Se sabía que el modelo Uber llegaría tarde o temprano a Rosario y generaría polémica, como en otras ciudades. Pensamos que las contiendas judiciales iban a darse del lado de los taxistas, quienes podrían verlo como una ofensiva contra el monopolio de licencias, que son limitadas. Y digo modelo Uber porque en realidad el nombre de la empresa es anecdótico, puede ser cualquier empresa con ese formato.
Sin embargo, fue la propia Intendencia quien frente al desembarco de Uber tomó una posición activa iniciando una medida autosatisfactiva ante la justicia, peticionando la eliminación o suspensión de la actividad. El juez rechazó la demanda in limine (sin correr traslado) por considerar que la administración municipal goza de poder de policía para dictar actos administrativos y medidas que considere apropiadas.
Frente a esto, la Intendencia toma otro camino y actúa secuestrando los vehículos, manifestando que la actividad es ilegal. ¿Es esto así? El contrato privado de transporte oneroso es una actividad lícita, contemplada por el artículo 1280 del Código Civil y Comercial y protegida por el artículo 14 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita pero sobre todo por el artículo 19 que creo que bien vale la pena recordar: “… Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe…”
Lo destaco porque en estos tiempos abundan las prohibiciones y parece que hay que pedir permiso para todo cuando la regla es al revés: se puede hacer todo lo que no está prohibido. Toda regulación limitante debe cumplir con el principio de razonabilidad y tener en miras un valor superior o bienestar general. Muchas veces se confunde no regulado con prohibido como sucedió en su momento con la multa a She Taxi porque una conductora usaba un barbijo con el nombre de la aplicación. Que la norma no la contemple no significa que sea ilegal.
La Intendencia, al ver que es una actividad lícita no regulada, la prohíbe. Dentro del mensaje del Proyecto de Código de Convivencia sanciona la actividad que se practique mediante el despacho de viajes a través o sirviéndose de aplicaciones móviles, redes sociales o cualquier medio digital de alcance o uso masivo. Prohíbe en lugar de regular, tomando un camino distinto al ya esbozado por tribunales de otras jurisdicciones como en Córdoba donde resuelve que es una actividad privada no regulada, no es un servicio público y que la municipalidad no puede prohibir de facto una actividad lícita, ya que se encuentran en juego derechos humanos fundamentales y toda reglamentación en el marco del poder de policía municipal tiene límites.
¿Pero entonces por qué un estado municipal que ha probado ser ineficiente a la hora intervenir en la oferta de servicios de taxis y remises insiste en prohibir? Son de público conocimiento las falencias: la imposibilidad de conseguir vehículos en fechas clave, de noche, en días de lluvia, en los barrios, las quejas de los usuarios. La respuesta está en la mirada que se tenga de la posición del Estado frente a la sociedad: si no puedo resolverlo, lo prohíbo.
Mi postura es diferente. Creo que estas empresas de economía colaborativa nos plantean un desafío regulatorio y no debemos forzarlas a encuadrar en ordenanzas creadas cuando ni podían imaginar estas tecnologías, respetando la libertad de trabajar sin que se vea menoscabada por extremas y fáciles normas prohibitivas. Es una oportunidad para regular dentro de la competencia municipal este nuevo modelo de gestión del servicio y lograr la coexistencia de ambos y un desenvolvimiento pacífico. La solución no es prohibir, la solución es enfrentar el desafío y encontrar una salida para beneficio de los ciudadanos que serán finalmente quienes decidan qué transporte quieren utilizar.
Por Redaccion Comercial
