Junto a su socio, el intendente del club, tenían una empresa que se presume presionaba a la entidad para prestar algunos servicios
Por Claudio Berón
Foto: Archivo Gustavo de los Ríos / La Capital
Nuevo imputado por el crimen de Pillín Bracamonte, más de 25 años jefe de la barra de Central.
A un mes del crimen de quien fuera líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés Pillín Bracamonte, la Justicia investiga si él y su socio, el intendente del club, Sergio Quiroga, cometieron administración fraudulenta contra la entidad de Arroyito y la extorsionaban para quedarse con los contratos de la prestación de algunos servicios
En ese marco, el jueves pasado una brigada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó oficinas que se encuentran en el estadio de Central y secuestró 18 millones de pesos y 4 mil dólares. El fiscal Miguel Moreno detalló que "se allanó la Intendencia del club y la casa de Quiroga" y puso de relieve que "la fiscalía posee elementos que acreditan que Quiroga cometió administración fraudulenta contra el club y como socio de Bracamonte ejercía presiones para lograr contratos con el club. No esperábamos encontrar ese dinero y esperaremos a ver si las autoridades del club dan una explicación sobre el dinero o estaba ahí en una situación ilegal“, puntualizó.
Horas después del allanamiento, desde la Comisión Directiva del club se emitió un comunicado oficial. "En virtud de los hechos ocurridos en el día de la fecha y que fueron de amplia difusión, el Club Atlético Rosario Central informa a sus asociados que este jueves 5 de diciembre, en el marco de la investigación de la causa caratulada como lavado de activos agravada, investigación penal preparatoria a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, que se inició en abril de 2020 e involucra a Andrés Bracamonte y otros, y que no tiene vinculación directa con el club, se realizó un allanamiento específicamente en la oficina de Intendencia, por lo cual el Club Atlético Rosario Central se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para brindar cualquier tipo de información que requiera dicho organismo".
La sociedad entre Pillín y Quiroga se plasmó oficialmente en 2019, cuando ambos crearon la empresa Ruffino SAS.
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Pero la empresa, al parecer, venía floja de papeles, ya que en junio de 2020 ya se había allanado el domicilio de la firma en el contexto de otros 17 allanamientos que en ese momento justificaron la investigación.
Según el estatuto de la sociedad, Ruffino SAS fue constituida el 26 de julio de 2019 y, paradójicamente, el domicilio legal está registrado en Coronel Fernández al 1000 b, en inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito. Quiroga fue designado administrador titular y representante legal de la sociedad, y Bracamonte era el administrador suplente. El capital social inicial declarado fue de 30 mil pesos.
La empresa fue declarada como una sociedad que, por cuenta propia y de terceros o asociada a terceros, está capacitada para realizar las siguientes actividades: fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación al por mayor y menor de indumentaria de ropa deportiva, calzados, prendas y accesorios de vestir.
Además se dedica a la "construcción, reformas y reparación de edificios residenciales y no residenciales, incluyendo viviendas unifamiliares, multifamiliares, departamentos, albergues, restaurantes, bares, bancos, oficinas y locales comerciales e instituciones deportivas". También presta "servicio de organización de convenciones, exposiciones comerciales, festivales, espectáculos, shows, galas, ceremonias y desfiles, incluyendo eventos culturales y deportivos".
Durante la investigación del patrimonio de Pillín, la Fiscalía constató que en la sede fiscal de la firma no había datos sobre la empresa, pero si los hubo en la oficina de Quiroga. En tanto, el 87 por ciento de las ventas en el semestre que iba desde septiembre de 2019 a febrero 2020 fueron hechas al club de Arroyito por 805.690 pesos.
En ese orden, el fiscal Moreno detalló que la empresa de Bracamonte y Quiroga era "un emprendimiento empresario sólo en lo formal, que aparecía prestando servicios a Central y en rigor sólo obtenía dinero a cambio de nada”.
En el contexto de la causa Bracamonte estuvo preso cinco meses en 2020 hasta que recuperó la libertad bajo una fianza de tres millones de pesos. El expediente fue iniciado por el fiscal de delitos económicos, quien investigó los negocios que, a su entender, Bracamonte pretendía ocultar con el armado de al menos cuatro empresas de servicios que tenía al club Rosario Central entre sus clientes.
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En junio de 2020 Moreno imputó a Bracamonte en función de dos instancias. Una eran las maniobras que le endilgaba para blanquear el patrimonio que le atribuye haber forjado como líder de la barra brava y la otra, de la cual tenía más indicios que pruebas concretas, tenía que ver con la manera en la que Pillín había ganado ese dinero.
En tal sentido, aludía a negocios que suelen atribuirles a las barras, desde el cobro de estacionamiento cerca del estadio los días que hay espectáculos hasta una participación de las ganancias por ventas de futbolistas.
En diciembre de 2023 Bracamonte volvió a ser detenido por requerimiento de Moreno, esta vez junto a Vergara, secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Las maniobras atribuidas consistían en ofrecer, para que la operatoria tuviera un carácter formal, un “libre deuda” desde las sedes gremiales de la Uocra de Villa Constitución y San Lorenzo con el cual el contratista era autorizado a ingresar a trabajar, por ejemplo en plantas del cordón industrial. Para que cerrara la maniobra, según la acusación, las empresas también eran presionadas para que les exigieran a los contratistas el “libre deuda” como requisito para trabajar en sus predios.
Por Fermín Sanchez Duque
