Cristian y Rodrigo Casañas firmaron un juicio abreviado a más de una década del asesinato de Nicolás Savani en el camping de Pérez
El homicidio ocurrió el 12 de abril de 2014.
La Justicia provincial dictó este lunes un nuevo fallo para dos acusados por un homicidio durante una asamblea en el camping del Sindicato de Camioneros. De esta manera se cerró la lista de condenas a los imputados por la muerte de Nicolás Savani en el marco de un violento enfrentamiento en Pérez.
La causa que se abrió a principios de 2014 tenía a seis personas acusadas, pero ninguna de ellas llegó a sentarse ante un tribunal para defenderse. En este último procedimiento abreviado, Cristian Casañas y Rodrigo Casañas acordaron una pena de 3 años de prisión condicional, al igual que tres de los cuatro coautores restantes. Sólo uno de ellos recibió una sanción de cumplimiento efectivo tras las rejas.
Además del asesinato del joven de 27 años, la resolución homologada por la jueza Valeria Pedrana determina la condena por las lesiones que sufrió Mauricio Savani. El hermano de la víctima fatal fue una de las cuatro personas heridas que sobrevivieron al tiroteo sobre una de las calles de acceso al predio del gremio.
Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el homicidio fue el desenlace de un plan para restringir el ingreso a la asamblea general ordinaria del sindicato en Pérez. La calle quedó bloqueada por camiones desde las 8.45 de la mañana del 12 de abril de 2014. Unas dos horas más tarde, otro grupo de afiliados llegó a bordo tres colectivos y no pudo entrar. Cuando volvían a pie hacia los ómnibus, les dispararon y respondieron a los tiros.
Los balazos terminaron con la vida de Nicolás Esteban Savani a la noche, mientras estaba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El muchacho sufrió una hemorragia masiva en la región toracoabdominal por el impacto de un proyectil.
>> Leer más: Exigen justicia por un joven asesinado en Pérez
Entre otros elementos, los fiscales pudieron reconstruir los preparativos de la asamblea mediante los videos de las cámaras de la planta de Transener, ubicada sobre avenida del Rosario, como se denomina la extensión de la ruta provincial 34S en Pérez. Con esas grabaciones identificaron a Ángel Marcos Acuña, Cristian Fabián Amarilla y Cristian David Ayala entre los afiliados que vestían remeras blancas con letras verdes.
El MPA constató que Cristian Gabriel Casañas intervino en la riña como parte del grupo que llegó más tarde a bordo de uno de los colectivos que circulaban por El Chajá. Estos últimos se acercaron a hablar en el cruce de calles y luego se alejaron. De acuerdo a la teoría de los investigadores, los organizadores del corte abrieron fuego en primer lugar y esto derivó en un enfrentamiento con armas de fuego.
El camping se convirtió en el telón de fondo de un tiroteo fatal. Savani falleció a las 21.30 en el Heca como consecuencia de este episodio. Más temprano, los afiliados vestidos de blanco volvieron al camping del sindicato para ocultar la evidencia.
Después del ataque en la sede del gremio que entonces conducía Marcelo Dainotto, los agresores ingresaron acompañados por Fernando Sebastián Machuca, otro de los condenados. Antes de hacerlo, guardaron las remeras que usaban los tiradores y los organizadores del corte en un Chevrolet Vectra. No obstante, las autoridades recuperaron la ropa cuando revisaron el baúl en el cacheo previo a la salida del predio.
La causa recién empezó a cerrarse después de una década de reclamos de la familia Savani. El conductor del coche firmó un juicio abreviado el primero de julio pasado junto con Acuña, Amarilla y Ayala. Todos aceptaron su responsabilidad penal como coautores de homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves en riña y portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Además ofrecieron una reparación económica para los hijos del joven asesinado y las demás personas heridas.
Cinco meses después, Cristian y Rodrigo Casañas aceptaron una condena a 3 años de prisión condicional con la misma calificación legal. Ambos tienen prohibido contactarse o acercarse a las víctimas, familiares o testigos durante ese período de tiempo. Además deben acreditar que empezaron a buscar trabajo o una capacitación laboral.
La única sentencia de cumplimiento efectivo en el marco de la investigación se dictó dentro del abreviado que homologó en julio la jueza María Trinidad Chiabrera. En aquella oportunidad, Ayala recibió una pena de 5 años de cárcel que incluye otras tres causas sobre asociación ilícita, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, lesiones leves dolosas y lesiones graves.
Por Pablo Mihal
Por Lucas Ameriso
Por Miguel Pisano