El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recibió esta tarde a la familia de Franco Casco, el joven bonaerense que en 2014 estuvo detenido en la comisaría 7ª de Rosario y luego de varios días de búsqueda fue hallado muerto en el río Paraná. El funcionario nacional les comunicó que volverá a asumir el rol de querellante en la causa por la cual hay 19 policías de la provincia que irán a juicio oral y público en diciembre próximo. Vale recordar que la Secretaría ya había asumido su rol de querellante y lo mantuvo hasta 2015 cuando la gestión del gobierno de Mauricio Macri decidió abandonarlo.
En un comunicado de prensa dado a conocer tras la reunión se indicó que durante la misma Pietragalla Corti expresó “el compromiso de la actual gestión con los familiares de víctimas de violencia policial y con las políticas que se están llevando adelante para formar con perspectiva de derechos humanos a las fuerzas de seguridad de todo el país”.
“Si bien la violencia institucional es transversal a todos los gobiernos, no todos reaccionamos igual. Este gobierno tiene un fuerte compromiso contra la violencia institucional y por eso acompañamos activamente los reclamos de verdad y justicia”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos que estuvo acompañado por el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.
Asimismo se confirmó que el 6 de diciembre próximo comenzará el juicio contra los 19 efectivos de la policía santafesina que están acusados por la desaparición forzosa de Casco, quien tenía 20 años cuando fue detenido, supuestamente asesinado y desaparecido.
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En diciembre de 2019 el juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido presentado por el fiscal Guillermo Lega, quien acusó a los agentes, en su mayoría pertenecientes a la comisaría 7ª de Cafferata al 300 en la cual la víctima estuvo detenida y fue vista con vida por última vez. Asimismo el representante del Ministerio Público Fiscal (MPA) acusó también a agentes de Asuntos Internos por ocultar a sus compañeros de la fuerza.
Según el fallo del juez, cuatro de los policías (Diego José Alvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco) serán juzgados como “coautores” de los delitos de “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima”. Otros siete agentes (César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greyner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha y Esteban Silva) afrontarán cargos como “coautores” pero solo por “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”; y seis (Elisabeth González Belkis, Franco Zorzoli, Rodolfo Murúa, Walter Ortiz, Romina Díaz y Ramón Juarez) como “partícipes secundarios” del mismo delito, detallaron las fuentes. Mientras que los dos restantes (Pablo Andrés Siscaro y Daniel Escobar) serán juzgados por el delito que castiga a quien “ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer” y “asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito”.
Por otra parte, fueron sobreseídos nueve policías por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima y otros tres por el delito de encubrimiento.
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Según se dio por acreditado en el expediente, el 6 de octubre de 2014 cerca de las 17.30 Casco partió de la casa de una tía en barrio Ludueña hacia la estación de trenes para regresar a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde residía con su familia. En cercanías de la estación Rosario Norte fue abordado por agentes de la seccional 7ª aunque por ahora se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el arresto.
La investigación permitió conocer que Casco fue trasladado a la seccional, donde fue aislado en un calabozo “pequeño, oscuro y mugroso” al que denominaban “La jaulita” porque allí encerraban a jóvenes que aprehendían por supuesta “averiguación de antecedentes”.
De acuerdo a los testimonios de presos alojados en esa comisaría, algunos de los cuales pudieron hablar con Casco, en determinado momento se escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio del joven. Luego de eso “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”, indicó el fiscal.
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La policía santafesina afirmó a familiares de Franco que el joven había sido aprehendido “por atentado y resistencia a la autoridad” ya que “estaba drogado, como perdido” y aseguró que luego fue liberado. Sin embargo Casco nunca llegó a la estación porteña de Retiro donde lo esperaba su madre, Elsa, y frente a las averiguaciones, “el personal registró su detención modificando sensiblemente sus datos personales, apellido, número de documento y domicilio” y le dio intervención al fiscal de turno “con la finalidad de darle sustento legal a un proceder totalmente irregular”.
El dictamen pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la comisaría, ya que de no haberlo hecho “nunca se hubiese descubierto que Casco había sido privado de su libertad”. Las maniobras de ocultamiento continuaron hasta que el 30 de octubre la Prefectura Naval encontró el cadáver de Franco flotando en el río Paraná.
La autopsia y demás pruebas permitieron establecer que el joven había sido asesinado antes de ser arrojado al río y que el tiempo de inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.
