Una defraudación estimada en 2 millones de pesos que a lo largo de cinco años tuvo como víctimas al fisco y a por lo menos 54 pequeños comerciantes y empresarios de la ciudad. Ese ardid le imputaron ayer al falso contador detenido un día antes en su casa de Castellanos al 500, donde funcionaba la "Gestoría integral y estudio contable e impositivo Edgardo R.", tal el rótulo que encabezaba los recibos y documentos apócrifos secuestrados en un allanamiento a ese domicilio. Por ello la Justicia decidió que siga en prisión preventiva por 58 días.
El hombre, de 52 años, no figura inscripto en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y ayer admitió contar con "secundario completo" al brindar sus datos personales en el interrogatorio de rutina de la audiencia imputativa. Lo acusaron por una lista de delitos: usurpación de títulos y honores, falsificación material de documento privado, estafa y simulación dolosa de pago, todo agravado por el ánimo de lucro; además del abuso en el desempeño de una profesión de la que no tiene licencia.
La acusación fue desplegada por la fiscal de Delitos Complejos Valeria Haurigot, quien enumeró más de treinta puntos de evidencias que van desde comprobantes, denuncias de clientes, el testimonio de un empleado (ver aparte), movimientos bancarios, escuchas telefónicas y el detalle de numerosos viajes al exterior en aviones y en cruceros realizados por R. en los últimos cinco años. Un estilo de vida que al decir de la fiscal no se corresponde con su declaración impositiva ni su registración de actividad ante la Afip, donde figura como apicultor.
R. escuchó la larga acusación con un gesto displicente y de a ratos cubriéndose parte del rostro con una mano, sentado junto a los abogados defensores Carlos Varela y Adrián Martínez. Mónica Lamperti, la jueza que presidió la audiencia, dispuso que permanezca detenido por 58 días. No hizo lugar a los planteos alternativos de la defensa, como la libertad bajo fianza. Y ordenó el inmediato traslado del acusado al Instituto Médico Legal para que se constate si padece alguna enfermedad que requiera tratamiento y si puede permanecer en una institución penitenciaria con enfermería.
Cómo actuaba
De acuerdo con la atribución fiscal, en su carácter de falso contador Edgardo R. estaba a cargo de la contabilidad de diferentes comerciantes y pequeños empresarios. En ese rol, liquidaba los impuestos de sus clientes, les indicaba cuánto debían abonar y recibía el pago para cancelar esas deudas. Pero en el caso del impuesto a los Ingresos Brutos que debía pagar en la Administración Provincial de Impuestos (API), en lugar de abonar esas sumas, se quedaba con el dinero y lograba que sus clientes figuraran con saldo cero mediante la registración de supuestas retenciones por parte de un agente que era siempre el mismo, Liderma SA.
Ésto lo hacía en declaraciones juradas donde constaban retenciones por un monto idéntico al que debía abonar en materia de impuestos, suma que él percibía de sus clientes. Haurigot presentó ante la jueza una lista de 53 comerciantes damnificados mediante esta modalidad por montos de 4 mil a 80 mil pesos cada uno. A ellos se suma el caso de Leonardo O., un ferretero que advirtió que algo no andaba bien y denunció a su contador el año pasado.
Engañado
El comerciante, dueño de un local en pleno centro, reveló que contactó a Edgardo R. hace diez años para que le lleve adelante la contabilidad del negocio. Durante esos años le entregó el dinero para el pago del Monotributo e Ingresos Brutos hasta que comenzó a recibir intimaciones e inspecciones de la API por la falta de pago de algunos impuestos. Entonces contactó a otra contadora y advirtió así que R. falsificaba los comprobantes. Tras ello debió pactar un plan de pago de 114.200 pesos para remontar la deuda.
Así, se detectó que en lugar de inscribirlo en la Afip como comerciante, el gestor anotó a Leonardo O. como apicultor. No sólo él: lo mismo ocurrió con sus tres hermanos, que también habían contratado los servicios contables de R. De este modo, dijo Haurigot, como esta actividad no tributa Ganancias se limitaba a pagar los aportes jubilatorios y la obra social y se quedaba con la diferencia.
Así, en total, el fraude ascendió a unos 2 millones de pesos. La suma puede aumentar porque en allanamientos a la oficina de R. surgió una cartera de clientes de 142 personas y 88 casos aún no fueron analizados. También se encontraron allí 2.100 declaraciones juradas "ardidosas" sobre Ingresos Brutos, maniobras que serían inexistentes. A eso se suman escuchas en las que el acusado se refiere a su falsa actividad de contador. "¿Cómo le va? Edgardo R. le habla, el contador de su esposo", dice en un diálogo. Y entre la evidencia figuran recibos de pago de Monotributo que serían apócrifos.
Finalmente, la fiscal indicó que el gestor es dueño del inmueble de calle Castellanos, un porcentaje de otro en el macrocentro, un Ford EcoSport y dos utilitarios Renault Kangoo comprados un mismo día de 2011. Manejaba tarjetas de crédito de dos entidades bancarias en las que estaba registrado como contador, en una, y como licenciado en administración, en otra. Y entre 2012 y 2017 viajó 22 veces al exterior (República Dominicana, Perú, Sudáfrica, España, Brasil, Colombia, Francia, Estados Unidos, México, Panamá, Turquía, Gran Bretaña e Italia).
