El policía Diego Álvarez, quien fue jefe de la comisaría 7ª cuando en octubre de 2014 ocurrió la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, joven de 20 años que había sido demorado en esa dependencia, llegará con prisión preventiva al juicio oral previsto para diciembre próximo. Lo mismo sucederá con otros dos agentes para los cuales sus defensas habían pedido la libertad en las últimas semanas. Así, luego del rechazo confirmado por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, de un total de 18 policías que llegarán a juicio, 9 lo harán bajo distintas modalidades de prisión preventiva. Están acusados del delito de desaparición forzada seguida de muerte, algunos con el agravante de torturas y con pena en expectativa de prisión perpetua.
Entre fines de agosto y principios de septiembre, la defensa de tres policías procesados en el marco de la causa que investiga la desaparición y muerte de Franco Casco habían solicitado el cese de la prisión preventiva para sus defendidos. Es que llevan 4 años detenidos a la espera del juicio, lo que supone que se superaron los plazos establecidos por ley para las prisiones preventivas. En total ya llevan tres prórrogas confirmadas, teniendo en cuenta la última solicitada por el fiscal de la causa el 3 de septiembre pasado y confirmada por seis meses más.
Los defensores particulares del comisario Diego Álvarez, los policías César Acosta y Enrique Gianolla Rocha habían pedido el cese de la prisión preventiva con una serie de distintos argumentos. La defensora de Álvarez, por ejemplo, consideró que la prisión preventiva se había dictado basándose en parte del material probatorio, cuando todavía no se contaba con "material indubitable que determina que no hay delito" que fue incorporado a la causa tiempo después.
A saber, el procesamiento de los policías se hizo en base a la hipótesis de que el joven fue asesinado en la comisaría 7, que luego los policías ocultaron su cuerpo y entorpecieron tanto la búsqueda del joven como los primeros pasos de la investigación. Es decir, lo que cuadra con el delito de desaparición forzada seguida de muerte, en algunos casos con el agravante de aplicación de torturas. Para las defensas, en cambio, Franco Casco fue liberado en buen estado de salud.
Las defensas de los tres policías argumentaron que al encontrarse la etapa de instrucción cerrada la libertad de los imputados no implicaría entorpecimiento para la causa. En tanto, desde la Fiscalía habían considerado que en el juicio oral y público brindarán declaración una cantidad de "testigos de alta vulnerabilidad". En ese sentido respondieron los querellantes en representación del padre de la víctima: "No tendría razonabilidad la liberación de los imputados, que forman parte de la institución policial de la que podrían valerse para ponerlos en riesgo".
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En tanto desde el Tribunal indicaron que los policías, por pertenecer a la institución, cuentan con "las facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos". "Las personas procesadas pueden contar en la actualidad, dentro de la estructura policial a la que pertenecían, con la capacidad de entorpecer medidas probatorias que aún no se han llevado a cabo", dice la resolución del Tribunal. "Vale destacar que existen medidas de instrucción suplementaria que todavía no han sido diligenciadas y resta la producción probatoria en el marco de la audiencia de debate", agrega.
En ese sentido, el Tribunal también consideró el rol clave que tendrán algunos testigos durante el juicio. "El enjuiciamiento de personas acusadas por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, la declaración de los testigos en el juicio oral y público adquiere una connotación particular", explica.
El Tribunal rechazó los tres pedidos de cese de prisión preventiva, por lo cual son 9 los policías que no llegarán en libertad al juicio oral que tiene fecha de inicio el 6 de diciembre próximo. En total son 18 policías acusados por distintos grados de participación en la desaparición y muerte de Franco Casco.
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Visita, detención y muerte
A fines de septiembre de 2014 Franco Casco, de 20 años, llegó desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, a visitar a una tía y primos que viven en el barrio Empalme Graneros. Allí estuvo una semana hasta que el 6 de octubre avisó a sus padres que iba a volver, que tomaría el tren esa noche y que lo esperaran en la estación de Retiro al amanecer siguiente.
Su madre contó en distintas oportunidades que lo esperó en la estación pero Franco nunca llegó. Entonces comenzaron a buscarlo. Al llegar a Rosario su padre pasó por casualidad por la comisaría 7ª, ubicada en la zona de la Estación Rosario Norte. En esa dependencia policial le dijeron que su hijo había sido detenido por desacato pero que ya lo habían liberado. Pero Franco no apareció y el 30 de octubre su cadáver fue hallado en las aguas del río Paraná.
En la investigación declararon como testigos varias personas que habían estado detenidas en la comisaría la noche del 6 de octubre. Dijeron escuchar el ingreso de una persona que fue golpeada durante varias horas hasta que no se escuchó nada más. Los policías, en cambio, dijeron que Franco había sido detenido el 7 de octubre y no el 6.
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Al momento de confirmar el procesamiento de los policías que llegarán a juicio el juez Carlos Vera Barros indicó: "Puede inferirse que entre la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre de 2014, Franco Casco luego de haber sido aprehendido por personal de la comisaría 7ª de esta ciudad de Rosario, habría sido alojado en calidad de demorado en dicha seccional, en la que habría sido objeto de tormentos y otros tratos inhumanos y degradantes, posiblemente propiciados por funcionarios policiales de la citada dependencia, y a partir de los cuales pudo haberse producido el deceso del nombrado".
El juez también consideró la obstaculización de la búsqueda de paradero de la víctima. "Un accionar policial que impidió formalizar su búsqueda a través de la instrumentación de un procedimiento que presentaba una versión de los hechos con asiento en constancias documentales alcanzadas por un conjunto de graves irregularidades e inconsistencias que no permitieron constatar la existencia de los acontecimientos que a través de ellas se pretendía probar", explicó el juez.
"Sugieren la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición de Franco Ezequiel Casco, quien finalmente fue hallado sin vida flotando a la ribera del río Paraná, donde habría sido arrojado luego de fallecer, conductas éstas que en consecuencia resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte", agregó Vera Barros.
