Sostenimiento al culto católico

¿Por qué motivo debe el Estado financiar a la Iglesia católica? Existen razones históricas, jurídicas y sociales que explican el actual sistema de financiamiento estatal al culto católico, lo que no obsta a que tal sistema pueda modificarse, o incluso sustituirse por otro distinto, para bien del Estado y de la Iglesia.

Entre las razones por las que existe una partida presupuestaria destinada a la Iglesia destaca el texto del artículo 2º de la Constitución Nacional que dice: "El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", norma que introducida en 1853 no fue modificada en la última reforma de 1994. La Ley Fundamental no establece una religión oficial o de Estado, ni tampoco expresa que lo que se sostiene sea la Iglesia como institución, sino el "culto" católico. Es una fórmula confusa que ha generado no pocas divergencias interpretativas.

Historiadores y constitucionalistas no se han puesto completamente de acuerdo respecto de los motivos que llevaron a incluir un texto como el antes citado en la Carta magna. Pero sobre lo que no existe mayor discusión es en reconocer que la Iglesia fue privada, tanto en la época colonial como con posterioridad a 1810, de bienes materiales y recursos en cantidades que son imposibles de tasar en la actualidad, pero que distan de ser exiguas.

De acuerdo con lo anterior, el actual aporte estatal al culto católico tendría, pues, antecedentes históricos a modo de reparación, en cuotas anuales, por la confiscación de bienes operada en épocas anteriores a la Constitución de 1853. Esa tesis fue impulsada, entre otros, por Enrique Udaondo, quien en 1949, justo en momentos en que se reformaba el texto constitucional, calculó en varios millones de pesos el valor de las propiedades expropiadas a la Iglesia.

Este aspecto del tema reconoce dos hitos históricos. El primero de ellos tuvo lugar cuando por orden del rey Carlos III la orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas, fueron expulsados del Virreinato del Río de la Plata y sus cuantiosos bienes fueron transferidos a la Junta de Temporalidades para su administración. Los bienes confiscados a los jesuitas incluían estancias de enorme extensión y cuantiosas cabezas de ganado, como así también inmuebles que podríamos considerar urbanos, entre los que se encuentran la emblemática Manzana de las Luces, en pleno centro porteño, y áreas de lo que hoy son los barrios de Chacarita y Colegiales, en la Capital Federal. La mayor parte de esas propiedades fueron luego vendidas, subvaluadas, a particulares y sólo en una ínfima proporción tuvieron por destino lo que podríamos llamar la ayuda social, por ejemplo a través de la Hermandad de la Santa Caridad, dedicada a asistir a niños huérfanos.

El segundo hito confiscatorio de bienes de la Iglesia tuvo lugar a instancias de Bernardino Rivadavia, ministro del gobernador Martín Rodríguez, en 1823. Rivadavia echó mano a las propiedades de la Iglesia como parte de lo que se conoció como "secularización del clero" que se tradujo no sólo en el paso a las arcas estatales de cuantiosos recursos materiales sino en la práctica asimilación de la Iglesia al Estado, en una incómoda confusión de roles para ambas instituciones.

Sin perjuicio de lo anterior, no es menos cierto lo que al respecto opinan autores como Juan Navarro Floria, que considera que el Presupuesto estatal para el culto católico obedece también a que entonces el Estado ejercía las prerrogativas propias del llamado patronato nacional, es decir, intervenía en cuestiones internas de la vida de la Iglesia, por ejemplo, proponiendo obispos y arzobispos, o autorizaba la publicación de documentos procedentes de la Santa Sede. A ese sistema se le puso fin de común acuerdo mediante el Concordato firmado en 1966, tras el Concilio Vaticano II y en sintonía con sus enseñanzas fundamentales.

Resulta suficientemente claro que el sostenimiento estatal al culto católico se justifica tanto a modo de compensación parcial por las expropiaciones hechas de los bienes eclesiásticos, como en reconocimiento especial a una institución presente desde los primeros años de la conquista, presencia que ni siquiera el Estado nacional tuvo sino hasta bien entrado el siglo XIX. Ahora bien, las circunstancias han cambiado, sea por el lado de la composición religiosa del pueblo argentino como por la mirada que acerca de la relación recíproca que entre Estado e Iglesia se considera que debe existir.

La supresión completa del patronato nacional garantiza un marco jurídico de completa autonomía institucional entre Iglesia y Estado, independencia que no supone indiferencia ni hostilidad mutuas, sino reconocimiento, respeto y cooperación en pos del bien común. Sin embargo, cabe aclarar para deslindar los temas, que esta autonomía recíproca de dos realidades distintas no tiene relación, en lo que a su financiamiento refiere, con un sistema de laicidad estatal, como se verá con algunos ejemplos.

Veamos someramente cómo han solucionado algunos países, principalmente europeos, este tema. En Alemania la Iglesia católica y las iglesias luteranas se financian con un impuesto que el Estado recauda de los fieles que pertenecen a dichas comunidades. En España y otros países, la Iglesia se sostiene en base a la decisión de cada contribuyente fiscal. En efecto, en base a sistemas fiscales en los que el seguimiento personalizado de cada contribuyente es exhaustivo y eficaz, éstos pueden optar con un solo tilde en el formulario respectivo, si desean voluntariamente que parte de los impuestos que de otra manera irían al Estado, vayan al sostenimiento económico de la Iglesia. En Irlanda, cuya Constitución invoca a la Santísima Trinidad, no hay financiación estatal de la Iglesia. Algo parecido sucede en EEUU, país ícono de la separación entre Iglesia y Estado, pero que sin embargo reconoce la fuerte impronta religiosa de la mayoría de su población ("En Dios confiamos", dicen los billetes de dólar). En los países escandinavos rige el sistema de religión o iglesia de Estado, es decir que los gastos de las distintas iglesias luteranas se pagan con los impuestos de todos los contribuyentes.

Quizás un sistema como el español constituya un desafío, pero supondría enormes ventajas para la Iglesia. Empezando por no deberle nada a nadie y solventarse económicamente sola, gracias al aporte de sus propios fieles o incluso de contribuyentes que sin ser católicos le podrían derivar sus aportes voluntarios, como de hecho ocurre, en reconocimiento a sus emprendimientos sociales, por ejemplo las obras de Cáritas.

La convivencia en una comunidad nacional supone algunos sacrificios. A algunas personas no les apetece que sus impuestos se deriven para sostener a la Iglesia. Pero a otros puede no gustarles que esos mismos impuestos vayan a solventar, como lo hacen, estructuras partidarias (incluso a partidos políticos en las antípodas de los gustos del contribuyente) o eventos deportivos o culturales de dudoso buen gusto. El presupuesto estatal de sostenimiento a la Iglesia representa un monto anual que rara vez supera un porcentaje mínimo de los gastos de la institución. Quizás sea tiempo de realizar una acción pedagógica puertas adentro para generar conciencia sobre el sostenimiento del propio culto, algo que ya ha comenzado hace algunos años pero cuyos frutos aún no están maduros.

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