Este jueves las tropas de fuerzas federales enviadas por el gobierno nacional llegaron a Rosario para comenzar a patrullar en cuatro zonas identificadas como las más afectadas por la violencia urbana. La iniciativa surgió como respuesta a una semana atravesada por cuatro homicidios que según la principal hipótesis oficial tienen un mismo trasfondo: una represalia del crimen organizado como respuesta a las medidas restrictivas en cárceles de la provincia. Un recorrido por esos hechos, y las investigaciones en curso, da cuenta de uno de los momentos más complejos de la historia de la ciudad.
Nuevamente la situación de Rosario, signada por la violencia ligada al narcotráfico desde hace al menos 15 años como un fenómeno que ha ido en aumento con el paso del tiempo, quedó en el centro del debate público nacional. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei fueron los principales voceros de la preocupación extendida por la ola de hechos violentos que se vivió en la última semana. Pero fue todo el arco político el que mostró su apoyo a la provincia de Santa Fe, lo que se manifestó en un comunicado firmado por todos los gobernadores del país y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, también parece ir en este sentido la sorpresiva decisión del gobierno nacional de este jueves para que desde el lunes próximo entre en vigencia el sistema de juicio oral y público en la Justicia Federal de Rosario, donde tramitan causas de narcotráfico a mayor escala.
La principal hipótesis que barajan los gobernadores está relacionada a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y su Ministerio de Seguridad de endurecer las medidas restrictivas a los presos de la provincia, sobre todo aquellos considerados de alto perfil por su vinculación al crimen organizado. En ese sentido se puede detectar una línea cronológica reciente que sirve para entender el paso a paso de una de las semanas más difíciles que tocó atravesar a nivel local. Hechos que desencadenaros investigaciones que, más allá de algunas detenciones que no prosperaron, continúan sin tener avances concretos.
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El micro que trasladaba personal del Servicio Penitenciario a la cárcel de Piñero fue atacado en Santo Tomé.
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Como respuesta el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, anunció que inmediatamente se habían llevado a cabo requisas en la cárcel de Piñero. "Los presos que tenían visitas semanales ahora las tendrán quincenales y aquellos que tuviera causas adicionales tendrán sus visitas restringidas", explicó.
La protesta de los familiares
El lunes 4 de marzo un grupo de familiares de detenidos en la cárcel de Piñero comenzó un acampe en la plaza San Martín, frente a la sede local de gobernación. Denunciaron las condiciones de detención de los presos en ese penal, donde al comienzo de la gestión de Pullaro se realizaron varias requisas y traslados a pabellón de alto perfil para quienes se endureció el régimen de visitas y el acceso a alimentos por fuera del que brinda la institución.
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Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Norma Acosta indicó que en los pabellones de Piñero habían mezclados a internos que tienen conflictos entre sí. "Los encerraron para que pase un desastre como fue en 2005 en Coronda", dijo en relación a la masacre ocurrida en la otra cárcel provincial en la que fueron asesinados 14 reclusos por un conflicto interno. "No les están dando de comer como se debe y denuncian que los torturan y otros tormentos, no dejan entrar a los defensores ni públicos ni privados", explicó.
A lo Bukele
"Cada vez la van a pasar peor", fue la respuesta del ministro Cococcioni al día siguiente del inicio de la protesta de los familiares de presos. La declaración fue el corolario de una requisa que se difundió públicamente con videos y fotos con el estilo de las medidas tomadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Es decir que hicieron posar a los reclusos con el torso desnudo, las manos esposadas y sentados en el suelo uno detrás del otro.
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La medida fue difundida por redes sociales tanto por el Ministerio de Seguridad como por Cococcioni y Pullaro. "Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor", decía la publicación.
Los taxistas y la comisaría 15º
Horas después de la publicación del gobierno fue asesinado Héctor Raúl Figueroa en el taxi en el cual trabajaba. La víctima, de 43 años, había recogido a un pasajero en Uriburu y Oroño y se dirigió a Flammarión al 5100. Allí, una vez que apagó el motor, un individuo que apareció a pie se paró frente a su ventanilla y lo mató a balazos. El pasajero se bajó del vehículo y escapó junto al sicario.
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Crimen del taxista Diego Celentano: el auto quedó estacionado en la zona de Alvear y Garmendia.
La noche siguiente el taxista Diego Alejandro Celentano, de 33 años, fue asesinado a balazos por un pasajero en Alvear y Garmendia. En ambos crímenes los investigadores tuvieron en cuenta tres pistas en común: los dos habían sido cometidos con la misma arma y con balas que pertenecen a la Policía de Santa Fe, además ambos taxis corresponden a la misma firma y en ambas escenas se halló una zapatilla. Como consecuencia el gremio de taxistas decidió parar parcialmente sus actividades.
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Con la misma arma y municiones el jueves por la noche fue atacada a balazos la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino, una dependencia que ya había sido blanco de atentados en otras ocasiones.
El colectivero
Horas antes de la balacera a la comisaría 15ª había sido atacado a tiros Marcos Daloia, chofer de la línea K del transporte urbano. El hecho se produjo al mediodía del jueves en Mendoza y Méjico y la víctima quedó gravemente herido en la cabeza. A partir de ese ataque desde la UTA Rosario resolvieron realizar un paro por tiempo indeterminado.
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La medida se extendió luego de que el domingo al mediodía se confirmara la muerte de Daloia. El paro de colectivos se levantó el martes por la tarde, una vez finalizado el sepelio del que participaron los compañeros de la víctima.
Una sábana
El sábado 9 de marzo en un puente de Circunvalación a la altura de Ovidio Lagos apareció colgada una bandera con un mensaje alusivo al conflicto de fondo relacionado a la situación de los presos en cárceles provinciales.
"Pullaro y Coccocioni: se metieron con nuestros hijos y familiares. Van a seguir muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes", decía el trapo blanco. Una manera en la que los presuntos autores del mensaje se hicieron cargo de los homicidios que habían ocurrido horas antes.
El playero
La advertencia se cumplió horas más tarde, cuando cerca de las 23.30 del sábado fue asesinado Bruno Nicolás Bussanich. El joven de 25 años trabajaba en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600 cuando un sicario lo mató con un balazo en la cabeza. El crimen fue registrado por las cámaras de vigilancia de la zona que captaron el momento en el que el gatillero caminó por la playa de la estación, se metió en la oficina de la víctima y le pegó dos balazos a quemarropa. Luego escapó al trote hasta subir a un auto que más tarde fue hallado prendido fuego.
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Bruno Bussanich, el playero de 25 años asesinado el pasado sábado en una estación de servicios de Mendoza al 7600.
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En la escena del crimen se halló un papel con un extenso mensaje que refería a que no se trataba de una disputa entre bandas por el territorio sino contra el gobierno provincial. Lo curioso de este mensaje es que estaba firmado por una supuesta unión de presos ligados a distintas zonas (norte, sur y oeste) tal vez en referencia a los sectores de la ciudad con los que se identifica a distintas bandas criminales.
Ciudad paralizada y una balacera
Luego del crimen del playero, y conocido el fallecimiento del colectivero baleado días atrás, durante el domingo la ciudad se vio paralizada por el miedo. Entre los paros de transporte, taxistas y estaciones de servicio, las calles de Rosario se vieron vacías durante el resto del fin de semana. En tanto, un reducido grupo de personas se manifestó al atardecer en el Monumento a la Bandera.
Casi en paralelo a la manifestación se registró un nuevo hecho violento, en esta ocasión un ataque al Complejo Penitenciario Rosario de 27 de Febrero al 7800. La balacera ocurrió cerca de las 18.30 y el autor fue un hombre que llegó a pie y realizó al menos cinco disparos.
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El marco de terror que paralizó a la ciudad se extendió al ámbito de la educación con el cese de clases parcial entre el lunes y martes. Lo mismo ocurrió en relación a instituciones de salud pública como este jueves, donde los centros de salud cerraron por amenazas a un trabajador.
La investigación
A partir de estos hechos la fiscal regional María Eugeia Iribarren conformó un equipo de fiscales compuesto por Patricio Saldutti, Marisol Fabbro (Homicidios), Franco Carbone (Balaceras), Luis Schiappa Pietra (Delitos Complejos) y Fernando Dalmau (Investigación y Juicio) con el apoyo de Adrián Spelta (también Homicidios). A partir de distintos operativos ordenados por los funcionarios fueron detenidos unas veinte personas, de las cuales 12 serán imputados este viernes. Ninguno de ellos es el autor material de los disparos.
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El lunes por la noche el fiscal Spelta estuvo a cargo de una serie de allanamientos que se realizaron en la zona norte, por el cual resultaron detenidos dos sospechosos de participar del homicidio de Bruno Bussanich. Se trata de dos jóvenes al cual una denuncia los había identificado con La Banda de Los Menores, un grupo vinculado al narcomenudeo que estuvo detrás de varios crímenes. Sin embargo este jueves fueron liberados dado que no se confirmaron las sospechas en relación a su participación en el hecho.
