Cuando Jair Bolsonaro se trenzó con Emmanuel Macron por la ayuda económica del G7 para aplacar los incendios y la deforestación de la Amazonia invocó la soberanía. La soberanía sobre una fuente imprescindible de oxígeno, colosal sumidero de dióxido de carbono, que impacta en las corrientes oceánicas y en el clima mundial. La selva amazónica, compartida por Brasil y otros ocho países, perdió más de un 20 por ciento de su terreno en las últimas seis décadas. Sólo en agosto hubo unos 31.000 focos de incendio, casi el triple que en el mismo mes de 2018. Arrasaron una superficie equivalente a 4,2 millones canchas de fútbol.
Bolsonaro apeló al orgullo nacional frente a la alarma mundial. Culpó de los incendios a las organizaciones no gubernamentales, amonestó a su par de Francia por haber tratado a Brasil como "una colonia o una tierra de nadie" y, tras meses de humo, prohibió temporalmente las quemas a agricultores, ganaderos, madereros, mineros y petroleros. Nada nuevo, pues cada año arrasan miles de hectáreas. Las de 2019 superaron las previsiones y despertaron una gran sensibilidad global ante los desastres ambientales. Esos que niega Donald Trump y que, de no ser por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, también negaría Bolsonaro.
La flexibilidad de Bolsonaro frente a la devastación de la Amazonia guarda relación con el apoyo electoral de sectores vinculados con la explotación primaria. Motivo de fricciones con los gobiernos de Alemania y Noruega, además del francés. Durante sus primeros ocho meses de gobierno, las quemas aumentaron un 80 por ciento respeto de igual período del año anterior. "Nuestra casa está en llamas", alertó Macron. ¿Nuestra casa? El derecho internacional es ambiguo. Le otorga a Brasil tanto la autoridad para la explotación de la tierra como la responsabilidad de no perjudicar a otros países. A todos.
El Acuerdo de París de 2015, del cual emigró Estados Unidos, supone el compromiso de más de 190 países de evitar el agotamiento de los acuíferos y la pérdida de biodiversidad y de fertilidad de las tierras en amplias regiones del planeta como consecuencia del efecto combinado del cambio climático y la extensión de la agricultura y la ganadería intensivas. Entre 1970 y 2014, seis de cada 10 vertebrados terrestres desaparecieron de la faz de la Tierra. La cantidad de especies animales y vegetales en peligro no deja de crecer mientras el uso de carburantes fósiles en la producción y la movilidad acelera el calentamiento global.
Así como ardió la Amazonia en Brasil y en Bolivia, también estuvieron envueltos en llamas Angola, el sur de la República Democrática del Congo, Zambia, Mozambique y Madagascar. Una tradición ancestral, que se repite cada año, para mejorar la agricultura, el pastoreo y la caza. Los incendios batieron récords en Siberia, Alaska, el norte de Canadá y Groenlandia. El cambio climático, causante de sequías y éxodos, está provocando guerras tribales en Mali, Nigeria, la República Centroafricana y Burkina Faso, entre otros países de África.
Las zonas protegidas apenas alcanzan el 15 por ciento del globo. Entre ellas, la selva tropical más extensa del mundo y sus territorios indígenas, pero en el 68 por ciento de su superficie campean proyectos de infraestructura y planes de inversión tanto en Brasil y Bolivia como en Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, según la Red Amazónica de Información Socioambiental. Lo de la Amazonia lejos está de ser un asunto brasileño, como aduce Bolsonaro, así como las emisiones contaminantes de China, Estados Unidos, India y Rusia. El fuego devora en segundos aquello que tarda uno o dos siglos en renacer. Si renace.
