La Fiscalía imputó este miércoles al asistente escolar por tres presuntos casos y le dictó prisión preventiva por 90 días. El Ministerio de Educación provincial intervino todo el equipo docente
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
El pasado 10 de junio hubo una protesta de padres y madres en el jardín y tuvo que intervenir la policía
El Jardín de Infantes Paulo Freire de Empalme Graneros, donde un asistente escolar fue señalado e imputado por presuntos abusos sexuales contra niños de entre 4 y 5 años, sigue sin reanudar su esquema de clases. Ahora, desde el Ministerio de Educación de Santa Fe detallaron que todas las docentes de la institución solicitaron licencia en el marco del difícil contexto. En cuanto a las denuncias, Fiscalía aseguró que en total son 14 hechos los que se investigan.
Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron a La Capital que las 10 docentes de la institución decidieron tomarse licencia por voluntad propia frente a la grave situación que atraviesa el jardín.
De las 14 denuncias que llegaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA), 3 ya le fueron imputadas a Rubén L., el asistente escolar a quien se le dictó prisión preventiva. Se están investigando 11 hechos más en estos momentos, señalaron desde Fiscalía.
"Tienen todo su derecho a tomarse licencia, ante la gravedad de la situación y la extrema violencia vivida en la institución", sostuvo la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la provincia, Daiana Gallo Ambrosis, sobre lo que pasó en el jardín de infantes el pasado 10 de junio.
En particular, Gallo Ambrosis señaló que la cartera procederá a llamar a nuevas docentes siguiendo el orden del escalafón oficial para cubrir las vacantes de forma inmediata. Por el momento, el jardín no reanudó las clases y todavía no hay una fecha precisa de retorno, ya que continúan las reuniones con las familias.
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Por otro lado, la cúpula directiva del jardín será reemplazada por la cartera, tras la intervención que se realizó en la institución. Según aseguraron desde el Ministerio de Educación, se tomó esta decisión para "preservar a todos", incluyendo al equipo docente que, según se menciona, "la pasaron muy mal".
"El equipo directivo nuevo ya está teniendo reuniones con las familias, junto con la delegada regional, la subsecretaria de nivel inicial y equipos socioeducativos para poder reanudar las clases", sostuvo la secretaria de Gestión Territorial Educativa.
Además, la funcionaria afirmó que, en este caso puntual, se buscaron reemplazos con "experiencia en cargos directivos" y con una "sensibilidad especial para el manejo del territorio con las familias".
En cuanto a la nueva directora, Gallo Ambrosis sostuvo que ya cuenta con trayectoria y que forma parte del equipo socieducativo, que trabaja sobre la vulneración de derechos, lo que aporta una "doble mirada" que es un "plus".
La Justicia dictó este miércoles la prisión preventiva efectiva del portero del jardín de infantes Nº 261 de barrio Empalme Graneros, imputado por delitos contra la integridad sexual de menores que asisten a la institución. Al momento hay tareas investigativas en curso y en reserva en relación a 11 denuncias ingresadas que se vinculan a Rubén L. por acciones similares dentro del mismo establecimiento educativo.
El portero, de 55 de años, fue detenido el pasado 10 de junio después de que un grupo de padres denunciara que sus hijos fueron víctimas de abuso. Mamás y papás se reunieron en la puerta del jardín e intentaron linchar al acusado, por lo que tuvo que intervenir la policía.
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La fiscal Antonela Valente, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, le atribuyó haber realizado acciones dentro del ámbito de los delitos contra la integridad sexual contra tres nenes menores de edad, de entre 4 y 5 años, a uno de ellos en reiteradas oportunidades. Asimismo, se le adjudicó haberlos amenazado para que los chicos no cuenten lo sucedido.
El juez de primera instancia Rafael Coria tuvo por formalizada la audiencia imputativa, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días con prórroga automática hasta la finalización de la audiencia preliminar si la Fiscalía presenta la acusación para elevar la causa a juicio oral antes que se cumpla dicho termino dispuesto.
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