Los estatutos están para cumplirse. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Pero, hay una diferencia entre el deber ser y el sentido común. Si hubo una irregularidad en la sesión de fines de julio que convocaba a la asamblea para designar a la comisión electoral, parece nimia en comparación al acuerdo alcanzado por todas las agrupaciones para conformarla un mes después, y facilitar la fecha del 30 de octubre como el día de las elecciones en Central.
Este consenso debería valer mucho más que aquella formalidad, porque el perjuicio que causa es desmesurado en relación a la supuesta falta cometida. Llama poderosamente la atención que Inspección General de Personas Jurídicas, un mes después de la asamblea solicite documentación y enseguida diga que aquel primer paso, el anterior a la misma, no vale. ¿Y en el intermedio entre la sesión y la asamblea, nadie advirtió nada?
Parecería que se buscó el pelo en el huevo e inevitablemente esta resolución de la IGPJ generó sospechas y fuego cruzado que probablemente rompa con aquel delicado consenso, logrado después de varias reuniones y discusiones, hay que decir.
Las elecciones en Central se empiojaron, de eso no quedan dudas, y por supuesto la pregunta obvia es, ¿a quién o quiénes beneficia? Cuesta creer que al oficialismo, porque el error denunciado hace ver desprolija su gestión y, más allá de que le sería deseable un presente deportivo mejor, nadie vería con buenos ojos una dilación adrede. Tampoco le conviene a la oposición por eso mismo, al menos para los candidatos ya constituidos que tienen todo listo para ir a la votación. El acuerdo logrado para conformar la comisión electoral probablemente se dinamitó, la escalada verbal que ya comenzó puede abrir heridas difíciles de sanar. Hay preguntas aún sin respuestas de los protagonistas, como si la resolución de la IGPJ puede o no apelarse, revertirse.
Pero en esta dilación impensada, y al decir de todos sorpresiva, y que solo podría ser subsanada con sentido común, queda claro cuál es el gran perdedor: Central.