Familiares y allegados de nueve policías detenidos en el marco de la causa que investiga la desaparición y muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014, volvieron a reclamar por el cese de la prisión preventiva. De un total de 19 efectivos que llegarán a juicio en diciembre próximo hay 9 que continúan en prisión preventiva, 5 en sedes penitenciarias y 4 con domiciliaria. "Se están vulnerando ampliamente sus derechos", sostuvieron los familiares que este viernes se reunieron frente a los Tribunales Federales.
Cerca de las 9 de la mañana de este viernes unas veinte personas se reunieron en Oroño al 900, frente a los Tribunales Federales. Eran familiares y amigos de 9 policías que continúan en prisión preventiva acusados de participar de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco.
El joven, de 23 años, había llegado a la ciudad desde Buenos Aires para visitar a familiares y una semana después, antes de emprender su regreso, fue detenido en la comisaría 7º. Ese fue el último lugar en el que se lo vio con vida. El juez federal Carlos Vera Barros y el tribunal de Cámara de Apelaciones confirmaron el procesamiento de 19 policías acusados de participar de la detención, muerte y desaparición forzada de Casco, cuyo cadáver apareció en el río Paraná 24 días después.
"Injusticia inmensa"
Los familiares de los policías sostienen que los acusados son inocentes y que si se llega a juicio con el total de pruebas ofrecidas por la defensa eso se comprobará a lo largo del debate. En ese sentido es que reclaman el cese de la prisión preventiva, que ya lleva dos prórrogas y el pedido de una tercera en curso. "La prisión preventiva es de dos años y el plazo máximo puede estirarse uno más. Esta última prórroga ya fue contraria a la ley y ahora el fiscal pidió un año más. Se están vulnerando ampliamente sus derechos", dijo Marina, esposa del policía César Acosta, que está detenido en el penal de Marcos Paz junto a otros tres efectivos.
"Son todos padres de familia. Mi hijo tenía 4 años cuando detuvieron a mi esposo. Hoy tiene 8, pasó la mitad de su vida sin su papá. Es una injusticia inmensa que esté sin su padre en casa por esta historia que se ha inventado", sostuvo la mujer. Para los allegados de los policías, durante la investigación no se esclareció qué fue realmente lo que sucedió con Franco Casco. "Somos los primeros que queremos saber qué fue lo que pasó con el chico", dijeron.
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"Estamos pidiendo la libertad inmediata de estas 9 personas. Hace 4 años que están detenidos con una prisión preventiva sin sentido, gente que no fue juzgada ni sentenciada", consideró Ana Álvarez, hermana de Diego Álvarez, quien era jefe de la comisaría 7 y está acusado por el delito de desaparición forzada seguida de muerte agravada por torturas. "Pedimos que continúen el proceso en libertad, que vayan a juicio y se presenten todas las pruebas, allí se verá, pero que mientras tanto liberen a nuestros familiares", pidió la mujer.
En ese sentido remarcó que "se está juzgando a la institución policial y no a 9 personas detenidas". Abundó: "Todo lo que se hace es para vapulear a la institución y no se ve que detrás hay personas que hacen su trabajo, que trabajan para la policía pero no son la institución".
Bajo la lupa de la CIDH
En junio pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) aceptó poner en estudio el trámite de la causa que investiga en la Justicia Federal de Rosario la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Fue ante un planteo de Diego Álvarez, ex jefe de la comisaría 7ª de Rosario, que está preso en la cárcel federal de la localidad bonaerense de Marcos Paz. Álvarez elevó su denuncia a la Cidh por vulneración de su libertad personal y del derecho a la presunción de inocencia.
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Lo que establece la ley es que el la prisión preventiva debe ser de dos años, pero que si la complejidad de la causa impide una sentencia en ese período se puede prorrogar un año más. En las dos prórrogas otorgadas por el Tribunal Oral Federal Nº 2 se argumenta que la prisión preventiva está fundamentada en la pena en expectativa, que es de reclusión perpetua, así como en la posibilidad de los acusados de fugarse.
