Franco Casco era oriundo de la provincia de Buenos Aires y tenía 20 años cuando fue detenido el 6 de octubre de 2014 en cercanías de la terminal de ómnibus y derivado a la seccional 7ª. Allí, según la investigación fiscal, fue golpeado y torturado. Nada más se supo de él hasta que 24 días más tarde su cuerpo apareció flotando en el río Paraná. Tras una larga disputa, el entonces defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, logró que el caso fuera tramitado en la Justicia Federal por considerarlo un caso de desaparición forzada de persona. Por estos días el expediente ya suma 50 cuerpos, cambió dos veces de fiscal y sigue su trámite de cara a un juicio oral al que llegarán acusados 18 policías de distintos rangos, diez de ellos en prisión.
Pasados siete años del trágico hecho, esos policías fueron notificados la última semana que su prisión preventiva sería prorrogada por otro nueve meses. Y la decisión enojó a todos. Entre ellos al ex comisario Diego Álvarez, quien fuera subjefe de la seccional al momento del episodio. En diálogo con La Capital, el ex oficial se mostró molesto por las demoras en las que incurre la Justicia y dijo que necesita saber “¿como será mi situación y hasta cuando demorarán el juicio?”
Álvarez está detenido junto a otros cuatro ex policías procesados por el caso Casco en la cárcel federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Otro cinco efectivos permanecen bajo arresto domiciliario y uno más está alojado en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El ex subjefe policial aseguró a este diario que “la carátula de nuestra causa, la de desaparición forzada de personas y torturas, es infame. Nosotros junto a la defenora Antonella Travesaro presentamos pruebas contundentes de que ese muchacho fue demorado en la seccional y así como ingresó salió. Presentamos un video donde se lo ve caminando por la calle el 8 de Octubre porque se fue de la seccional el día 7 a las 22.20, no estuvo allí durante la madrugada como se sostiene”.
El ex oficial argumentó que “desde la Justicia no nos contestan nada sobre nuestra detención y tampoco fundamentan por qué nos tienen en Marcos Paz y prorrogan nuestra detención. Siempre aducen que ante la inminencia del juicio prorrogan la prisión preventiva, pero hace 4 años y pico que estamos así. Con la nueva prórroga llegamos al 4 de diciembre, después seguramente habrá feria judicial y así seguimos sin tener una fecha cierta de juicio para demostrar nuestra verdad”.
Convencido de haber hecho “las cosas como se debían”, el ex policía se hace una pregunta desde el teléfono del pabellón carcelario: “¿Qué va a pasar si la Justicia acepta mi inocencia? No solo me arruinó la carrera dentro de la policía, sino también mi vida. Se han pasado la pelota de jueces a fiscales, incluso el fiscal que tomó la causa en un principio, al igual que la jueza, ya se jubilaron. Tendrá que aparecer un funcionario que agarre la causa y desenrolle este ovillo que la propia Justicia armó. Presentamos pruebas contundentes que avalan mi inocencia y la causa no avanza.”
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Por su parte la abogada penalista Antonella Travesaro, expresó que “el caso ya está elevado a juicio y se abrió la causa a prueba. Nosotros presentamos los expedientes pertinentes, ahora hay que esperar. Hace cuatro años y tres meses que esta gente está detenida. En el caso de Diego Álvarez fue detenido en 2017 y el tiempo que estuvo libre, entre 2014 cuando lo imputaron y 2017 cuando lo liberaron, no solo que siguió trabajando en su puesto sino que no huyó, no se ocultó de la Justicia, siempre estuvo a disposición y a derecho. Pero nada de eso fue considerado”, señaló la abogada.
La defensora planteó como alternativa presentar un recurso ante la Cámara de Casación, “pero el recurso puede tardar unos seis meses en prosperar. Los tiempos de la Justicia no son ágiles y en el caso que mi cliente salga en libertad va a coincidir con el término de la prórroga de la prisión preventiva que le dictaron”.
La expectativa de pena, según la evaluación del Código Penal que hace la abogada, es la de prisión perpetua. “El imputado no puede estar detenido más de dos años y una extraordinaria por un año más, jamás cuatro años, a menos que quieran en algún momento plantear un juicio abreviado y presionar con una pena menor. Pero mi defendido es inocente, entonces, ¿de qué manera vamos a aceptar esa presión?”. En ese sentido aclaró que “hasta hubo denuncias por falso testimonio en otros implicados en el caso.”
Detención arbitraria
El caso de Franco Casco comenzó, según la Fiscalía Federal, cuando el 6 de octubre de 2014 cerca de las 17.30 horas el muchacho que había llegado a la ciudad desde el Gran Buenos Aires para visitar a sus familiares partió desde la casa de su tía en Empalme Graneros hacia la estación de trenes Rosario Norte con el objetivo de regresar a su vivienda bonaerense. En cercanías de la estación fue abordado y apresado por agentes de la comisaría 7ª adonde lo trasladaron.
Allí, se sostiene en la acusación, fue aislado en un calabozo con condiciones de encierro ilegítimas —”pequeño, oscuro y mugroso”— que los policías conocían como “La jaulita”. Un lugar donde el personal de esa dependencia encerraba a los jóvenes que apresaba por averiguación de antecedentes.
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De acuerdo a la acusación, las maniobras de ocultamiento y negativa a brindar información sobre el paradero de Casco una vez que éste salió o fue sacado por los propios policías de la seccional de Cafferata al 300, continuaron en los días siguientes. Hasta que el 30 de octubre agentes de la Prefectura Naval Argentina encontraron el cuerpo sin vida del muchacho flotando detrás del Parque de España. Las autopsias y demás pruebas permitieron establecer que murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.
El requerimiento de elevación a juicio contiene una pormenorizada descripción y enumeración de las pruebas. Entre ellas, el Ministerio Público Fiscal “considera que se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona”.
Quiénes son
En mayo de 2018 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones Fernando Barbará, Aníbal Pineda y José Gallino elevaron a juicio la causa que investiga la desaparición forzada agravada y muerte de Franco Casco. Entonces dispuso que 18 policías lleguen al banquillo de los acusados con distintos grados de participación y otros 12 investigados recibieron la falta de mérito.
Entre quienes deberán dar respuestas ante el Tribunal está Diego José Álvarez, quien era subjefe de la 7ª y está acusado de “encubrimiento agravado por su condición de agente policial”. Por idéntica acusación pero en libertad irán al banquillo Augusto Escobar y Pablo Andrés Síscaro, quienes revestían en la seccional 7ª.
Asimismo el fallo confirmó el procesamiento como “partícipes secundarios de la desaparición forzada” del joven a los uniformados Franco Luciano Zarzoli, Rodonfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González y Walter Daniel Ortiz, quienes permanecen en libertad; en tanto que Fernándo Sebastián Blanco fue procesado como “coautor de privación ilegítima de la libertad” pero se le revocó la aplicación de tormentos, delito del cual había sido acusado en el procesamiento original del juez Carlos Vera Barros.
A su vez, también quedó confirmado el procesamiento por “coautores de desaparición forzada de persona agravada por muerte” a Cecilia Rut Elisabet Contino, Walter Benítez, César Daniel Acosta, Guilermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enríque Gianola Rocha y Esteban Silva.
