Se vivió como la final que era. Cuando la jueza Valeria Pedrana dictó la prisión preventiva por el plazo de ley, Andrés “Pillín” Bracamonte agachó la cabeza como si sufriera una derrota de Rosario Central. Junto a él, sus abogados defensores, Carlos Varela y Adrián Martínez, apretaron los dientes como el que pudo haber ganado el partido pero no se le dio. Y el fiscal Miguel Moreno lanzó un suspiro y cerró los ojos. “Pillin” Bracamonte, el dueño del paravalanchas canalla durante dos décadas, permanecerá detenido al menos dos años mientras es investigado por el lavado de activos provenientes de un accionar ilícito que construyó a partir de es liderazgo en la barra de Arroyito. La hipótesis fiscal se sustentó en amenazas, intimidaciones y extorsiones que le permitieron al acusado generar un espacio de poder del cual se valió para generar un negocio ilícito por algo más de 38 millones de pesos. “Pillin” fue el primer imputado en la investigación que lleva adelante el fiscal Moreno ya que “todo el entramado de sociedades confluye en él”, según anunció el propio funcionario dando a entender que con el barra no termina la historia.
El lavado de activos es un delito difícil de condenar en la Argentina. Tanto es así que desde junio de 2011, cuando entró en vigencia la ley 26.683, sólo se concretaron en distintos tribunales del país sólo 14 condenas. Mucho de lo que sucedió en las seis horas que duró la audiencia imputativa en la que se acusó a “Pillín” (empezó la tarde del jueves y tras un cuarto intermedió concluyó el mediodía de ayer) giró en torno al contenido de esa ley y al artículo 303 del Código Penal que pena el lavado de activos.
Según la Fiscalía, a partir de las cuatro empresas que bajo un manto de legalidad escondían el accionar delictivo de “Pillín” (dos de ellas conformadas el año pasado) ahora quedaron bajo la lupa de la investigación Natalia Salas, ex pareja del barra; el hijo de ambos, de 20 años; el representante de futbolistas Juan Carlos Silvetti, echado de Rosario Central en 2007 por la gestión de Horacio Usandizaga; y Sergio Quiroga, intendente del Gigante de Arroyito. “Todos serán imputados en la causa”, adelantó el fiscal sin decir cuándo y con qué pruebas.
“Rosario Central es la materia prima del enriquecimiento de Bracamonte. Esto ha generado inconvenientes para la institución porque el capital que integra el patrimonio de las personas allegadas y las empresas de las que Bracamonte es socio está construido en función de perjudicar al club”, dijo el fiscal Moreno tras finalizar la audiencia.
Cuestión de fueros
Como en un partido de Copa, o en el guión de una serie policial, la primera parte de la audiencia quedó en suspenso a partir del planteo de la defensa de “Pillin” para que la jueza resolviera si la Justicia provincial era competente para investigar el lavado de activos. Así quedó planteado la noche del jueves, después de que el fiscal Moreno desarrollara su acusación y la defensa pidiera que sea la Justicia federal la encargada de seguir el expediente.
Pedrana podría haberse excusado y que el legajo pasara al Tribunal Federal, o admitir su competencia y que la audiencia siguiera. A las 9 de ayer la jueza adoptó la segunda actitud y sostuvo la competencia provincial. Acto seguido el fiscal Moreno solicitó la prisión preventiva para Bracamonte por el plazo de ley, es decir dos años, la más dura de las cautelares que preve el Código Procesal Penal de la provincia.
Cada una de las partes tuvo su momento. El fiscal Moreno se valió de notas periodísticas (fundamentalmente de La Capital) para pintar los últimos 18 años de “Pillin” como jefe de la barra para fundr el contexto de un delito precedente al lavado de activos. Un hecho que la defensa no dejó pasar. “Judicializó el periodismo”, dijo Varela.
Caja de Pandora
Moreno explicó que la causa que mantendrá tras la rejas a “Pillín” comenzó el 8 de abril pasado cuando efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanaron su casa en el country Los Álamos de Ybarlucea investigando una asociación ilícita que cometía extorsiones, usurpaciones y homicidios (entre ellos el del policía Cristian Ibarra). Ese día los pesquisas se dieron cuenta que “Pillín” no era parte de esa asociación, pero secuestraron 2,5 millones de pesos en efectivo. Y cuando Bracamonte intentó recuperar ese efectivo abrió una caja de Pandora que exhibió sus vínculos con cuatro empresas: Vanefra SRL (originada en abril de 2017); Ser-Eco SRL (junio de 2018); Ruffino SAS (registrada en junio de 2019); y Kabrasi SRL (que actúa desde septiembre de 2019).
En Ruffino SAS “Pillín” es socio de Silvetti, y en Kabrasi SRL lo es Quiroga, el intendente del Gigante de Arroyito. La primera de las firmas tuvo un solo cliente desde su apertura en junio del año pasado al que le facturó el 87% de sus ingresos por la venta de vasos, bombillas e indumentaria deportiva. “No existe un solo papel que indique dónde compró la mercadería para vendérsela al club Rosario Central o los insumos para fabricar esa mercadería”, dijo Moreno. Kabrasi SRL, en tanto, no tuvo movimientos. Sobre Ser-Eco SRL el fiscal argumentó que alquilaba baños químicos y portátiles. Pero “en los allanamientos realizados en esa empresa encontramos de todo, menos baños químicos”, indicó. Y Vanefra SRL es una empresa de limpieza. “Son empresas cuyos domicilios no pudieron ser constatados. Fuimos buscando empresas y nos topamos con una concesionaria de autos, un gimnasio y un salón de baile”, indicó el fiscal.
Otro elemento mencionado por el fiscal es que en el allanamiento a la casa de “Pillín” se encontró un cheque por 660 mil pesos, uno de los diez que Central le había entregado al representante de jugadores Juan Andrés Bilicich por la venta del defensor Gastón Ávila a Boca Juniors. “Que ese cheque esté en la casa de Bracamonte pocos días antes de su cobro es para nosotros una prueba clara de que está vinculado a ese negocio”, recalcó Moreno.
El fiscal detalló que Bracamonte tiene en su haber dos denuncias por amenazas y violencia doméstica de 2019 “por las que será imputado en breve” y una condena cumplida a dos años de prisión de 2009 por la que estuvo ocho meses detenido.
Asimismo, el fiscal indicó que la pena en expectativa por el delito de lavado de activos va desde los 4 años y 3 meses hasta los 13 años y 6 meses de prisión. Y agregó: “Bracamonte se presenta como empresario pero es el jefe de barra brava de Central”.
Contrataque
El tiempo de la defensa de “Pillín” tuvo dos momentos. Primero, agresivo hacia el fiscal y el encuadre del delito imputado. En ese momento Carlos Varela acusó al fiscal de tener “voracidad punitiva”, de “mezclar el derecho con el periodismo”, de ser “confuso y desprolijo”, de “pretender vulnerar garantías individuales” y presentar una acusación de “baja densidad jurídica”.
Bracamonte “va a la cancha y el fiscal también”, dijo el abogado. Y cuestionó la aplicación del articulo 303 del Código Penal y la ley 26.683. “Parece que el fiscal se dedica a hacerle bullying a Bracamonte. Habla sobre él sarcásticamente. Dice que no es un empresario sino un barra. Eso no es acusar, es ser despectivo, ramplón. Busca un golpe mediático porque el fiscal se mueve bien en ese ámbito”, dijo Varela. El planteo de la defensa es que los delitos en los que se basa la acusación habían ocurrido antes de la implementación de la ley de lavado.
En el segundo momento la defensa mostró cierto fastidio por "tener que explicar lo inexplicable". Adrián Martínez refutó el planteo sobre la posibilidad de que una morigeración de prisión para su cliente sería un escollo para la investigación. "Bracamonte siempre estuvo a derecho. Inclusive vino a este Centro de Justicia Penal el 10 de junio y se reunió con el fiscal Moreno para pedir sus efectos personales secuestrados el 8 de abril cuando le allanaron su casa en Ybarlucea y él estaba allí durmiendo. El 22 de junio lo volvieron a allanar y otra vez estaba en su casa durmiendo, con su actual pareja y su hijo. Pero el fiscal dice que no sabe dónde vive Bracamonte", dijo el abogado. También hizo hincapié en que la documentación que "Pillín" presentó ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) no fue objetada por los peritos de Fiscalía.
"Algo que pedimos porque hay que hacerlo", dijo Martínez, es ofrecer alternativas a la prisión preventiva. Y propusieron una fianza de un millón de pesos, que sus abogados fueran garantes de que no se fugue o el arresto domiciliario con tobillera. Nada fue aceptado por la Fiscalía que sostuvo que "dejar en libertad a Bracamonte podría entorpecer el avance de la investigación o derivar en su fuga".
Palabra final
A las 11.45 la jueza Valeria Pedrana comenzó a resolver un expediente complejo por la investigación en sí y por el simbolismo del hombre sentado en el banquillo, tal cual lo dijo su abogado el jueves: "No queremos ventajas ni parcialidad, sólo que se aplique la ley y se tenga en cuenta que por múltiples factores mi cliente está preso y que uno de esos factores es su nombre. Si no se llamara Andrés Bracamonte ni siquiera estaría detenido, lo dijo el mismo fiscal al explicar que hay otras personas sospechadas en la causa y sin embargo él es el único que esta preso, lo que demuestra intencionalidad".
Tras una hora, la magistrada desestimó el pedido de inconstitucionalidad del artículo 303 planteado por la defensa; lo mismo hizo con un planteo de atipicidad propuesto por la defensa. Y se preguntó: ¿Por qué solamente es Bracamonte el imputado? "Porque es el núcleo del mapa de las maniobras que se le atribuyen. Es el nexo entre todos. Con ayuda de otros realizó maniobras que evidencian lavado de activos, un delito complejo debido a cómo se hace para concretarlo. Las evidencias presentadas por el fiscal son suficientes para esta etapa de la investigación", dijo la jueza antes de dictar la prisión preventiva de "Pillín".
