La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que dispuso la excarcelación de dos personas detenidas por integrar una banda dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes y que operaba desde el distrito costero de Alto Verde, frente a la ciudad de Santa Fe, liderada por el también apresado Sergio "El zurdo" Villarroel. Con el voto de los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma (en disidencia), el tribunal hizo lugar a los planteos de los fiscales federales Claudio Palacin y Javier De Luca, quienes habían solicitado la anulación de la medida que favorecía a Cristian Leonardo Gamarra, mano derecha del jefe del grupo; y Débora Vanina Flores, pareja de "El zurdo".
Gamarra y Flores están procesados en la causa junto al mismo Villarroel y Luis Alberto González. En la etapa de instrucción, el fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó que fueran llevados a juicio por integrar una banda que transportaba drogas desde las fronteras del país hasta la ciudad capital de la provincia para comercializarlas mediante una red.
Además, el fiscal señaló que los acusados obraban con cobertura policial y por ello fue apresado el ex oficial Gustavo Miguel Gribaldo, quien cayó el 27 de septiembre de 2016 en el marco de una investigación por narcotráfico desarrollada por el Juzgado Federal de Reconquista.
El 26 de diciembre del año pasado el juez de 1ª instancia Francisco Miño dictó el procesamiento para la banda de Villarroel por "comercialización de estupefacientes en forma organizada" y dictó la prisión preventiva de los cuatro detenidos. Sin embargo en marzo de este año esa resolución fue revocada parcialmente por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que dispuso la libertad de Gamarra (bajo una fianza de 25 mil pesos) y de Flores (por ser madre de tres niños y bajo una fianza de 50 mil pesos).
Ante ese escenario, el fiscal de Luca interpuso un recurso de casación en el que destacó que la Cámara "no tuvo en consideración la gravedad del hecho atribuido, la magnitud de la pena posible, las sospechas de vinculación de los imputados con integrantes de la policía provincial y la posibilidad de que la organización de la que habrían formado parte los acusados tuviese vínculos con personas de otros países".
Además, destacó que se "omitió considerar los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra el narcotráfico, lo que impone a los operadores del sistema merituar los eventuales riesgos procesales con prudencia y mesura".
Gamarra y Flores están procesados por comercio de estupefacientes en concurso real con tenencia con fines de comercialización, ambos agravados por la intervención de tres o más personas de forma organizada. Para los jueces de Casación, la pena en expectativa prevista permite "presumir que intentarán eludir la acción de la Justicia en caso de recuperar la libertad".
Datos obvios
Los magistrados remarcaron que en el entramado delictivo podría encontrarse vinculado personal policial, una cuestión que, advertida por los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Rosario los llevó a disponer que se profundice la investigación. Sin embargo, omitieron ponderar eso mismo al momento de analizar los riesgos procesales.
Casación también destacó la existencia de vínculos con el extranjero, y que esta misma cuestión no fue valorada como un dato que refuerza la presunción legal de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En el caso de Flores, quien habría oficiado como vendedora en la banda, es la pareja de Villarroel y la persona a cuyo nombre aparece la factura de electricidad de la casa de Alto Verde donde fue detenida. En dicho procedimiento, además de estupefacientes, se hallaron municiones. Por su parte, Gamarra era la persona en quien el organizador delegaba la compra de drogas para abastecer a los quioscos.
Por estos motivos, la Sala III decidió hacer lugar al recurso de casación, anular la resolución que dispuso la libertad de ambos imputados y ordenó su prisión preventiva.
La investigación en torno a "El zurdo" Villarroel surgió en 2014 bajo la conducción del fiscal Rodríguez pero quedó en stand by. Dos años después, el caso fue continuado por el fiscal subrogante Claudio Kishimoto, quien a través de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía provincial solicitó varios allanamientos para desbaratar la banda. Así, el 10 de diciembre del 2016 unos 200 policías de distintas fuerzas federales coparon Alto Verde y apresaron a "El zurdo" y los otros tres procesados.
En el marco de la pesquisa el fiscal Rodríguez le atribuyó a Villarroel el rol de "organizador del comercio" de estupefacientes, mientras que al resto de los detenidos el de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización con el agravante de intervención de tres o más personas. Según la acusación, Villarroel, dueño del canal de cable de Alto Verde y mecenas de un club de fútbol infantil de ese distrito, era el "responsable del armado y funcionamiento de una estructura planificada para conseguir estupefacientes e introducirlos en los engranajes distributivos con el objeto de lograr una considerable ganancia ulterior".
Fuentes de la investigación del caso coinciden en que el "circuito de «El zurdo» era uno de los más organizados y prolijos de la provincia". Su modalidad se basaba en una logística de venta y distribución que aseguraba que la droga era rápidamente distribuida desde los galpones o aguantaderos del principal implicado a distintos lugartenientes (sindicados como distribuidores) los cuales llevaban el material para la venta en los distintos territorios. En este sentido, los pesquisas sostienen que Villarroel traía la cocaína desde Bolivia y la marihuana de un cártel de Paraguay, ambas por vía terrestre.
allanada. La casa de Villarroel en Alto Verde, donde residía con su pareja.
