran en un video difundido por la Fiscalía en el que solicitaban información sobre su paradero. La Justicia lo imputó como ejecutor del ataque, mientras que José Maturano, detenido en noviembre en Buenos Aires, fue imputado como conductor de la moto en la que se movieron para cometer el crimen.
